TRABAJADORES. Más restricciones para salir a trabajar: ¿se puede hacer cuarentena sin sustento?

La medida fue anunciada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Se trata de una modificación a las autorizaciones que se otorgan a los trabajadores que viven y/o desempeñan funciones laborales en comunas con cuarentena preventiva. El cambio implementará un permiso único, se obtendrá a través de Comisaría Virtual, tendrá una vigencia de 7 días y comenzará su marcha blanca la próxima semana.

"Eso va a facilitar, en coordinación con el SII, verificar que quienes están obteniendo estos permisos para trabajar efectivamente, trabajan en la empresa que señalan y que esa empresa es de un rubro esencial y permite que la fiscalización sea mucho más fácil porque el permiso va a ser uno solo", señaló Martorell.

La autoridad también señaló que Carabineros reforzará y aumentará los controles y las fiscalizaciones de vehículos que circulen por las comunas bajo cuarentena.

Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta semana el flujo solo había disminuido un 30%. Con esta medida apuntan a doblar este porcentaje.

Morir por Covid-19, por hambre o violencia policial

El anuncio de nuevas restricciones para autorizaciones de trabajo en cuarentena intensifica el debate sobre la efectividad de las medidas preventivas de contagio como el distanciamiento social, porque mientras no se detienen sectores no esenciales, el control policial de las cuarentenas no solo han demostrado ser insuficientes, el país ha alcanzado los primeros lugares de cifras mundiales de contagios. Por otra parte, pone en evidencia que muchos trabajos que se realizan en las condiciones más precarias e informales resultan esenciales en estos tiempos de crisis sanitaria.

El gobierno no anuncia medidas concretas para combatir las raíces del problema: el trabajo informal, la precarización que empuja a miles a aceptar seguir trabajando en las condiciones inseguras que les imponen los patrones, la falta de abastecimiento por la escalada de despidos y suspensiones, las pensiones de hambre. Más bien, su política enfoca las catastróficas cifras de contagios en la responsabilidad individual de las personas que deben salir a buscar sustento, criminalizándolas.

No combaten el origen del problema porque ellos son la casta de políticos corruptos que generaron esas condiciones y las bases para que diez grupos económicos conserven un modelo de acumulación de riquezas que nos ubica encabezando la lista de países con más desigualdad del mundo. Así lo demuestran los estudios del Banco Mundial, donde establecen que en Chile el 1% de las personas de mayores ingresos concentran el 33% de los ingresos totales del país.

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Sin embargo, las personas que están en la primera línea del combate contra la crisis sanitaria, en labores reproductivas o de cuidado, en áreas estratégicas como en salud, alimentación, educación y limpieza, en los barrios más precarios, o aquellas que han salido a protestar por hambre o contra la falta de insumos en sus lugares de trabajo, son las personas que estarán expuestas a una fiscalización hecha por Carabineros, institución que tiene las manos manchadas de sangre de trabajadores, de pobres.

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La existencia de miles de víctimas de violencia policial a partir del estallido social en Chile, como la trabajadora a la que le fueron mutilados ambos ojos por un ataque de Carabineros, Fabiola Campillai, o el reciente asesinato del afro estadounidense George Floyd, un hombre desempleado producto de la pandemia en Estados Unidos, nos plantea que los esfuerzos por parte de estos gobiernos empresariales de derecha, en el manejo de la crisis sanitaria, se basa en la represión policial, porque buscan ventajas para una guerra más antigua que la pandemia, la lucha de clases sociales.

¿Quién pagará la crisis sanitaria y la recesión económica? No está todo dicho

Las protestas en EE.UU y también en México por un trabajador que fue detenido por circular sin mascarilla y luego resultó muerto, ponen de manifiesto que la cuarentena militarizada para prevenir los contagios no solo ha sido ineficiente para el manejo de la crisis sanitaria, tampoco es garantía de que el régimen haya logrado el control de las calles para implementar su plan para hacer pagar a la clase trabajadora los costos de las crisis sanitaria y la recesión económica.

Por eso el gobierno en Chile, busca un nuevo Acuerdo Nacional, que le salve la vida al él y al régimen político, como lo fue el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, que con la promesa de un plebiscito a la medida de los responsables políticos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, la oposición desinfló las convocatorias a huelga general, después de mostrar la potencia que tuvo la jornada del 12 noviembre.

Pero despuntan ejemplos de resistencia contra los despidos, de organización popular como las ollas comunes, de lucha contra la falta de insumos en los hospitales, así como la juventud que se alza en EE.UU contra el racismo levanta la bandera Mapuche que también se alzó en la plaza de la dignidad. Mantienen plena vigencia las demandas de octubre, de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y fuera Piñera, porque la crisis la deberían pagarla los capitalistas que la generaron. El acceso a pan, salud y trabajo dependerá la alianza entre trabajadores, pobladores y desocupados.

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