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Red Internacional
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Migrantes. Medidas ejecutivas de Obama: a la Corte Suprema

El 9 de noviembre la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans dictó que se mantenga el freno de las medidas ejecutivas migratorias de Barack Obama, quien anunció la apelación. Los migrantes indocumentados, en zozobra.

Bárbara Funes

Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3

Miércoles 11 de noviembre de 2015

En el marco de una lucha de poder entre republicanos y demócratas, por dos votos a favor y uno en contra se mantiene el bloqueo a las medidas ejecutivas de extender la Acción Diferida para los jóvenes migrantes que llegaron a territorio estadounidense durante su niñez (DACA), y el equivalente para los padres (DAPA), dictadas hace un año por Obama.

La Corte de Apelaciones reafirmó así la decisión del juez Andrew Hagen de Texas, que en febrero pasado dio lugar al pedido de 26 gobernadores republicanos de suspensión de las acciones ejecutivas impulsadas por el presidente estadounidense.

Ahora, la última oportunidad es que el caso pase a la Corte Suprema de Estados Unidos. Obama ya anunció que presentará una apelación. Ésta podría tener una resolución antes de noviembre de 2016, el mes de los próximos comicios presidenciales. Es una importante carta que apuesta el partido demócrata para “amarrar” el voto latino.

De acuerdo con analistas, la intransigencia del partido republicano se debe a la “imposición” de las medidas ejecutivas, ya que Obama las emitió por decreto, sin pasar por las cámaras del congreso.

Como comentamos en notas anteriores, se podrían haber beneficiado con esta medido alrededor de 5 millones de personas. Sin embargo, 6 millones más permanecerían con la amenaza de la deportación.

No obstante, la ampliación de la DAPA y de la DACA había despertado grandes esperanzas en un sector de la comunidad latina que tenía la posibilidad de acogerse a esas medidas.

Deportación y cárcel: la otra política de Obama

Por otro lado, la administración actual ha mantenido los centros de detención para migrantes, una verdadera aberración donde las personas que solicitan asilo en Estados Unidos son encarceladas.

Así, hombres, mujeres y niños permanecen hacinados en prisiones, en condiciones deplorables, e incluso son “empleados” por las empresas administradoras de las prisiones para trabajar a cambio de salarios miserables.

Mientras tanto en México, con el despliegue del Plan Frontera Sur –ordenado por Estados Unidos e implementado por Peña Nieto– las autoridades migratorias mexicanas aprehendieron y deportaron a 130,826 centroamericanos.

Además, se persigue y criminaliza a los migrantes que logran traspasar la frontera sur mexicana para ir hacia Estados Unidos. Tanto los agentes migratorios, como la policía y los militares acosan y persiguen a las personas que intentan atravesar el país sin documentos.

Con estas acciones orillan a los migrantes a buscar rutas más peligrosas aun para llegar al gigante del norte con la esperanza de salvar la vida y conseguir un trabajo. Muchas personas son atacadas también por el crimen organizado.

Si logran atravesar el desierto y sobrevivir, los espera una vida de explotación y opresión, una verdadera “pesadilla americana”: sin documentos, los empresarios aprovechan para imponer condiciones laborales cada vez más precarias.

Para conquistar derechos para los migrantes

La salida a la criminalización y la precarización que viven los migrantes no va a venir ni del partido republicano ni del demócrata.

Sólo la unidad de los de abajo, empezando por quienes se solidarizaron con Ayotzinapa, los trabajadores precarizados que luchan por el aumento de salario mínimo a 15 dólares la hora, la comunidad afroamericana que lucha contra la violencia policial, los portorriqueños acosados por los fondos buitres y el plan de ajuste en la isla, junto a todos los migrantes explotados en Estados Unidos de todos los países, podrá lograr con la lucha en las calles el derecho a la ciudadanía para los migrantes sin papeles.

Pero es necesario más: plenos derechos sociales, políticos y sindicales para los migrantes y el libre tránsito por entre Estados Unidos, México y Centroamérica, así como terminar con la militarización de la región, que intenta ahogar el descontento contra la expoliación perpetrada por los capitales internacionales.