En el juicio por la muerte de siete jóvenes en la comisaría 1°, tres de las cinco querellas pidieron que se condenen por homicidio. Mientras que el fiscal pidió penas por abandono de persona seguida de muerte.
Viernes 25 de octubre de 2019 20:34
Andrés M
El 2 de septiembre, en los tribunales de Pergamino comenzó el juicio por la masacre de la comisaría 1°, ocurrida el 2 de marzo de 2017. Seis expolicías están imputados por la muerte de siete jóvenes. Están acusados de abandono de persona. Sin embargo la querella de la mayoría de la familia, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), sostuvo: “Dejar morir también es matar”.
El 2 de marzo de 2017, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Alán Córdoba, John Claros, Franco Pizarro, Juan José Cabrera y Federico Perrota murieron asfixiados y quemados, encerrados en la celda 1 de la comisaría 1° de Pergamino, donde había 19 presos alojados.
De acuerdo a las autopsias, todos murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego. Según el Ministerio Público Fiscal, los policías no dieron el auxilio inmediato desde el primer foco de incendio, luego impidieron el ingreso a tiempo de los bomberos "para la salvaguarda de las víctimas".
Por estos hechos están imputados seis policías de la Bonaerense: el comisario Alberto Donza, quien estuvo prófugo durante catorce meses y llegó al juicio detenido en el penal de Campana con prisión preventiva; sargento Brian Carrizo; oficial subayudante de servicio Alexis Miguel Eva; el oficial de refuerzo de imaginaria Matías Exequiel Guiletti; Carolina Denise Guevara; y Sergio Ramón Rodas.
Este jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la localidad bonaerense, integrado por los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, se escucharon los alegatos de las cinco querellas. Además de las penas pedidas, solicitaron la revocatoria de las detenciones domiciliarias de las que gozan los policías acusados, a excepción de Donza y Eva.
Según informa El Diario del Juicio, la fiscalía a cargo de Nelson Mastorchio, pidió condenarlos de acuerdo a la carátula con la que la causa llegó a juicio oral y público: abandono de persona seguido de muerte. Por eso solicitó: 15 años para el ex comisario Alberto Donza; 14 años para Alexis Eva; 13 años para Matías Giulietti y para Brian Carrizo; 11 años para Sergio Ramón Rodas y 9 años para Carolina Guevara “¿Qué hicieron los policías para rescatar y evitar el incendio? Nada”, manifestó el fiscal durante su alegato.
Mastorchio resaltó que lo ocurrido “no sólo no lo evitaron, sino que obstaculizaron el accionar de terceros”. El fiscal destacó que aquel día, los policías no hicieron nada para evitar que el fuego se propague, ni llamar a los bomberos ni utilizar los dos matafuegos que habían, uno en la oficina del comisario y otro en la oficina de guardia. “Actuaron con conocimiento y voluntad de realización de consecuencias producidas” sentenció.
En tanto la CPM, que representa a las familias de Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Fernando Latorre y Jhon Claros, solicitó penas por el delito de homicidio simple. Explicaron que “deja de haber abandono y pasa a haber homicidio por omisión, cuando el peligro de muerte es concreto y directo del todo”, en referencia a lo ocurrido en la comisaria el 2 de marzo de 2017. Para Alberto Donza pidieron 25 años; 24 años y 6 meses para Alexis Eva; 23 años para Brian Carrizo y Matías Giulietti; 22 años para Sergio Ramón Rodas y 21 años para Carolina Guevara.
Margarita Jarque, en representación de la CPM, recordó que algunos testigos no quisieron declarar por temor. Habló del daño psíquico de sobrevivientes y familiares, que impactó de manera transversal por ser perpetrado por el Estado y funcionarios públicos.
Carla Ocampo Pilla, que continuó por la CPM, puso sobre relieve que el Estado dispone del tiempo y el cuerpo de la persona privada de libertad, y que los imputados eran garantes de sus vidas. En relación a los testimonios “mendaces” de otros integrantes de la fuerza policial, aseguró que quedó demostrado el “espíritu de cuerpo” con el que actuaron para intentar mejorar la situación de sus compañeros imputados. Por eso solicitaron que se siga investigando a los policías Ulloa, Chida, Ciro, Giracci, Hamue, Seta y Tricco, por la posible comisión de delitos de acción pública y a Rojo por las responsabilidades funcionales y políticas.
Maximiliano Brajer, abogado querellante por parte de la compañera y la hija de Fernando Latorre, acompañó en términos generales lo planteado por la fiscalía y la CPM, pero, a diferencia de esta última, se mantuvo en la calificación legal con la que se llegó al juicio: abandono de persona seguido de muerte. Las penas solicitadas fueron entre 9 y 15 años para los seis ex policías.
Para finalizar, las querellas de Jaquelina Conti que representa a la familia de Juan José Noni Cabrera y Ramiro Llan de Rosos que representa a la familia de Federico Perrotta, acompañaron el alegato de la CPM tanto en la calificación legal, homicidio, como en el pedido de penas.
El doctor Villalba, representante legal de la familia de Franco Pizarro, acompañó la acusación fiscal sin dar argumentos.
Alegato de la defensa
Este viernes se escuchó los alegatos de la defensa: Gonzalo Alba y Carlos Torrens.
Según informa el Diario del Juicio, Gonzalo Alba durante su alegato volvió a destacar, como el primer día de juicio, que en vez de 19 eran 20 los detenidos. Y para él, ese dato es fundamental. El abogado defensor aseguró que no es necesario que en todos los hechos existan culpables y, además, denunció parcialidad evidente por parte de la fiscalía.
Asimismo Alba aseguró que no se sabe cuál fue el comportamiento criminal de ninguno de sus defendidos. No podía ser más cínico, y solicitó la nulidad de todos y cada uno de sus defendidos.
Alba contradijo a Donza y su defensa. Dice que no se puede saber si los matafuegos estaban en disponibilidad de uso y que se tendría que haber acreditado que los policías los vieron y no los usaron. Y eso no se pudo acreditar, aseguró Alba.
En cuanto a los bomberos, Alba criticó la falta de profesionalidad. Dice que no entiende por qué ellos no eligieron decir la verdad. Pidió que se acuse de falso testimonio a Ardis y González, los bomberos voluntarios.
Alba concluyó pidiendo “la absoluta y total absolución de mis defendidos”.
El juez da la posibilidad a los policías de dar unas últimas palabras. Ninguno lo hace.
Lo que sigue será el veredicto del tribunal. Se da una fecha poco esperada. Viernes 20 de diciembre.
Este artículo fue realizado con la colaboración de Andrés M, que nos envió las fotos que publicamos.
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