La “Masacre de Laja” se conoce a la matanza de 19 trabajadores que fueron asesinados el 18 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado cívico-militar, a manos de un grupo de carabineros y más tarde sus restos fueron inhumados en un fundo para intentar ocultar los hechos.
Lunes 14 de septiembre de 2020
En diversas investigaciones y reportajes, ha quedado claro el rol que la empresa CMPC, del grupo Matte, tuvo en el Golpe Militar. No solo de apoyo, sino involucrada directamente en crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Así, han aparecido nuevos antecedentes que dan cuenta de esto. Un informe de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción propuso condenar como cómplice en la llamada Matanza de Laja San Rosendo del año 1973, a un civil vinculado a la empresa.
En un primer fallo, el tribunal de alzada absolvió a 4 funcionarios de las CMPC en la causa por violación de derechos humanos, entre ellos Pedro Jarpa Forester, la persona implicada en este informe. Sólo fueron condenados los policías que participaron en la Masacre pero no los “civiles” cómplices. Pero incluso los policías fueron condenados como “cómplices” no como “co-autores” como pedían los organismos de Derechos Humanos y familiares de los asesinados: obreros, campesinos y militantes de izquierda.
Sin embargo, este informe de la fiscalía judicial echa por tierra la teoría que civiles no participaron.
La “Masacre de Laja” se conoce a la matanza de 19 trabajadores que fueron asesinados el 18 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado cívico-militar, a manos de un grupo de carabineros y más tarde sus restos fueron inhumados en un fundo para intentar ocultar los hechos.
Samuel Vidal, uno de los carabineros implicados en el caso, señaló algo que muchas personas ya habían denunciado: la complicidad de empresarios y civiles en la represión. En el testimonio de Vidal, contó como las personas cercanas a la Unidad Popular y militancia de izquierda fueron detenidos y posteriormente fusilados para ser arrojados más tarde a una fosa común. Parte de los nombres fueron entregados por empresarios de la zona, entre ellos del grupo Matte.
El teniente a cargo era Alberto Fernández Michell, también estaban los suboficiales Evaristo Garcés Rubilar y Pedro Rodríguez Ceballos. Entre los detenidos había un grupo de trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte, quiénes fueron entregados por encargados de la planta y el jefe de personal, entre ellos Carlos Ferrer y Humberto Garrido.
Los detenidos durante esos días fueron Juan de Dios Villarroel, Jack Gutiérrez (MAPU), Heraldo Muñoz (PS), Federico Riquelme; Alfonso Macaya (regidor), Wilson Muñoz y Fernando Grandón, trabajadores de CMPC; Luis Alberto Araneda, trabajador de Ferrocarriles y dirigente sindical, también militante del PS; Juan Antonio Acuña, Dirigente de Ferrocarriles, Dagoberto Garfias de 23 años, Mario Jara de 21 años y Raúl Urra de 23 años, trabajadores de CMPC; Jorge Zorrilla de 25 años y Jorge Lamana, que era director del Sindicato Industrial de la CPCM Manuel Becerra del MIR, Luis Armando Ulloa (PC). Además fueron llevados detenidos Juan Carlos Jara de 17 años y Rubén Campos, quien dirigía una escuela.
Más tarde fueron llevados a un fundo, guiados por Peter Wilkens y fusilados. Según informa Samuel Vidal, fueron amenazados de compartir la suerte de los detenidos en caso de hablar. Pocos días después fue detenido Luis Saez, también del MAPU y asesinado, cerca del lugar.
En la misma época, agricultores locales avisaron a la justicia de que encontraron restos de cuerpos, sin embargo no se hizo nada, lo que permitió a carabineros remover los cuerpos y trasladarlos al cementerio. Desde el año 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos buscó reabrir la causa.
