La gran Revolución de los claveles de 1974 dio lugar a experiencias de control obrero en los medios de comunicación.

La última gran revolución obrera en Europa occidental se inició el 25 de abril de 1974 y tuvo un cierre el 25 de noviembre de 1975, dando lugar a un proceso de contrarrevolución democrática. La caída de la dictadura había abierto un periodo revolucionario atravesado por distintas etapas, durante 19 meses y con 6 gobiernos provisionales de tipo frente popular –compuestos por el Movimiento de las Fuerzas Armadas, el Partido Socialista de Portugal, el Partido Comunista de Portugal, el Movimiento Democrático Portugués y la burguesía liberal del Partido Popular Democrático-. Estos, a su vez, compitieron por el control de diversas instituciones –como en el caso del periódico “República” y la crisis surgida entre el PS y PCP en el “verano caliente del 75´.

La generación de “Grandola, Vila Morena” –la canción mítica de José “Zeca”- explotó en 1974 contra la dictadura de Salazar y Caetano en manifestaciones diarias, huelgas, y en el fenómeno del “saneamiento” (revocabilidad) de los cargos directivos de instituciones y empresas públicas y privadas. Se trataba de diversas formas de control y gestión obrera, en el marco de ocupaciones de empresas y el surgimiento de organismos de autoorganización como las Comisiones de Trabajadores, de Vecinos y de Soldados.

Aquí queremos enfocarnos en el desarrollo de estas experiencias en la nueva industria del sector periodístico, radio, TV y de las artes gráficas en general.

Autoorganización en los medios, medios para la revolución

El 25 de abril de 1974 inicia el proceso revolucionario, con una gran explosión huelguística. Como estaba pasando en otros sectores, el “saneamiento” de los cargos directivos, administración y redacción también se produce en la prensa, TV y radios. Así ocurrió en “O seculo”, “Radio Clube” –que pertenecía al gran trust industrial CUF-, “O Diario”, “Radio Renascença” –controlada por la Iglesia Católica- y la “Sociedad Nacional de Tipografía”, entre otros.

En 1974 se da una breve huelga contra la censura y manipulación de la dictadura en Rádio Renascença, que lleva a sus trabajadores a tomar medidas de control obrero sobre la gestión, nombrando ellos mismos nuevos administradores, elegidos entre los trabajadores. Al año siguiente, el 9 de febrero de 1975, comienza una nueva protesta de su plantilla y se inicia la huelga. El 1 de marzo, se manifiestan en solidaridad con los trabajadores de la radio y la televisión. Sin embargo, si bien los trabajadores deciden convertir la empresa en una cooperativa de información, el gobierno provisional prefiere (a principios del mes de julio de 1975) devolverle la emisora a su antiguo propietario, el episcopado. Como reacción, la plantilla llama por antena a todos los trabajadores de empresas de alrededor para apoyar la ocupación y montar guardia frente al local. El éxito de la convocatoria de los trabajadores hace retroceder al gobierno y de esta manera la nueva cooperativa puede seguir adelante. Esta se organizó en torno a la asamblea general que se reunía dos veces por semana y elegía un comité de 5 miembros responsables. La nueva Radio quedó abierta a todas las representaciones de comisiones de trabajadores, vecinos y colectivos, para difundir llamamientos, entrevistas y debates.

Otra experiencia interesante se produce tras el “verano caliente” –marcado por una fuerte polarización política, crisis de los gobiernos provisionales y en el interior del MFA-. El 9 de septiembre de 1974, el VI gobierno provisional intentó censurar los medios, mediante la conocida “Ley de Censura Militar”. Sin embargo, esta nunca se puso en práctica, porque los periódicos, la radio y la televisión se negaron a cumplirla, siendo finalmente revocada. El 30 de septiembre, Pinheiro de Azevedo ordenó la ocupación de las emisoras de televisión y radio, pero tampoco consiguió controlar el conflicto. Poco después, el 1 de octubre, oficiales del ejército precintaron los transmisores de Buraca, en Lisboa. Las protestas contra la decisión del gobierno se sucedieron y el 21 de octubre una manifestación, seguida de una acampada frente a los transmisores, organizada por comités de soldados, vecinos y trabajadores, consigue finalmente que se desprecinten. El 7 de noviembre, el gobierno ordenó finalmente bombardear los transmisores de las radias y acabar con los conflictos.
Tras el intento de golpe de estado del 11 de marzo de 1975 se desarrolla otro ejemplo interesante. Ese día, el sector golpista del general Spínola –que había presidido el primer gobierno provisional tras el 25 de abril- había intentado su segundo golpe de estado. Como reacción, la clase obrera consiguió paralizar el golpe y aceleró aún más el proceso revolucionario. El personal de la Radio Club Portugues organiza entonces una asamblea de trabajadores que eligió una comisión revolucionaria, imponiendo la revocabilidad de los cargos “contrarrevolucionarios”.

El conflicto más emblemático es el que se conoce como el “Caso República”, que se convirtió en un hito de la Revolución portuguesa con una amplia con una amplia difusión internacional. El conflicto se remonta a noviembre de 1974. Frente al peligro de cierre de la empresa por el director administrativo, Alvaro Belo Marques, la plantilla eligió a delegados por cada servicio, uno cada quince miembros: dos en la redacción, cuatro para los tipógrafos, tres para la administración, dos para la expedición y uno para los mensajeros.

Finalmente, el 19 de mayo de 1975, los trabajadores gráficos y administrativos del periódico “República” representados por el Comité de Coordinación de los Trabajadores (CCT) deciden realizar un paro y suspender sus funciones, acusando a la dirección de haber transformado el diario en el órgano de expresión del Partido Socialista (PS). La disputa da lugar a acusaciones del PS contra el Partido Comunista Portugués (PCP) de estar promoviendo el conflicto. El conflicto despierta gran solidaridad: el 22 de mayo se realiza una reunión de delegados de los periódicos “A Capital”, “Diario de Lisboa”, “Diario de Noticias”, “Diario Popular” y “O Seculo”, donde se elabora un comunicado para dar apoyo a los trabajadores de “República”.

La historiadora Raquel Varela, explica que la posición del PCP es intentar restarle importancia al caso, justificando que solo se trata de un conflicto laboral, que no debería tener repercusión política dentro de la coalición de gobierno. De esta manera, lo que trataba el PCP era frenar el conflicto, como hizo en el resto de sectores de la economía, para “salvaguardar” la estabilidad del gobierno burgués. Pero, como dijo el militar Melo Antunes del ala moderada del MFA en una conversación con el Primer Ministro británico: “Los comunistas habían sido superados por los trabajadores que se fueron más a la izquierda”. El periódico se cerró hasta el 18 de junio. El 10 de julio, tras la destitución de la junta directiva prosocialista, salió de nuevo a los quioscos.

Estas experiencias, durante la Revolución en Portugal, son tan solo algunas de las múltiples que se pueden encontrar.

Medios de comunicación y capitalismo

Los grandes medios de comunicación como la prensa escrita, TV, radios o grandes compañías que controlan redes sociales -lo que muchos autores llaman “cuarto poder”- evidentemente son grandes generadores de opinión, y son en este sentido armas de diferentes sectores de capitalistas o de los Estados para justificar y defender el status quo.

La “libertad de expresión” en el capitalismo está limitada y condicionada por el negocio lucrativo de la información. A su vez, los partidos del régimen y los empresarios de los grandes medios están íntimamente ligados entre sí. Por ejemplo, en el Estado español, empresas como Atresmedia, Prisa y Mediaset controlan el 58% del mercado de los medios de comunicación, el 60% de la audiencia y el 87% de la publicidad. Mediaset, Atresmedia y PRISA protagonizan una historia de negocios e influencia.

Por lo tanto, la lucha por la libertad de expresión, no puede estar desligada de la lucha contra el control capitalista de los medios de comunicación. Por la autoorganización de los trabajadores de los medios, y por su actividad en común junto a otros trabajadores, movimientos sociales, etc.

En este sentido, y como reflexión más estratégica, es interesante lo que señalaba León Trotsky en su artículo “Si Norteamérica se hiciera comunista”. Allí explica de forma sencilla las ventajas de luchar por el socialismo en Estados Unidos, frente a las mentiras de capitalistas y las deformaciones burocráticas por el estalinismo. Sobre los medios de comunicación, señala:

Nacionalizar todas las imprentas, las fábricas de papel y las distribuidoras sería una medida puramente negativa. Su única razón de ser es la de quitar al capital privado el poder de decisión sobre lo que puede ser impreso: lo que es progresivo o reaccionario, “húmedo” o “seco”, puritano o pornográfico. Norteamérica soviética tendrá que encontrar una nueva solución al problema de la distribución de las posibilidades que brindan las imprentas socializadas y su utilización. Se podría, para comenzar, considerar una representación proporcional, en base a los votos obtenidos durante la elección a los soviets. Así, el derecho de cada grupo de ciudadanos a utilizar las instalaciones de la imprenta dependería de su fuerza numérica; el mismo principio se aplicaría para el uso de los locales de reunión, de la radio, etcétera. De este modo la administración y la política de publicaciones no la decidirían las chequeras individuales sino grupos de personas con las mismas ideas.

Reflexiones como esta, junto con la recuperación de experiencia revolucionarias como la de Portugal, nos permiten pensar también un programa revolucionario hacía de los medios de comunicación. Un que pasa, en primer lugar, por la lucha contra los grandes monopolios de la información, la expropiación de los grandes grupos capitalistas y por garantizar que todo grupo de trabajadores, movimientos sociales o agrupamiento artístico tenga acceso a medios de comunicación públicos. Espacios donde se puedan emitir programas y propuestas creativas, que no respondan a los intereses de las empresas, sino a las de la clase trabajadora y los sectores populares.