Conocida por los medios masivos de comunicación como la “campesina ambientalista”, junto con su defensa legal, emprendió la denuncia ante la CIDH, presentando así un caso de “violencia de género en conflictos sociales”.
Kevin Wright @kevouv
Martes 28 de noviembre de 2017
Foto: servindi.org
Ante el poderío de uno de los explotadores -de nuestros recursos naturales- más grande del mundo y accionista mayoritario de la Minera Yamacocha, Newmont Mining Corporation, la población campesina de Cajarmarca (Perú) se encuentra abrumada e intoxicada por sus desechos. En un marco de resistencia frente a la avanzada empresarial, el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por incumplir su deber de tutelar los derechos de Acuña, víctima de ataques por parte de la minera desde el 2011.
“Esperamos que la CIDH evalúe estas vulneraciones de derechos humanos sufridos por esta ciudadana campesina, en quien se han profundizado las secuelas ocasionando el deterioro de su salud física, psicológica y emocional, lo que no debe quedar impune”, expresó en un comunicado la abogada de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez, durante el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe que se realiza en Uruguay.
La petición contra el Perú fue presentada por las ONG Grufides y DEMUS por “incumplir con su deber de tutelar los derechos fundamentales” de Máxima. “Esta violencia no sólo ha sido reiterada sino que ha aprovechado la condición de mujer de esta ciudadana habiéndose configurado como violencia de género en un contexto de conflicto socioambiental”, señaló Vásquez.
En términos legales, la defensa de la comunera de Cajamarca recurre al sistema interamericano luego de que en abril del 2016 el Ministerio Público archivó la denuncia que se formuló por violencia de género. La directora de DEMUS, María Ysabel Cedano, explica que “la violencia de género en conflictos sociales es una de las 15 modalidades reconocidas en el nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y puede ser denunciada al amparo de la Ley 30364 contra la violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”.
Recién el miércoles 3 de mayo de este año, la Corte Suprema del Poder Judicial confirmó que Máxima Acuña fue absuelta por el delito de presunta usurpación agravada de terrenos y, de esta forma, se declaró infundado el recurso de casación presentado por la minera Yanacocha que se esforzaba por verla tras las rejas. El proceso inició en 2011, luego de destruir con aplanadoras la casa y la huerta de la familia, por los terrenos en la parcela conocida como Tragadero Grande, ubicada en la comunidad de Sorochuco, región de Cajamarca; lugar que había solicitado la minera para expandir su explotación con el Proyecto Conga.
En 2012, las protestas contra el proyecto Conga se volvieron masivas en varias partes de la región Cajamarquina, y en julio, cinco protestantes fueron asesinados por la represión. Si unimos las demandas de todas las comunidades indígenas de la región americana, vemos reflejado el accionar represivo por parte de las fuerzas de seguridad de los diferentes Estados que vulneran la integridad de las y los campesinos y de quienes apoyan sus reclamos. En muchas ocasiones, hasta quedándose con la vida de los oprimidos. El gobierno cierra negociaciones con los empresarios, que luego para hacer uso de las tierras, le piden a sus amigos congresistas el despliegue policial. La única forma de respuesta a estas injusticias sistemáticas por parte de los gobiernos, es la organización unificada de todos las y los trabajadores en un partido independiente que sume fuerzas en las movilizaciones para exigir sus derechos y conquistar sus más legítimas demandas. El ligar los reclamos de todas y todos los oprimidos en el continente es una fuerza latente del pueblo trabajador para comenzar a desplegar, y poco a poco liberarse del yugo del capital, los Estados y su reacción policial.
