A 48 años de la masacre del Jueves de Corpus, es tarea indispensable rescatar tanto las aportaciones del movimiento estudiantil en la lucha por la democratización de las Universidades como de la respuesta a la política de exterminio de opositores, que operó el régimen en esos años.
Lunes 10 de junio de 2019
Se ha vuelto común evocar la matanza del jueves de corpus del 10 de junio de 1971 durante la primera manifestación pública de estudiantes posterior a la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, organizada por el Comité Coordinador de los Comités de Lucha (CoCo) del Politécnico y la UNAM. Es tarea indispensable rescatar tanto las aportaciones del movimiento estudiantil en la lucha por la democratización de las Universidades como de la respuesta a la política de exterminio de opositores, que operó el régimen en esos años.
Existen múltiples evidencias acopiadas a lo largo de casi 5 décadas que muestran la vocación gubernamental para espiar, criminalizar, contener, agredir y asesinar a opositores. La propia creación del grupo de choque de los Halcones que se emprendió desde 1966 por mandato de Corona del Rosal y continuó vigente durante la gestión de Alfonso Martínez Domínguez dan muestra de ello.
Militares estuvieron al frente del adiestramiento criminal de los halcones, el coronel Manuel Díaz Escobar, El Zorro Plateado, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, fue su jefe de operaciones. Él había seleccionado a los 40 mandos para ser capacitados en Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, todos ellos exmilitares, ex integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, grupo de donde surgió el general José Hernández Toledo, mando militar el 2 de octubre en Tlatelolco, y del propio Manuel Díaz Escobar.
Echeverría recibió cada 10 minutos reportes de cómo el grupo paramilitar de los halcones agredía primero con varas de bambú y después con armas largar a los estudiantes el 10 de junio. Las nuevas generaciones tienen atisbos de esos acontecimientos por algunas de esas escenas de los entrenamientos a ese grupo de choque, en la cuchilla del tesoro y de las agresiones a estudiantes en la calzada México - Tacuba que forman parte de la película Roma de Cuarón.
El repliegue del movimiento estudiantil después de 1968, sus nuevos bríos vinieron de los estados
Posterior a la brutalidad de la respuesta de Estado contra los estudiantes en 1968, que no se constriñó a la matanza en Tlatelolco, sino que abarcó desde el ametrallamiento de escuelas, el secuestro de activistas, la desaparición y la puesta en marcha de grupos paramilitares, el uso de la fuerza uniformada para reprimir, hasta la creación de grupos especializados en la guerra sucia como los que conformaron la Dirección Federal de Seguridad.
En ese contexto se produjeron entre los jóvenes de esa época distintas respuestas: una implicó el propio repliegue de organizaciones y de la masa estudiantil en muchas escuelas; otra empezó a gestar una importante disputa en las formas de participación en las escuelas y en la propia definición de los proyectos de Universidad; una más se situó en la respuesta para organizar la disputa armada contra el gobierno ante su política de exterminio de opositores.
Es precisamente en ese marco que van germinando importantes movimientos universitarios que se darían en Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Guerrero exigiendo la democratización de las escuelas.
En Nuevo León se desarrolla de manera creciente, desde marzo de 1971 la exigencia de estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma para exigir una nueva Ley Orgánica que reconociera la constitución de órganos de gobierno paritarios, electos mediante voto universal, directo y secreto al mismo tiempo que se aumentara en 12% el presupuesto que el gobierno destinara a la universidad.
El Ingeniero Héctor Ulises Leal era el rector de la UANL. Había sido reconocido por los alumnos desde enero de 1971, pero las autoridades estatales lo legitimaron hasta febrero del mismo año.
Héctor Ulises estaba de acuerdo, junto con los alumnos, en la reforma de la ley orgánica, por lo que se convirtió en un gran aliado de este movimiento.
Estudiantes, docentes, trabajadores y padres de familia se movilizarían para exigirle al gobernador Héctor Elizondo -ex rector de la UANL- respuesta a sus demandas. No solo fueron ignorados, sino que el gobernador emitió una Ley Orgánica que creaba una Asamblea Popular con priistas, 37 personas de las cuales sólo 3 eran alumnos y 3 docentes, una flagrante violación a la autonomía. Como las protestas universitarias no cedían, destituyó al rector, nombrando a un militar, al coronel Arnulfo Treviño. Los reclamos siguieron creciendo, por ello ordenó ocupar la UANL e ir destituyendo a directores en las escuelas. Sólo 5 de 25 facultades respaldaron sus medidas.
La represión del gobierno llevó a un centenar de estudiantes a prisión, pero como las manifestaciones no paraban y el movimiento conseguía solidaridad de distintos lugares del país, el secretario de Educación tuvo que intervenir y Echeverría ordenó la renuncia del Gobernador y restituir como rector al Ingeniero Ulises Leal.
Eran también las épocas en que los movimientos estudiantiles cobraban tal fuerza y apoyo popular que caían gobernadores y se conseguían modificaciones importantes en la ruta por la democratización y de la implementación de proyectos de escuela opuestos a la alienación gubernamental.
Obligado aprender de las múltiples experiencias estudiantiles para alimentar ruta alternativa
Es precisamente bajo el rescate de los distintos proyectos gestados desde las comunidades universitarias que se hace urgente su revisión y balance ante la actual coyuntura en el México de 2019 en los nuevos escenarios para conseguir poner al servicio de los trabajadores y el pueblo proyectos de educación antineoliberales y anticapitalistas.
En esa ruta se encuentra la actual trayectoria del llamado Congreso resolutivo en el IPN, conseguido con la huelga politécnica de 2014, muy al estilo de lo ganado por el CEU en la huelga de 1987 en el Congreso Universitario realizado hasta 1990.
En ambas experiencias las autoridades buscaron y consiguieron primero el desgaste y la atomización de las organizaciones estudiantiles, para tener Congresos a modo garantizando la continuidad de políticas educativas neoliberales que han venido imponiendo la privatización, la exclusión de las clases populares en el acceso a la educación y proyectos educativos alineados con las políticas de la OCDE y el Banco Mundial.
Las exigencias están a la vista, pues sin hacer claro el proyecto de país que requerimos para rescatar las industrias nacionales, abrir brecha propia frente a la 4ª revolución tecnológica que amenaza con masivos despidos, nueva profundización de la polarización social por la abismal concentración de la riqueza en cada vez menos manos, bajo la creciente simbiosis entre clase política y el puñado de súper ricos que deciden las políticas de Estado.
A 48 de años del crimen de lesa humanidad cometido el 10 de junio de 1971, no basta el clamar: ni perdón, ni olvido. Es obligación rescatar memoria, aprender de lo andado, erigir proyecto alternativo, pues los neoliberales junto al gran capital siguen gozando de cabal salud y sus crímenes siguen en la impunidad.
