Este martes se conocieron el alegato del fiscal federal Fernando Arrigo y el pedido de condena que presentó para cada uno de los imputados en la causa por la masacre ferroviaria de Once de febrero de 2012, que provocó la muerte de 52 personas y cientos de heridos.
Augusto Dorado @AugustoDorado
Jueves 1ro de octubre de 2015 00:00
Las conclusiones del fiscal cerraron la fase de alegatos en el juicio. La clave es que sale a la luz lo inocultable, que los funcionarios del Gobierno y los empresarios de TBA que tenían la concesión de la línea Sarmiento, son los responsables del choque del tren “chapa 16” contra los paragolpes en mal estado de la Estación Once que provocó tantas muertes obreras. Las condenas solicitadas por el fiscal ubican en primer lugar de importancia a los ex Secretarios de Transporte Ricardo Jaime con 11 años de prisión y Juan Pablo Schiavi con 10 años y 10 meses, a los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa TBA más de 10 años (en ambos casos) y para funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el ente estatal que debía controlar a la empresa TBA.
Es decir, todas las vías condujeron a la responsabilidad de empresa y Estado que ante una masacre previsible “no hicieron nada para detenerla”, como concluye el alegato. En tanto Julio De Vido, Ministro de Planificación durante todo el gobierno K y jefe directo de Jaime, Schiavi y de la CNRT no quedó imputado, pero cayó sobre él un pedido de situación procesal por los intentos frustrados de poner en marcha al “Gran Capitán” y al “Tren de los Pueblos Libres”.
Mientras tanto, De Vido salía este miércoles por cadena nacional en el lanzamiento del satélite Arsat 2 a la vez que, desde La Guyana, sitio del lanzamiento, expresaba que "Hitos como el lanzamiento del Arsat-2 son logros de una década de planificación". Aunque esta planificación estuvo ausente durante la “década ganada” en el sistema de transporte que, como demuestra Once, se caracterizó por la desidia y los negociados en el ferrocarril a costa del sufrimiento y la vida de los usuarios. Contra esto pelean y se manifestaban los familiares de Lucas Menghini junto a decenas más que siguen exigiendo justicia. A diferencia de este sector de los familiares que no responsabilizaban a Marcos Córdoba, maquinista de aquel tren, el fiscal también solicitó una pena de 3 años y 8 meses para el trabajador ferroviario.
Esto es un punto negativo ya que de alguna manera contradice a la conclusión principal que, si empresa y Estado hubiesen garantizado el correcto mantenimiento de vías, paragolpes y formaciones (máquinas y vagones) y si hubiesen implementado el sistema de frenado automático ATS, el “factor humano” no hubiera incidido en nada; un maquinista no podría chocar una formación de ninguna manera. La acusación a Córdoba responde a las dos querellas favorables a empresa y funcionarios representados por abogados impresentables como Javier Moral que sólo acusaban al motorman y pedían pena de 22 años sólo para él. Esta maniobra gorila se demostró insostenible. Como están acorraladas, las ratas huyen del barco que se hunde: el ex Secretario de Transporte Schiavi declaró que él no tenía facultades para rescindir el contrato a TBA y que el responsable era De Vido; por primera vez surgen fisuras en la estrategia de defensa de los distintos funcionarios.
En cuanto a Jaime, reconoció -por otra causa- que recibió dádivas de empresas que debía controlar (viajes bancados por TBA sobre todo) y solicitó a cambio de esa confesión un pacto para bajar la pena a 1 año y medio de prisión. Dos caraduras incorregibles y cínicos. La sentencia se dictará antes de fin de año. Aunque ya es un logro que los verdaderos culpables estén acusados en primer lugar. Es necesario mantener la movilización y acompañar a los familiares en su búsqueda de justicia para que no quede impune esta verdadera masacre social.
