El ministro-candidato llegó a las PASO sin decir que pensaba devaluar el peso, hundiendo los ingresos populares y desatando una ola de furiosas remarcaciones en alimentos y productos básicos que dejó correr. Sin IFE para 6 millones de informales, las medidas que iban a “compensar” esta situación no alcanzan ante la pérdida de trabajadores y sectores populares, pero da más beneficios a los empresarios con deducciones fiscales, retenciones cero a economías regionales, crédito millonario en dólares para exportaciones del agro. A pedido del FMI el peronismo profundiza el ajuste. Bullrich y Milei ya prometieron que seguirían el mismo rumbo, y que gobernaran para garantizar la ganancia de un puñado de empresarios.
Lucía Ortega @OrtegaLu_
Lunes 28 de agosto de 2023 21:50
Luego de varios días de suspenso, el domingo llegaron las medidas económicas propuestas por Economía para “compensar” los efectos de la devaluación del 14 de agosto. Para cumplir con el FMI, el ministro llevó el tipo de cambio oficial mayorista a $350. Luego del salto cambiario del 22%, Massa habilitó un incremento de combustibles y confirmó nuevas subas de tarifas. Pura dinamita para los bolsillos populares.
Las furiosas remarcaciones y la creciente incertidumbre política y económica actuaron elevando las perspectivas de inflación para este año que según distintas consultoras y bancos se ubicaría entre 170 % y 200 %. En este contexto de creciente suba de precios, las medidas de Massa se vendieron como un alivio a los bolsillos de los sectores populares pero son completamente irrisorias si se comparan con el golpe devaluatorio sobre los trabajadores, jubilados y sectores de menores ingresos. Peor aún, los más de 6 millones de trabajadores informales, a pesar de haber perdido un 25 % de poder de compra en el gobierno del Frente de todos, quedaron directamente excluidos de las medidas.
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Poco se habla sobre los beneficios que el candidato concedió a los grandes grupos económicos: retenciones cero para las llamadas "economías regionales" (que son los empresarios de las provincias); financiamiento millonario en dólares al agropower; entrega de fertilizantes (altamente contaminantes) para garantizar la siembra de trigo y maíz, descuentos fiscales.
¿A quién (re)compensa Massa?
El rumbo del gobierno es el del ajuste del FMI, mientras garantiza que los empresarios sigan ganando. El sector alimenticio, la banca privada, el agro-power, son claros ejemplos de esta política de concesiones por parte del candidato de Unión por la Patria.
El mega grupo Arcor, de la familia Pagani, ganó en la primera mitad del año más de $ 22 mil millones [1]. En 2022 sus ganancias netas ($35.380 millones) aumentaron un 78 % respecto a 2021.
Molinos Río de la Plata obtuvo ganancias por $9.562 millones en el primer semestre de 2023. La compañía de Pérez Compac registró en 2022 ($8.197 millones) un aumento de su ganancia neta de casi el 50 %, respecto al año previo.
La empresa Ledesma, de los Blaquier, registró ganancias por $13.500 millones en el primer trimestre del año. El azúcar, un bien básico, acumula en los últimos 12 meses una suba de 315 %.
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Massa oficializó la continuidad del acuerdo de precios con aumentos de 5% mensuales alcanzado con más de 400 alimenticias y empresas de higiene. Quienes accedan a este programa obtendrán a “un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas", dijo el ministro.
Se premia a quienes, luego de la devaluación, aplicaron fuertes remarcaciones de precios, y su impacto se verá en la inflación del mes de agosto que se espera se ubique cercana a 14%.
La banca privada presenta ganancias exorbitantes, principalmente explicada por los intereses de las Leliqs que recibe del Banco Central. Por ejemplo, el Grupo Galicia tuvo beneficios netos por más de $18.000 millones en los primeros tres meses del año, se trataría de una mejor interanual de 71%.
Esta rentabilidad mejoró con la suba de tasas de interés del 21 % que convalidó el ministro candidato el mismo día que devaluó. Los datos oficiales mostraron que los bancos privados ganaron $783 mil millones en los últimos doce meses, a razón de $2.174 millones por día. Como señalaba el economista Pablo Anino “en junio su ganancia registró un aumento del 253 % interanual”.
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El paquete de medidas anunciado incluye préstamos para jubilados de hasta $400.000 pesos y hasta 48 cuotas que “se depositarán en la tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles". También se anunciaron créditos a trabajadores formales que no paguen ganancias. Serán a tasas subsidiadas por la mitad del valor de mercado. Para los monotributistas el crédito será de hasta 4 millones (según la categoría) “a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado", confirmó Massa.
En uno de los videos de los anuncios, el ministro sostiene que "el programa tiene fondos disponibles por $ 400.000 millones” para créditos a trabajadores. De ser así, la mitad del paquete fiscal estaría destinado a estas políticas de crédito subsidiado, habilitando al mismo tiempo negocios para los bancos que intervengan.
Las que nunca se quedan afuera. Las patronales agrarias siguen siendo uno de los sectores más favorecidos por el ministro candidato del peronismo. Se anunció un nuevo Programa de Incremento Exportador que incluye USD 770 millones para prefinanciación de exportaciones, a través de líneas del Banco de la Nación Argentina (BNA) y del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE). Además, Massa dijo que “para los productos como la harina, el aceite y el pellet de soja vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de las divisas para comprar transitoriamente poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado en nuestro complejo industrial sojero".
Sólo 7 empresas representan el 84% de las toneladas operadas para granos y subproductos del complejo sojero en Argentina (poroto, harina, aceite, biodiesel, entre otros). ¿Quienes son?Viterra SA, Cargill SACI, AGD SA, Molinos Agro SA, Louis Dreyfus SA, Bunge SA y COFCO. Esta versión de dólar soja IV a $ 437,50, es una mejora para los agroexportadores frente a los $350 del tipo de cambio oficial. Massa viene de transferir más de $500.000 millones a este sector con las tres versiones previas de dólar-soja.
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Otra medida que había sido adelantada, es la eliminación de los derechos a la exportación para las economías regionales, con valor agregado industrial como el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal, y la cáscara de citrus. Bajo el cogobierno del FMI, el ministro busca aumentar las vías de generación de dólares para continuar pagando la deuda fraudulenta.
El peronismo con Massa a la cabeza garantiza estas ganancias millonarias y en términos reales, amasadas por los principales grupos económicos que operan en el país. Son la contracara de lo que sucede con los salarios, cada día más devaluados. Por su parte, Bullrich y Milei tienen también una visión abiertamente pro-empresarial. Juntos fue con Macri directamente un gobierno de CEOs. Milei reivindica el modelo neoliberal menemista y es el mejor alumno de uno de los principales empresarios que viven del Estado, Eduardo Eurnekian.
Compensaciones a trabajadores y jubilados...que no compensan
El ministro-candidato fue rápido para aplicar la devaluación acordada con el FMI el día siguiente de las PASO, pero las anunciadas medidas para (en teoría) aliviar el impacto en los bolsillos de los trabajadores y sectores populares llegaron dos semanas más tarde. Para millones tienen gusto a poco. Es que el objetivo de la devaluación, además de intentar contener la demanda de dólares, fue realizar un golpe a los salarios y transferir recursos desde los trabajadores a los grandes empresarios.
Aún no se conoce la letra chica de los anuncios realizados el domingo por la tarde, ya que las normas no fueron hasta el momento publicadas en el Boletín Oficial. Entre los principales excluidos de las medidas se encuentran los más de 6 millones de trabajadores informales. Sin un Ingreso de Emergencia o un bono, consolidan no sólo su pérdida ante la devaluación de agosto (y consecuente suba de precios que ya se estima en torno al 14 % en dicho mes) sino el deterioro de sus ingresos que se arrastra desde 2015.
Entre el gobierno de Macri y el del Frente de Todos los trabajadores no registrados perdieron 42,4 % en términos acumulados, lo que ahora se verá agudizado por el salto en los precios. Bajo este gobierno, desde diciembre de 2019 perdieron más de 25 % de capacidad adquisitiva, y sólo en los primeros seis meses de este año llevan una pérdida de 6,4 %.
Sobre este sector recae en mayor medida la crisis. No sólo por un crecimiento del empleo informal y formas precarias como el monotributo, sino por la caída catastrófica de los ingresos reales que los obliga a realizar varios trabajos o changas para llegar a fin de mes. Según el Indec, la brecha promedio entre los asalariados registrados ($ 151.773) y los no registrados ($ 65.657) era de 56 % en el primer trimestre del año.
Pero lo que les otorgó el Gobierno es una verdadera burla. Apenas un refuerzo sólo por dos meses de entre $ 5.000 y $ 11.500 de la Tarjeta Alimentar para los hogares con hijos, y de $ 10.000 por mes para quienes perciban el programa Potenciar Trabajo. Pero además de insuficientes, la mayoría de los informales no verán ningun paliativo.
A esto se agregan los anuncios para monotributistas que no tienen prácticamente incidencia. Además de abarcar a cuentapropistas y profesionales, bajo esta figura se encubren relaciones laborales de dependencia para miles de trabajadores precarizados. Sin ningún refuerzo o bono, consisten en un “diferimento” del componente impositivo para las categorías más bajas, de los cuales cerca de la mitad ya lo tenían eximido por ley. Y sino, les dan el “beneficio” de endeudarse a la mitad de la tasa del mercado.
El Frente de Izquierda Unidad exige como medida inmediata la implementación de un Ingreso de Emergencia para las trabajadoras y los trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas,. Y convoca a pelear en unidad entre ocupados, desocupados e informales por trabajo con derechos para todos y con salarios que como mínimo cubran la canasta familiar, por medio de la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores.
En el caso de los asalariados registrados públicos y privados, el aumento de suma fija de $ 30.000 por dos meses, que se absorberá en paritarias, no generó ningún entusiasmo excepto para las burocracias sindicales de la CGT y afines al gobierno. En el sector privado los trabajadores perdieron 22,5 % en junio de este año respecto a octubre de 2015. En el sector público 25,6 %. La suma fija, que ni siquiera se anexa a lo negociado en paritarias porque quedará absorbido, es apenas un reconocimiento de que la inflación se acelerará alrededor de un 14 % en agosto, pero también continuará subiendo cerca de 10 % en septiembre y otro tanto en octubre. El resultado sigue siendo un salario real a la baja.
Por último, para las jubilaciones y pensiones anunciaron un incremento en $ 10.000 en el refuerzo que ya tenían previsto debido a la suba de la inflación. No se modifica el esquema del ajuste brutal en los haberes con aumentos trimestrales por debajo de la inflación, que sólo se compensa para quienes están en la base de la pirámide de forma que empaten con los precios, y recargando el recorte en los jubilados que apenas perciben un poco más de la mínima.
En todos los casos se repite el mismo esquema: se quita mucho y luego se hacen anuncios elocuentes para devolver una migaja.
Basta de ajuste, romper con el FMI por una salida desde abajo
El gobierno de Massa, Cristina y Alberto demostró una vez más que para los trabajadores y sectores populares sólo puede ofrecer más ajuste, al que maquillan con medidas insuficientes con las que dicen “proteger el bolsillo de los jubilados y los trabajadores”. Mientras, garantizan que los mismos de siempre sigan ganando: los grandes empresarios, bancos, especuladores de la deuda y el agropower.
El FMI marca la cancha y el peronismo cede. Ahora el Fondo pide subas de tarifas energéticas y reducción de los salarios estatales.
Los candidatos de la derecha no tienen problema en continuar y profundizar este camino. Milei llegó a decir que si gana no incumpliría las metas trimestrales porque su plan de ajuste es aun mayor. Bullrich -que fue parte del gobierno que tomó el endeudamiento fraudulento con el organismo- le daría la cartera de economía a Carlos Melconían, un ortodoxo alineado con las ideas del FMI. Tanto Massa, como Milei y Bullrich rindieron examen ante los poderosos del poder económico la semana pasada en el Council of the Americas: para ellos se proponen gobernar.
Para enfrentar el ajuste del gobierno y el FMI y combatir a la derecha, es necesaria la más amplia organización y movilización de todos los trabajadores, ocupados y desocupados en asambleas, para imponer a las conducciones de la CGT, las CTA y las organizaciones sociales un plan de lucha urgente y un paro nacional.
Se necesitan verdaderas medidas de emergencia y un IFE para informales y desocupados. Nadie debería ganar menos de lo que sale la canasta básica ($ 232.427 en junio, según el Indec) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al costo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de Ate Indec ($ 363.570 en junio). Los salarios, las jubilaciones y planes sociales deben ser actualizados mes a mes de manera automática, según el índice del costo de vida.
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Desde el Frente de Izquierda de Myriam Bregman y Nicolás del Caño se propone el desconocimiento soberano de la deuda y la ruptura con el FMI como un primer paso para terminar con la decadencia nacional, junto a un programa integral para estabilizar la moneda y preservar los dólares para las necesidades más urgentes de las mayorías sociales. De esta forma, avanzar en una reorganización de la economía desde abajo, en el camino de imponer con la movilización revolucionaria un gobierno de la clase trabajadora, que ponga los medios de producción en manos del conjunto de la clase trabajadora, avanzando en la planificación democrática y racional de la economía en función de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras.
[1] Los datos se desprenden la de última información financiera presentada ante la Comisión Nacional de Valores en el mes de agosto.
Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.