El docente suplente es uno de los trabajadores más maltratados del sistema educativo de Mendoza. En él recaen todas las obligaciones, pero no los mismos derechos que un titular.
Viernes 8 de abril de 2016 17:08
Ser docente suplente y precarización laboral han sido desde siempre sinónimos en la tarea de estar frente a un aula. Quien tiene un reemplazo sabe de descuentos, de inestabilidad laboral, de burocracia administrativa, de largas y variadas distancias recorridas al o los lugares de trabajo.
El sistema educativo de Mendoza actúa cruelmente con el profesor o maestro recién recibido (y no tan recién egresado de la facultad o instituto de educación superior). Pueden pasar desde 7 a 10 años con el título abajo del brazo para poder gozar de los derechos que ofrece la titularidad.
El docente suplente cobra dos meses atrasados. Debe empezar su trabajo sin recursos económicos y poner de donde no tiene, dinero para viajes de una o más escuelas a la casa y para fotocopias. Si un trabajador de la educación en esta situación toma una suplencia en marzo, por ejemplo, deberá esperar a mayo para percibir sus haberes que se habrán devaluado aún más por la inflación para esa época.
Tampoco puede enfermarse o tomarse licencia por razones particulares contempladas en la Ley 5811 de licencias, porque se le descuentan del día no trabajado aunque las mismas faltas estén justificadas. Ahora se le suma además el castigo del descuento del Ítem Aula que junto con el anterior existente ítem Presentismo, se le ve disminuido cuantitativamente el salario mensual.
Aún más, este trabajador, no tiene los mismos derechos que cualquier otro que haya superado los tres meses de trabajo, ya que no existe reserva de empleo o reubicación, cesando así su actividad y teniendo que ir a decenas de llamados por año para poder obtener un cargo o dos (o su equivalente en horas cátedras). Los estudiantes gastan “fortunas” en preparar carpetas de antecedentes, además. Y de nuevo empezar a cobrar dos meses después…
De lo anterior se desprende una cantidad enorme de trámites burocráticos: el llevar las constancias de altas y bajas de los servicios prestados en las escuela a Legajos de la DGE porque no se le actualiza automáticamente como al titular, en sacar la nueva declaración jurada que deberá ratificar con presentación de documentación correspondiente porque tampoco se actualiza: sellos de baja de una escuela por aquí, sellos de alta de otra escuela por allá. Además si el trabajador de la educación en este carácter tiene carga familiar, deberá, otra vez, hacer los trámites correspondientes para que le sea nuevamente remunerado. Con el hartazgo de los suplentes y la burocracia administrativa, los Gobiernos de turno han jugado a “ahorrarse” mucha plata en ítems que no son reclamados o son gestionados tarde porque el suplente no sabía que debía realizarlos. Recordemos al respecto que el mencionado salario familiar no tiene retroactivo por una resolución de Francisco Pérez (FpV) en el 2014.
Hablemos de los más vulnerados: los estudiantes en cuarto llamado
Con la nueva Circular 004 de JCMDES del 05 de abril de 2016, los estudiantes que se encuentren haciendo reemplazos tendrán su baja al 31 de diciembre del mismo año en curso más allá del artículo que haya motivado la suplencia. Antes, podían tener continuidad si tenían más de 20 materias rendidas y aprobadas. Asimismo, la circular estipula que “quienes obtengan el título antes del 31/12 podrán presentarlo en Junta Calificadora de Educación Secundaria para actualizar la Constancia de Carpeta Tabulada y se contemplará su situación en el marco de la Resolución de Continuidad correspondiente”. Esta aclaración que en la resolución se encuentra destacada limita doblemente a los estudiantes docentes: primero, tienen que conseguir el certificado de su formación inicial terminada al día 31/12 cuando los últimos llamados a mesas examinadoras del año son iniciando diciembre y es casi imposible obtener el certificado aun habiendo terminado la formación; y segundo, quedando a disposición de una resolución que confirme la continuidad. Tal vez lo destacado para la Junta Calificadora - y con ella, la política de educación pública que se está imponiendo en la provincia- sea una suerte de credencialismo y la evidencia de que en última instancia el poder sigue siendo de unos pocos
Por otra parte, el Gobierno de Cornejo se llena la boca hablando de calidad educativa, pero paradójicamente, a los estudiantes que se presenten a suplencias en cuarto llamado no se les tabularán cursos, ni simposios ni talleres, ni ningún otro tipo de antecedentes. De esta forma, el Gobierno de Cornejo fomenta que el docente estudiante deje de capacitarse y que el desarrollo profesional quede truncado.
Otra cuestión importante es que no se tabulará antigüedad, que históricamente le otorgaba un punto por año trabajado (poniendo en valor la experiencia de una práctica situada), sino que sólo servirá para desempatar en caso de tener la misma cantidad de materias, promedio general o fecha de última materia rendida.
Son los mismos políticos, muchos partícipes de las cúpulas directivas de las instituciones formadoras, los que ven sólo sus intereses económicos y regulan, manejan y precarizan a la clase trabajadora. Son los mismos políticos que ayer criticaban la presencia del SUTE en las juntas calificadoras los que hoy apoyan las condiciones precarias en las que se ejerce la docencia.
Ni ítem aula, ni continuidad laboral para estos trabajadores de la educación que tienen las mismas responsabilidades frente a estudiantes que cualquier otro suplente o titular. Precarización laboral para trabajadores de la educación sustentada en una circular de una junta calificadora. No existe resolución ni publicación en el boletín oficial.
Es hora de unir fuerzas y salir a luchar nuevamente. Esta vez más que nunca estudiantes y trabajadores de la educación unidos por un objetivo común: la defensa de nuestros derechos laborales, el rechazo a las condiciones de precarización laboral que se están instalando en la docencia mendocina. La participación y unidad en la lucha es requisito para darle pelea a esta política de humillación a estudiantes que son docentes porque necesitan mantenerse económicamente, de desmantelamiento de las instituciones escolares y de credencialismo en la formación docente. Resulta necesario visibilizar que la calidad educativa no se resuelve con un ítem aula, ni con la baja a estudiantes docentes desde circulares y decretos arbitrarios. La educación pública y sus condiciones de posibilidad es hoy una bandera de todos los mendocinos.
