A última hora de la tarde de ayer, en los tribunales de Comodoro Py eran condenados los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, a penas de 30 y 16 años respectivamente, el médico militar Norberto Atilio Bianco a 16 años, y la obstetra Luisa Yolanda Sala de Arroche García a siete años por la apropiación de bebés en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo durante el genocidio.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 23 de diciembre de 2014
El juicio había comenzado el 17 de septiembre y ayer se dictaron las sentencias. Uno de los cinco imputados, el médico Eugenio Martín, jefe de servicio de clínica, fue absuelto, para quien tanto la fiscalía como la querella a cargo de Abuelas de Plaza de Mayo había solicitado 30 años de prisión. Un inexplicable intento de justificarlo fue que los jueces, salvo la la jueza María del Carmen Roqueta, tenían “dudas” sobre su culpabilidad.
Se juzgaba en esta oportunidad la apropiación de los bebés de las detenidas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. Sólo Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando, recuperaron su identidad.
Tanto el médico militar Bianco como Santiago Riveros llegaron a juicio, éste último condenado anteriormente a 25 años en otras causas por crímenes cometidos en el área de Campo de Mayo, con el beneficio de la prisión domiciliaria.
El rol de los médicos y la obstetra fueron clave en el entramado de la apropiación y del funcionamiento de la maternidad clandestina. Yolanda Sala de Arroche García, la obstetra que reconoció haber atendido partos de mujeres secuestradas, fue quien firmó la partida de nacimiento de Francisco Madariaga, nieto recuperado y Silvia Quintela Dalla Lasta, que permanece desaparecida.
Norberto Bianco, que además de médico era mayor del Ejército, y Raúl Martín (absuelto) atendían los partos de las embarazadas que estaban secuestradas en Campo de Mayo. Bianco intentó varias veces sortear a la justicia. InfojusNoticias relata brevemente que “en los ´90, se fugó a Paraguay para evitar que se conociera el verdadero origen de Pablo, el nieto recuperado número 86, del que se había apropiado. Pablo era hijo de los militantes peronistas Norma Tato y Jorge Casariego, secuestrados en 1977 y desaparecidos. En 1997, Bianco fue extraditado junto a su mujer, pero solo cumplió dos de los 11 años de prisión de una primera condena de la Justicia Federal de San Isidro por la apropiación. Vivió once años en Paraguay, hasta que en 2011, fue extraditado por segunda vez a pedido de la Justicia argentina”.
Lentamente y sin archivos
Una pieza clave de la siniestra maternidad clandestina de Campo de Mayo fue el médico Julio César Caserotto, nada menos que el jefe. Estaba imputado pero no llegó a ser juzgado porque murió en 2008. Él, como Bianco y Martín, fueron identificados por varios testigos, médicos varios de ellos, que fueron obligados a intervenir en partos o veían “situaciones extrañas”, y que luego de la caída de la dictadura denunciaron lo que vieron, como mujeres pariendo vendadas y en terrible estado de salud que apenas podían mantenerse en pie y que luego de dar a luz, no se iban con sus bebés recién nacidos. Algunos de esos médicos tuvieron duras discusiones con Caserotto, renunciaron y luego, durante el gobierno de Alfonsín, fueron amenazados por el propio médico de Campo de Mayo.
La causa constituyó el juicio que ayer terminó (imposible atenuar la injusticia de la absolución de Martín). Debía ser parte del denominado “Plan Sistemático de Robo de bebés”, sin embargo, “no se llegó a tiempo”, señaló la jueza Roqueta. Otra insalvable injusticia.
Las trabas y maniobras del poder judicial, con la que la biología colabora y sin condena van muriendo asesinos y colaborares, y el modo desmembrado y parcelado en que se desarrollan los juicios por crímenes durante el genocidio, indican que a pesar de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los condenados siguen siendo una ínfima porción del conjunto de los partícipes del plan genocida. El rol de sectores civiles se ha desnudado cada vez más, sin embargo sigue siendo una cuenta pendiente, que apenas se salda a cuentagotas, como en este juicio. Para avanzar, es necesario y urgente que los archivos de la dictadura, de Inteligencia y de la Iglesia sean abiertos para saber toda la verdad y el destino de los casi 400 jóvenes que aún no recuperaron su identidad, y definitivamente imputar a todos los que tuvieron participación en la dictadura.
