Gatillo fácil. Masacre de Wilde: a 28 años de los hechos, comienza el juicio a los expolicías bonaerenses

Desde las 9 de este lunes comenzará el juicio oral y público contra ocho expolicías bonaerenses por el crimen de cuatro personas ocurrido el 10 de enero de 1994, un caso emblemático de gatillo fácil policial que pasó a la historia como La Masacre de Wilde . El debate será conducido por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora (conformado por los jueces Marcelo Dellature, Luis Gabián y Claudio Fernándezse) y se desarrollará en la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2463 (ex Camino Negro).

De aquel hecho fueron víctimas el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. Viajaban en un Peugeot 505. La cuarta víctima fue el vendedor de libros Edgardo Cicutín, que iba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, único sobreviviente del ataque policial que, según las pericias, registró casi 300 disparos de sus armas reglamentarias.

De los once uniformados identificados como responsables, dos murieron impunes. Otro, el exsubteniente Marciano González, sufrió un ACV en 2021 y se esperan informes médicos que certifiquen que está en condiciones de afrontar un juicio.

Así, quienes se sentarán en el banquillo son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, el exoficial Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga y el excabo Marcos Rodríguez. Todos ellos están en libertad.

Hasta marzo de este año el único preso era Rodríguez, detenido en 2014 en Córdoba tras permanecer prófugo durante dos décadas. Estuvo bajo arresto domiciliario y finalmente le concedieron el beneficio de la excarcelación.

Según se informó, luego de los alegatos de apertura de las partes hablarán los primeros testigos: Raquel Gazzanego (viuda de Cicutín), Patricia Corbo (viuda de Corbo), el sobreviviente Claudio Díaz y los policías que hicieron las primeras actuaciones aquel mediodía en la esquina de Mitre y Franco de Wilde.

Esfuerzos de impunidad

El devenir del proceso judicial fue realmente tortuoso para Díaz y las familias de las víctimas. El Estado pareciera haberse preocupado especialmente en hacerles saber que, ante todo, lo que importa es la gobernabilidad de las fuerzas represivas y la impunidad de sus criminales. De hecho el actual gobierno del Frente de Todos es garante de la impunidad de los “nuevos” culpables de la violencia estatal, tal como se ve en casos como el de Facundo Castro, Daiana Abregú, Alejandro Martínez y tantos otros (para hablar sólo de la provincia de Buenos Aires).

En diálogo con la agencia Télam, Raquel Gazzanego lo dejó en claro: “Quiero que esto salga a la luz, que esto se termine y que esto se termine con justa justicia”, dijo al tiempo que expresó su deseo de que “a todos les den cadena perpetua”.

La masacre

Los expolicías serán juzgados por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por los hechos ocurridos el lunes 10 de enero de 1994, cuando once efectivos de la entonces Brigada de Investigaciones de Lanús persiguieron por las calles de Avellaneda a dos autos en los que, presuntamente según su versión, viajaba un grupo de “delincuentes”.

De la Brigada de Lanús en aquel momento era subjefe el comisario Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA (ocurrido el mismo año 1994) y quien por casualidad no estaba en el país cuando ocurrió la Masacre de Wilde.

Según la versión policial (avalada por el entonces gobernador Eduardo Duhalde), las víctimas fueron perseguidas y asesinadas por ser supuestos ladrones de una sucursal del Banco Galicia. Pero lejos de un operativo “normal”, los efectivos actuaron vestidos de civil y en autos sin patente ni identificación.

Las pericias determinaron que sobre ambos vehículos se descargaron entre 240 y 270 balazos, centralmente de las pistolas reglamentarias calibre 9 milímetros y, al menos, un subfusil Uzi.

En un principio, ante la conmoción del hecho, los policías fueron detenidos. Pero al poco tiempo la Cámara de Apelaciones y Garantías de Avellaneda los sobreseyó y dejó en libertad. Tras las apelaciones de las familias de las víctimas, en 2003 y luego en 2007 los asesinos fueron nuevamente sobreseídos hasta que la causa llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En 2014, veinte años después de los hechos, el máximo tribunal judicial de la provincia revocó los sobreseimientos y ordenó reabrir el expediente.

Otro elemento que demuestra las dilaciones del Estado en favor de la impunidad es que el juicio comienza un año después de producirse la audiencia preliminar (donde se anticipan las pruebas y los testigos que cada parte aportará al debate). Algo que ya venía postergando por la pandemia.