A 3 semanas de la fecha límite, aun no existe una solución concreta al problema de los internos de medicina de la UA. Analicemos los diferentes factores que generan esta situación.
Martes 16 de enero de 2018
El día de ayer se llevó a cabo la reunión programada para la supuesta entrega de respuesta – ¿solución? - al problema de la falta de residencia para los internos de medicina de la Universidad de Antofagasta, instancia que reunió a autoridades de la universidad, representante del servicio de salud, autoridades de la carrera y representantes estudiantiles.
El resultado de la reunión fue el mismo que han tenido todas las reuniones y supuestos acuerdos entre la universidad-concesionaria-servicio de salud: no hay respuesta. Casi como un Deja Vú, se fijó un nuevo plazo; Samir Nayar (Servicio de salud Antofagasta) “aseguró que todo estaría en orden para el 26 de enero”, pero sin ningún respaldo ni plan concreto, sumándose por lo tanto a las muchas veces que se ha “asegurado una solución”, con diferentes fechas como plazo y de parte de diferentes actores del conflicto. Así van ya, más de cuatro meses.
Una educación precarizada y autoritaria
La crisis de la educación en el país es cada vez más profunda, y salen a flote conflictos como el que atraviesa hoy transversalmente a los estudiantes del área de la salud de la UA, que solo vienen a reforzar la idea de que la última prioridad de este sistema es la educación y la calidad de ésta.
Una de las caras más claras de esta crisis es la precarización en que se desarrollan los procesos de formación. El problema con la falta de una condición mínima para estudiantes que realizan atención de pacientes con jornadas de más de 24 horas, como es la residencia, es solo una expresión más de este modelo de educación heredado de la dictadura, que se suma a los graves problemas de infraestructura, falta de profesores de planta, falta de recursos para investigación, entre otros, que afectan de conjunto a los estudiantes de todo el país.
No solo estamos inmersos en una educación altamente mercantilizada, sino que además, no tenemos ningún derecho a decidir en las universidades. Pinochet, por medio de un decreto, aniquiló la democracia universitaria, creando figuras como el Rector y la junta directiva, cargos de confianza del presidente y que cumplen un rol de gerente dentro de las universidades, y prohibiendo la participación estudiantil en todos los espacios de decisión. Finalmente, todas las decisiones se toman por este grupo selecto de autoridades, en lugar del conjunto de la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, académicos y funcionarios. En un modelo así, ¿cómo iba a importar en estos cuatro meses la inquietud y demanda de los estudiantes y docentes de la carrera de solucionar el problema de la residencia? Evidentemente en estas condiciones, quienes son los afectados, no tienen el derecho a decidir para poder buscar y generar una solución al problema.
Sin duda, una de las grandes banderas del movimiento estudiantil ha sido por años la conquista de la democracia estudiantil por medio del cogobierno triestamental. Este elemento faltante ha sido clave en el curso que ha tenido el conflicto por la residencia para los estudiantes de medicina, donde ni ellos ni los docentes han tenido un lugar real de decisión frente al problema.
Nuestra salud entregada a manos de los empresarios
Así como el Hospital Regional de Antofagasta, muchos otros hospitales, carreteras, etc., fueron puestas en manos de concesionarias, mejor dicho, en los bolsillos de los dueños de las concesionarias, por el gobierno de Lagos. En este modelo, queda a cargo de los empresarios el diseño del hospital, su construcción, e inclusive, su gestión. Además, el Estado debe asegurar subsidios y dividendos a la concesionaria, financiado así con dineros estatales, el lucro que generan estas empresas con nuestros derechos, mientras la salud pública se deteriora.
En el caso del HRA la concesionaria a cargo es Sacyr, empresa española con presencia internacional, que ocupa el sexto lugar a nivel mundial por número de concesiones de transporte gestionadas y una inversión global superior a 28.000 millones de euros. En chile tiene concesionadas 6 carreteras además del ya mencionado hospital. Hasta el 2016, el Estado ya había invertido 240 millones de dólares en esta concesión.
Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué debemos desembolsar recursos, fruto del trabajo o endeudamiento nuestro o de nuestras familias, que irán al bolsillo de grandes empresarios, en lugar de exigirles que aseguren en sus edificios de mínima las condiciones básicas para que no solo estudiantes en práctica, sino que también funcionarios puedan trabajar en condiciones dignas? ¿Cómo puede ser que cosas tan básicas como el almuerzo, o lugares de descanso, sean “vendidos” por la concesionaria? La realidad es clara, ni la educación, ni la salud de los funcionarios y mucho menos la calidad de atención que reciben los pacientes importa más que las ganancias de los empresarios.
Organización estudiantil
De las supuestas buenas intenciones que han manifestado las autoridades en las múltiples reuniones que se han sostenido, solo queda humo. La “confianza en su gestión” en la que – según ellos – deben creer los estudiantes ha mostrado tener una base tan sólida como el agua, decantando en que al día de hoy, aún no hay solución.
Frente a esto la única confianza que puede y debe tener el conjunto de estudiantes, claramente no está en las autoridades impuestas cuyos intereses distan de ser los estudiantiles, ni menos en los empresarios que por años han robado y lucrado con todos nuestros derechos, sino que, en su propia organización, y en la fuerza que tienen siendo el motor y el actor principal en este tira y afloja por las condiciones básicas necesarias para desarrollar de forma digna su proceso educativo.
Además, es necesario que vayamos por un objetivo mayor y que por medio de esta organización, en unidad con la clase trabajadora de conjunto, nos propongamos ser una fuerza que acabe con el negocio en la educación y la salud para que estos pasen a ser derechos universales, garantizados por el estado, gratuitos y de calidad. Elevar nuestras expectativas para plantearse incluso la necesidad de acabar con el capitalismo que alimenta y sostiene el lucro que generan los empresarios a costa de nuestros derechos y dar paso a un nuevo modelo de sociedad.