NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS. Medidas para encarar la segunda ola de Covid-19 desde la perspectiva del pueblo trabajador

Diversos especialistas en temas de salud pública y funcionarios del estado coinciden en afirmar que estaríamos entrando a una segunda ola de contagios de Covid-19. Por esa razón, el Ministerio de Salud (MINSA) informó este martes 12 de enero del presente año, que la cifra de fallecidos por coronavirus en el país se habría elevado a 38,399. Esto quiere decir que se trataría de 64 nuevos decesos frente a los 38,335 registrados desde el inicio de la pandemia hasta el lunes 11 de enero del 2021. Así mismo, este ministerio informo también que el número de contagios se elevó a 1′040,231. Por esa razón, la ministra de Salud Pilar Mazzetti dijo hace poco en la conferencia de empresarios CADE 2021 que; “hemos pasado de un rebrote al inicio de una segunda ola de contagios”.

Este nuevo flujo de contagios ha encontrado otra vez al sistema sanitario peruano en una profunda crisis infraestructural y de personal, por eso, nuevamente se repiten las lamentables imágenes de meses atrás con hospitales repletos de contagiados, ausencia de camas UCI, falta de balones de oxígeno, entre otras carencias a las cuales se suma ahora la ausencia de personal especializado y no especializado para atender al creciente número de infectados que a diario empiezan a abarrotar las salas de los hospitales públicos. Esto último ocurre porque el gobierno actual y el anterior se negaron a reconocer el nombramiento de miles de trabajadores del régimen CAS y terceros que el año pasado fueron los pilares en la lucha contra la propagación del Covid-19, al grado tal que, en un gesto demagógico, Martin Vizcarra los llamo “héroes con bata”. Esos miles de trabajadores precarizados ya cumplieron su contrato en diciembre del año pasado y a muchos de ellos no se les renueva contrato hasta ahora.

Estas serían las causas estructurales que estarían llevando a que esta segunda ola de contagios genere tantos estragos en la población en tan poco tiempo, sobre todo en los sectores de bajos recursos que pertenecen a la clase trabajadora, la cual ha sido duramente golpeada por las medidas económicas de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti. Estas medidas que han sido implementadas pensando en favorecer únicamente a los empresarios nacionales y extranjeros, han generado despidos masivos a través de iniciativas como la suspensión perfecta y han profundizado los mecanismos de precarización laboral, por esa razón, en los más de 10 meses de estado de emergencia por la pandemia, el índice de desempleo se ha elevado de manera exponencial en el país y con ello los índices de pobreza y pobreza extrema también han pegado un salto sustantivo.

El gobierno, sin embargo, prefiere quedarse con lo superficial y apela a una salida que no toca en lo más mínimo el problema de fondo. A ello se debe que toda su estrategia se haya reducido a imponer límites para la circulación de las personas y a denunciar la irresponsabilidad de los miles de pobladores que se ven obligados a salir todos los días a las calles a trabajar o a buscar trabajo para poder subsistir. Esta campaña que busca individualizar la responsabilidad en la población, hace que el gobierno se desentienda y justifique el completo abandono en el cual han sumido al sistema sanitario.

Todo esto está relacionado a la estrecha relación que tiene el gobierno actual con los grandes empresarios. A ello se debe que desde el ejecutivo se haya ampliado la vigencia de la suspensión perfecta de labores hasta el mes de abril del 2021, con lo cual los empresarios tienen carta libre para seguir dejando en la calle y sin ingresos a miles de sus trabajadores. En esa misma línea pro empresarial, el gobierno hace poco emitió el Decreto Supremo Nº 002-2021-SA que permite que las empresas privadas puedan comercializar las vacunas contra el Covid-19, lo cual, de llegar a darse, incrementaría la desigualdad social y el lucro de los empresarios de la salud quienes, durante la primera ola de contagios, hicieron pingues ganancias con la salud y la vida de miles de contagiados.

Y si el gobierno se negó y se niega a nombrar a los miles de trabajadores del régimen CAS y terceros aduciendo una falsa defensa de la meritocracia, esto se debe en realidad a que tanto Sagasti como Vizcarra son fieles defensores de los dictámenes fondomonetaristas y neoliberales que obligan a que el estado reduzca al máximo su gasto social y de personal, para que de esa manera se pueda pagar puntualmente la deuda pública. Por esa razón aun no contratan a nuevo personal en el sector salud y se oponen con todo a que los trabajadores CAS y terceros se nombren y adquieran derechos laborales, a pesar que esto signifique que hoy tengamos muchos hospitales y centros de salud sin personal para atender a los contagiados.

Como vemos, los limites en las políticas sanitarias del gobierno no se reducen a un mero problema de desinformación o de falta de comunicación eficaz, como nos pretenden hacer creer algunos periodistas “amigos” del ejecutivo. El problema es esencialmente político y tiene que ver con que Sagasti y sus ministros gobiernan para los grandes empresarios al margen de la voluntad y los intereses del pueblo trabajador el cual no se encuentra representado en las políticas anunciadas por el gobierno el miércoles pasado.

En ese sentido, es muy importante que el pueblo trabajador vaya construyendo su propio programa para encarar la actual crisis sanitaria y esta segunda ola de contagios, pero, independientemente de las iniciativas del gobierno y los partidos empresariales. Por ello, a continuación detallamos algunas propuestas pensadas desde la perspectiva de la clase trabajadora que esperamos contribuyan a desarrollar este debate.

Aumento inmediato del presupuesto público al sector salud.

Como bien lo plantean los médicos que acaban de iniciar una huelga indefinida contra el incumplimiento del ejecutivo, urge un incremento significativo del presupuesto al sector salud. No podemos permitir que el presupuesto se haga pensando en pagar la fraudulenta deuda publica lo cual ha llevado a desfinanciar a sectores muy importantes como la salud, la educación, la vivienda y otros servicios sociales, lo que está llevando que las consecuencias de esta crisis económica y sanitaria las terminemos pagando los trabajadores y los sectores populares. Paremos ya el ajuste al sector salud. Exijamos que todos los recursos necesarios se utilicen para mejorar los hospitales públicos, los laboratorios, camas UCI, EPTs y todo lo necesario para poder brindar un servicio de calidad.

Por testeos masivos moleculares y seguimiento a las personas infectadas.

Como es de conocimiento público, en la anterior fase de la pandemia (primera ola) los testeos masivos fueron insuficientes y de muy poca calidad ya que el estado priorizo las poco seguras pruebas rápidas, lo cual, en vez de ayudar contribuyo a generar mayores contagios. Por esa razón, hoy es urgente implementar una campaña masiva de testeo molecular gratuito que llegue a toda la población y que vaya acompañada de campañas masivas de rastreo de personas infectadas, aislamiento de estas y de sus contactos estrechos, y avanzar activamente sobre las siguientes cadenas de contactos, para cortar la propagación del virus. Asimismo, los testeos masivos moleculares permitirían conocer con más certeza el mapa de los contagiados en el país y actuar con más recursos en las zonas donde existen los principales focos. También permitirán determinar las actividades, trabajos y sectores más vulnerables de la población.

Unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales.

Basta ya de la fragmentación del sistema de salud pública. Necesitamos un solo sistema sanitario y centralizado. Urge también la implementación de comités de emergencia (o crisis) centrales y locales, con participación de las y los trabajadores. Los laboratorios privados, fábricas de elementos sanitarios, fabricantes de test y reactivos y de equipamiento de protección personal, así como las cadenas privadas de farmacias, deben ser declaradas de utilidad pública y terminar con el negocio de un puñado de empresarios que lucran y especulan con la salud de la población. El estado debe centralizar la compra de insumos, regulando la exportación y la importación, para que no haga falta ningún insumo en ningún hospital del país donde sea necesario.

Cumplimiento inmediato de las demandas de los trabajadores de la salud.

A los trabajadores del sector salud los llamaron “héroes con bata” porque desde que se inició la cuarentena y la pandemia, ellos siempre estuvieron en primera línea arriesgando su vida ya que en la mayoría de los casos no contaban con los implementos básicos de bioseguridad. Por ello, muchos trabajadores de este sector y médicos se contagiaron de coronavirus y contagiaron a sus familiares y muchos perdieron la vida. A pesar de todo ello, tanto el gobierno de Martin Vizcarra como el de Francisco Sagasti se niegan hasta ahora a reconocer sus derechos y demandas.

Por eso, exigimos el nombramiento inmediato de todos los trabajadores
pertenecientes al régimen CAS y terceros que trabajaron durante el año pasado, así como el cumplimiento del pliego de los médicos agrupados en torno a la Federación Médica peruana que vienen llevando adelante una huelga indefinida. Solo de esa manera podremos contar con el personal adecuado y necesario en los puestos de salud y los hospitales públicos.

Por la creación de comités de higiene y salubridad en los lugares de trabajo.

Estos comités deberán contar con delegados votados desde las bases y con el poder de imponer el cese de tareas si los trabajadores consideran que no están dadas las condiciones para cuidar su salud, para que puedan dejar inmediatamente sus puestos de trabajo. Por elementos de protección y de bioseguridad adecuados y testeos moleculares obligatorios y periódicos para todo el personal hospitalario, ya que es el más expuesto a los contagios.

Paremos la violencia policial y el fortalecimiento de los aparatos represivos.

Desde que se inició la cuarentena, el gobierno aprobó la denominada “Ley del gatillo fácil” que les da impunidad a las fuerzas policiales para poder arremeter contra la población, incluso utilizando sus armas de fuego. Esta iniciativa legal a empoderado a la policía nacional y ha llevado a que se cometan muchos abusos contra el pueblo como, por ejemplo, la masacre policial en la discoteca de los Olivos que costó la vida de 13 personas. Últimamente, la violencia policial se expresó en el asesinato de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado en las masivas movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino y en la muerte de dos trabajadores y un menor de edad en las protestas de los trabajadores agrarios. Por eso decimos: derogatoria inmediata de la “Ley del gatillo fácil” y que los responsables políticos y materiales de los abusos y asesinatos cometidos por la policía nacional sean castigados.

Los recursos para poder implementar estas y otras medidas de urgencia que contribuirían a repotenciar el sector salud y a frenar la segunda ola de contagios, tendrán que venir del no pago de la deuda pública a los especuladores nacionales y extranjeros, solo de esa manera podremos contar con el dinero suficiente que necesita el país para atender esta emergencia sanitaria. Además de ello, se deberá implementar un verdadero impuesto especial a los grandes empresarios, bancos, agroexportadores y multinacionales. Estas dos iniciativas de financiamiento son fundamentales dentro de un plan mayor que nos permita evitar que las consecuencias de esta crisis las sigamos pagando el pueblo trabajador.