En mayo de 1987 tres policías mataron a tres jóvenes en esa localidad de Lomas de Zamora. Zimerman fue uno de los abogados que participó activamente de esa causa.
Martes 9 de mayo de 2017
Tenía un viejo Renault 12, le tiraron una bomba incendiaria y cuando los periodistas le preguntaron cuál fue su reacción ante el atentado, dijo con su voz pausada y bajita: “siempre quise tener un Renault Fuego”.
Así encaraba León “Toto” Zimerman, quien junto a Ciro Annicchiarico fue uno de los abogados de las víctimas de la masacre de Budge, la confrontación contra el aparato estatal.
El 8 de mayo de 1987 tres policías, entre ellos Juan Ramón Balmaceda, mataron a tres muchachos que tomaban cerveza en una esquina, la de Guaminí y Figueredo. Agustín Olivera, de 26 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24.
Era el atardecer, hubo testigos, y a pesar de que los uniformados pretendieron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento plantando armas a las víctimas, no pudieron impedir que este abogado de larga tradición en los derechos humanos pusiera patas para arriba el expediente.
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Zimerman murió dos meses antes del aniversario número 20 de la masacre. Siempre adjudicaba el crédito a otros. Según él, fueron los propios familiares y vecinos los que se organizaron para dejar de lado el miedo y movilizarse, fueron ellos los que lograron que no se consagre la impunidad.
Toto había sido militante del Partido Comunista, diputado provincial de Izquierda Unida, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, uno de los fundadores de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y cofundador -junto a Alfredo Bravo y muchos otros- de la Ctera. Tuvo activa participación en la Multisectorial Chau Pozo, que logró el cierre del centro clandestino de detención de la dictadura conocido como el Pozo de Banfield.
Recuerda Sergio “Cherko” Smietniansky, abogado de Cadep (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) que la masacre de Budge no fue el primer caso de gatillo fácil, pero sí fue la primera vez que todo un barrio se organizó para pelear contra esa política represiva.
“Si bien Toto tenía una larga militancia anterior a ese 8 de mayo de 1987, sin lugar a dudas cuando junto a Ciro Annicchiarico asumió la representación de los familiares de las víctimas de la masacre, se produjo un antes y un después en su vida política. De allí surgió la expresión ’gatillo fácil’.
Rodolfo Walsh había escrito sobre la Policía Bonaerense: ’Es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley; la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata’. Zimerman tomó ese concepto y lo reformuló como ’gatillo fácil’, una expresión que con los años se instaló y se convirtió en un argentinismo para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad del Estado”, escribe Smietniansky en su nota de homenaje para la agencia Auno.
“Toto empezó a plantear que el asesinato en manos de la Policía de esos tres pibes pobres que estaban tomando cerveza en una esquina cualquiera de un conurbano profundo y a la vez lindante con la gran Capital, también era una violación a los derechos humanos. En ese entonces muy pocos lo entendieron ya que no se tenía muy en claro el rol que el sistema les adjudicaba a los ‘excluidos’. Con el paso de los años, y muy especialmente luego del estallido de 2001, muchos comprendieron que Toto se había adelantado unos cuantos años”, agrega el letrado.
“Fue quien me enseñó en aquellos primeros años, cuando yo andaba con mi hijo Nicolás en la panza que justo cumple pronto 30 años, que en cualquier situación judicial había que estar preparado tanto si salía bien como si salía mal, para encararla desde la discusión política, porque jueces y fiscales forman parte de ese entramado estatal. No son terceros imparciales, claramente están alineados a favor de los acusados de los hechos represivos”, recuerda la abogada María del Carmen Verdú, también fundadora de Correpi.
“Nos enseñó que no toda derrota en lo judicial impide capitalizar enormemente en la organización popular, como sucedió durante todos los años que hubo que esperar en el caso Budge hasta que llegó la sentencia, que finalmente fue malísima. Once años de prisión, la posterior profugación de los policías, la pelea para encontrarlos y encarcelarlos a cuentagotas, hasta que en 2006 cayó el último, nos sirvió para lo que se venía en los años siguientes con Bulacio”, agrega Verdú.
En plena campaña de búsqueda de los policías prófugos responsables de la Masacre de Budge, Zimerman le dio a Smietniansky una copia en VHS de la película-documental “Budge pregunta y seguirá preguntando”, filmada en 1988. Durante años circuló por las actividades que se hicieron para ubicar a los fugados.
“Si la Masacre de Budge es entre tantas otras cosas sinónimo de lucha por la justicia, pues entonces subiendo este material a Youtube estamos haciendo otro pequeño acto de justicia”, pone el abogado en una red social para que los más jóvenes conozcan esta historia, que sigue más que vigente.
