Lo llaman sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Será el próximo martes. Reclamarán contra el avance del Gobierno y su intento por criminalizar la protesta.
Viernes 26 de mayo de 2017 17:44
Diferentes organizaciones sociales, políticas y gremiales, se reunieron luego de conocer la notificación de imputación que la Fiscalia de Instrucción Correccional Nº 33, emitió contra legisladores de izquierda y dirigentes sindicales que protestaron activamente en el paro nacional del 6 de abril.
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Todos los sectores coincidieron en que esta decisión no es más que un ataque del gobierno, que pretende imponerse con dureza y autoritarismo, y que con esta imputación se sienta un peligroso precedente para criminalizar y reprimir la protesta social.
Además, otra de las preocupaciones es que para avanzar con este ataque, deben desaforar a los legisladores de izquierda. Esto es calificado como muy grave, ya que se pretende dejar sin inmunidad a los legisladores que están en las calles, acompañando las protestas de los trabajadores y de diferentes sectores de la sociedad. Si el gobierno avanza contra los legisladores del FIT quitándole los fueros, en peor situación estarán todos aquellos que quieran salir a reclamar por sus derechos.
Para repudiar las imputaciones y esta política del gobierno de Cornejo, llaman a un acto el próximo martes a las 11 hs, frente a la Legislatura provincial. Entre las organizaciones convocantes se encuentran, la CGT, la CTA Autónoma, el Sindicato de Prensa, el sindicato de docentes universitarios Fadiunc, Sadop, Sitea, el sindicato de trabajadores gráficos, la Feria Popular de Guaymallén, la agrupación Montoneros, Raíz Popular, Izquierda Revolucionaria, el Frente de Izquierda (PTS y PO) e integrantes del espacio del legislador nacional Guillermo Carmona (FpV).
Los legisladores imputados son Lautaro Jimenez (PTS FIT), Víctor Dávila (PO FIT), Héctor Fresina (PO FIT), entre los referentes sindicales está Guillermo Martinez Agüero (CTA), Raquel Blas y Jorge Chávez (ATE), Jonathan Neira (delegado de Atomo supermercado) y Enrique Jasid, abogado de Derechos Humanos.
