Tras conocerse las condenas por la Masacre de Once, cuyo mayor peso recayó en parte de los funcionarios y empresarios acusados gracias a la lucha de sobrevivientes y familiares, el tribunal rechazó el pedido de detención inmediata de Ricardo Jaime. Más repercusiones.
Verónica Zaldívar @verodivar
Jueves 31 de diciembre de 2015
Al cierre de esta edición habían pasado menos de 48 horas desde que se dieran a conocer las condenas en el juicio por la llamada “Tragedia de Once”, que más que tragedia fue un crimen social ya que se provocaron decenas de muertes a sabiendas de las posibles consecuencias de mantener la infraestructura ferroviaria en pésimas condiciones, mientras se realizaban formidables negocios en base a subsidios millonarios y tercerización de servicios, todo un entramado planeado y ejecutado por la tríada criminal compuesta por funcionarios públicos, empresarios del transporte y dirigentes sindicales corruptos.
Las sensaciones y opiniones de quienes protagonizaron una incansable lucha desde 2012 para lograr estas condenas van desde la conformidad con los fallos hasta la indignación por considerar que los responsables de todos estos asesinatos y secuelas en centenares de personas debían pagar un precio mucho más alto que las condenas recibidas. Una de las sobrevivientes al choque del Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento en la estación de Once lo explicaba con claridad: le dan muchos más años de cárcel al que roba cualquier cosa que a los funcionarios que en ejercicio vil de su función y a costa de recibir prebendas beneficiaron a las empresas que operaban el ferrocarril y no realizaron controles que hubieran salvado vidas. Las cárceles están llenas de pobres que sufren por años las peores condiciones de detención y vejaciones, mientras empresarios como los Cirigliano siguen en libertad, habiendo recibido condenas de un máximo de 9 años en uno de los casos, y siendo absuelto incluso uno de los hermanos que formaba parte de la sociedad.
Cabe preguntarse por qué, al haber un reconocimiento de la trama entre empresarios, funcionarios y burocracia sindical que desató el desastre, se condenó al maquinista. Esto es considerado una injusticia por los trabajadores ferroviarios y el propio Marcos Córdoba, quien decía en una entrevista que brindó a Tiempo Argentino: “Pensé que iba a ser absuelto porque soy inocente. Hice todo lo posible: frené el equipo y el equipo no respondió. Si hubiese estado todo bien, ¿por qué el equipo no frenó? ¿Por qué no frenó, cuando yo frené a una distancia prudencial? Mucho ánimo no tengo. Digo lo que siento, lo que me parece injusto. (…) Lo que no se me va a borrar nunca más son los gritos de la gente, los estallidos, cuando cortaban los fierros. La herida superficial se va, pero la que te queda siempre es la que tenés en el corazón y en la cabeza. Eso no te lo borra nadie”.
Las penas para los empresarios fueron de 9 años para Sergio Cirigliano y 5 para su primo Roque, mientras su hermano Claudio fue absuelto. Otros directivos de TBA recibieron penas que van de los 8 a los 3 años. Entre los funcionarios las penas más altas correspondieron a Ricardo Jaime con 6 años y Juan Pablo Schiavi con 8; ambos son exsecretarios de Transporte de los Kirchner, y en el caso de Jaime se encuentra procesado por recibir favores de los empresarios a los que debía controlar, entre ellos los Cirigliano. Estos continuaron beneficiándose de la política de subsidios propiciada por los Kirchner aun después de ocurrida la masacre de Once, ya que están entre los empresarios que más poder concentran en el sector de transporte automotor, como propietarios de numerosas líneas de colectivos que realizan recorridos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de otras de media y larga distancia, siendo la empresa más grande el Grupo Plaza.
El tribunal anunció que los fundamentos de las condenas se darán a conocer recién en marzo, y los condenados quedarán en libertad hasta que aquellas queden firmes. Esto incluye a Jaime, cuyo pedido de aprehensión inmediata por parte del fiscal de la causa fue rechazado. Se teme que dado el poder y amistades con gran influencia cosechadas por el exsecretario durante su gestión pueda escapar fácilmente para radicarse en el exterior. El gran impune, como no se cansan de repetir el sector de familiares y sobrevivientes que vienen denunciando incansablemente la complicidad gubernamental en el estado de los ferrocarriles y las muertes, es el exministro todopoderoso Julio De Vido. Hasta ahora no estuvo en el banquillo de los acusados, pero otra novedad esta semana es que el Tribunal Oral n° 2 pidió que se lo investigue.
