Recientemente tuvo lugar esta reunión de gobiernos de la región. Lo novedoso: las crisis en Guatemala y Honduras, y la ausencia de varios presidentes.

Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 7 de julio de 2015
La sede fue la ciudad de Antigua, Guatemala. Allí tuvo lugar la 15 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, llamado también Mecanismo de Tuxtla.
Se trata de una iniciativa mexicana cuyo objetivo “oficial” es “el diálogo político, consolidar la paz, la democracia y fomentar la cooperación regional”, según informó La Jornada.
Integran el Mecanismo de Tuxtla Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Estos países constituyen 37% del territorio de América Latina y el Caribe, el año pasado fueron receptores de 30% de la inversión extranjera directa total y generan 35% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló su participación a último momento, debido a una operación de urgencia. Tampoco asistieron Daniel Ortega (presidente de Nicaragua) y Juan Manuel Santos (mandatario de Colombia).
Los temas de la agenda de este encuentro fueron la migración, la seguridad y la economía de la región.
Financiamiento para “seguridad”
Justo antes del inicio del Mecanismo de Tuxtla, tuvo lugar la XLV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (Sica). Allí Otto Pérez, presidente de Guatemala, llamó a los presidentes de la región a que se esfuercen para conseguir financiamiento para “proyectos de seguridad” orientados a combatir el crimen en la región.
Es decir, pretende desplegar la militarización en la región, al mejor estilo de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en México, que sólo ha significado cientos de miles de ejecuciones, desapariciones forzadas y desplazamientos de las zonas más conflictivas.
Siguen las protestas contra la corrupción
En Honduras, el pasado viernes 3 de julio marcharon alrededor de 60,000 personas, muchos de ellos jóvenes, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hasta las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Al menos un sector, exige que se conforme una Comisión Interamericana contra la impunidad en Honduras.
Mientras tanto, el juez Jorge Rivera, de la Corte Suprema de Justicia de ese país otorgó medidas sustitutivas de prisión para 16 personas implicadas en la venta fraudulenta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre ellas, Lena Gutiérrez, vicepresidenta del parlamento.
Por su parte, en Guatemala, miles de personas marcharon con antorchas, al mejor estilo de Honduras, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Palacio Nacional de la Cultura. Exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Además demandan que se modifique “la Ley Electoral y de Partidos Políticos para imposibilitar que funcionarios corruptos sean sus representantes en las instituciones de Gobierno” y que se aplacen las elecciones.
Construir la unidad de los trabajadores y el pueblo
Contra los planes de militarización que pretenden acallar la protesta social y crear las condiciones que requieren las trasnacionales para avanzar en la expoliación de Centroamérica y México, se ha convertido en una acuciante necesidad construir una alianza de los de abajo. De quienes salieron a las calles contra la corrupción, contra los megaproyectos, o para buscar a sus familiares desaparecidos en la peligrosa ruta de los migrantes hacia Estados Unidos. De las y los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo, de los jóvenes que luchan por tener un futuro que no sea terminar asesinado por las fuerzas represivas o por el crimen organizado, de las mujeres que luchan contra los feminicidios.
Más allá de las fronteras, enfrentan enemigos comunes: las trasnacionales, el imperialismo (estadounidense y europeo) que quiere apropiarse de todos los recursos de la región, los corruptos empresarios nacionales y los gobiernos de turno, empleados a sueldo del capital privado.
Sólo una alianza de los trabajadores y los sectores populares puede poner freno a la militarización y la expoliación de la región.
Con información de la agencia EFE y BBC Mundo