Diputados de distintos bloques recibieron a una delegación de 20 obreros de la empresa alcoholera que se encuentra en conflicto desde hace meses.
Viernes 7 de octubre de 2016
Los trabajadores de la empresa alcoholera Tarcol s.a. ubicada en el departamento de Maipú han hecho pública la grave situación que vienen atravesando desde que los dueños de la empresa decidieron abandonarla. En la misma se produce alcohol vínico, ácido tartárico y aceite de uva. Su producción es destinada principalmente al mercado internacional, aunque también es fundamental en la cadena vitivinícola provincial como insumo de las bodegas para la producción de vinos; y como un último y estratégico eslabón de procesamiento para los orujos descartados por las bodegas y los vinos desnaturalizados por el INV para la elaboración de diversos productos como fertilizantes, combustibles y agua ardiente.
Esta fábrica de la conocida “zona alcoholera” de Maipú, se encuentra parada hace varias semanas debido a las diversas deudas que registran en servicios de electricidad, gas y agua que alcanzan montos millonarios, y la falta de insumos para el tratamiento de la materia prima. Además, los responsables de la firma también adeudan las cargas sociales de sus empleados.
A raíz de la suspensión en los pagos de salarios, aguinaldos y aportes patronales los trabajadores se organizaron para reclamar ante la Subsecretaría de Trabajo a cargo del Dr. Alejandro Jofré. En el ámbito de su competencia se realizaron sucesivas audiencias a las cuales los dueños de la empresa no asistieron, negando el diálogo con los trabajadores y los funcionarios del gobierno. Lo cual demuestra el desinterés en lograr una pronta resolución del conflicto.
Ayer a la mañana, los diputados Jorge Sosa (UCR-Cambia Mendoza), Mario Díaz, Jorge Tanús, Carlos Bianchinelli y Omar Parisi (PJ-FPV), Macarena Escudero y Lautaro Jimenez (PTS-FIT) participaron de una audiencia convocada en la sesión de tablas del miércoles a pedido del diputado Jimenez en la que los trabajadores explicaron que luego de 8 audiencias en la Subsecretaría de Trabajo la empresa continúa sin aparecer, desconociendo incluso las multas que se han puesto por no acatar las citaciones a conciliación. A ellos les siguen adeudando más de 4 meses de sueldo, aguinaldo y aportes patronales, incluso la obra social ha dejado unilateralmente sin cobertura médica a sus familias.
Por su parte, los diputados expresaron su preocupación por la situación que atraviesan estas 70 familias y se comprometieron a impulsar juntos una reunión con las autoridades del poder ejecutivo para que desde el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y la Subsecretaría de Trabajo se acompañe a los trabajadores en las medidas necesarias para proteger las fuentes de trabajo y recuperar la empresa para que vuelva a producir. En este sentido, los diputados presentes remarcaron las experiencias previas de las fábricas recuperadas de Mendoza y la experiencia legislativa previa de apoyo a estas gestiones.
El diputado Lautaro Jimenez explicó que “le solicitamos a los compañeros que nos acerquen toda la información referida a los estados del concurso y la quiebra de la empresa. Los obreros manifestaron su voluntad de no dejar caer la fábrica y avanzar en su organización para poder hacerse cargo de la misma. Pero también se discutió la necesidad de que el ejecutivo acompañe a los obreros tanto financieramente como administrativamente para que puedan normalizar la situación de la empresa a la que hoy le han cortado hasta la luz y el gas. Esta empresa cumple un rol fundamental en la cadena de producción vitivinícola para procesar los orujos y borras de las bodegas y evitar que estos se desperdicien y contaminen. Si se perdiera esta fábrica, este proceso quedaría monopolizado por una sola firma, afectando tanto a estas familias trabajadoras como al conjunto de la economía regional”.
En la audiencia participaron también organizaciones que vienen solidarizándose con los trabajadores como el Sitea, la CTA Guaymallén y el concejal de Maipú, Paúl Lecea (FIT) que explicó que “el compromiso asumido por los diputados de distintos bloques legislativos es un paso importante para los trabajadores. La perspectiva de volver a poner a producir esta fábrica con una gestión obrera sería no sólo una salida para estas 70 familias, sino también un ejemplo importante para plantear que no podemos permitir que se sigan perdiendo puestos de trabajo en nuestra provincia, y que hay que ocupar y poner a producir las fábricas que cierren o despidan a sus trabajadores”.
