Este jueves se votó el presupuesto en el departamento. Ajuste, tarifazo y una cláusula que habilita al Intendente a despedir trabajadores. El FIT votó en contra y los bloques del PJ y la UCR lo aprobaron
Viernes 21 de diciembre de 2018 14:51
Como si la Ordenanza tarifaria y el Presupuesto 2019 no fueran un marco jurídico muy importante, el Ejecutivo Municipal envió los proyectos una semana antes de ser tratados. Por un lado, la tarifaria define la política recaudatoria del municipio y el presupuesto los cálculos de recursos, financiamiento y gastos del mismo. En definitiva, algo que debería ser estudiado con mucha cautela y que al parecer para el gobierno municipal, resulta mucho mejor si no es así.
En general, a pesar de que se trata de un municipio gobernado por el peronismo desde hace 17 años, y por lo tanto, del arco opositor al gobierno nacional y provincial, el presupuesto no se diferencia de los ya aprobados en el Congreso y en la Legislatura.
En la reunión que mantuvimos con los funcionarios del gobierno municipal preguntamos, ya que no está aclarado en ninguna parte del presupuesto ¿Cómo se reparten los recursos entre las diferentes áreas, secretarías y direcciones del departamento? La respuesta fue que eso no es posible saberlo, que eso lo define el Intendente. Una política absolutamente discrecional. Y entonces, ¿cómo puede ser que los concejales votemos a favor de algo que no sabemos con certeza y en su totalidad a qué estará destinado? Desde el bloque del PTS en el Frente de Izquierda, consideramos fundamental saber, por ejemplo ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar a la Dirección de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos? Apenas ingresamos al Concejo Deliberante de Lavalle presentamos un proyecto de ordenanza para otorgar Licencias por violencia de género a las trabajadoras municipales que ni siquiera nos contestaron y nadie debería desentenderse de la situación de vulnerabilidad que atraviesan especialmente las mujeres y niñas de nuestro departamento.
Otra de las preguntas que realizamos en esa reunión, fue la cantidad de personal con el que cuenta el municipio. ¿Por qué no se especifica? La respuesta fue que en planta permanente hay 483 trabajadores, contratados 39, en el Concejo Deliberante 27, Docentes 79 y en contrato de Locación de Servicios no nos pudieron detallar. Sería interesante saber cuántos son, y cómo y cuánto le pagan al personal que tiene contrato por locación de servicio, que ni siquiera se atreven a mencionarlo.
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Por otro lado, si comparamos los sueldos liquidados en el último mes (noviembre), podemos observar que en el Concejo Deliberante se gastó 289mil 449 pesos más que en personal contratado. Esto responde a una política de privilegio que hace que los funcionarios de este HCD cobren dietas que superan los 50mil pesos, cuando un municipal contratado no cobra ni la mitad de la canasta básica. Este es un punto al cual nos oponemos de plano, ya que inclusive tenemos un proyecto presentado hace meses para que todo funcionario cobre como un docente con 26 años de antigüedad, entendiendo que ser representante del pueblo no tiene por qué ser un motivo para llenarse los bolsillos mientras el resto de las familias trabajadoras ven cómo sus salarios cada vez están más por debajo de la inflación.
Como si esto fuera poco, lo más grave aparece cuando observamos el Título IV SUELDOS Y JORNALES, de este presupuesto. El mismo autoriza “al Departamento Ejecutivo a modificar, incrementando o disminuyendo los Sueldos del Personal Municipal, cuando ello fuere de estricta necesidad, y de acuerdo a la situación económico-financiera de la Municipalidad, ajustando las partidas presupuestarias correspondientes en proporción a las modificaciones realizadas”. En palabras más simples, autoriza al Intendente a ajustar los salarios de las y los trabajadores municipales desconociendo los convenios colectivos. Esta autorización para empobrecer aún más a los trabajadores en momentos de crisis, además de ser una brutal, es totalmente inconstitucional ya que viola el principio de progresividad de las leyes, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Lavalle tiene grandes problemas estructurales. Todo el que vive en el departamento conoce el problema de los servicios esenciales como el agua o el gas. En el mismo Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial se mencionan algunos datos sobre esto. La presencia de alta cantidad de arsénico en el agua que la mayoría de la población consume, debería ser una gran preocupación para el gobierno municipal. La concentración de este metal en el territorio pasa el límite establecido por la OMS (0,01 MILIGRAMO POR LITRO). Además de esto, el Agua de Red alcanza el 60% del territorio mientras que el otro 40% se abastece mediante Camiones Cisterna. Y en el caso del gas natural solo tienen acceso las áreas urbanas del departamento.
El problema de la Salud pública, que ha sido uno de los temas más mencionado en los últimos meses, por el fallecimiento de una docente de una forma terrible por falta de atención médica a tiempo no se puede pasar por alto como si nada. Los Centros de Salud que son utilizados por gran parte de la población de las áreas más alejadas, funcionan con escasos recursos y en la mayoría no hay atención médica. El Hospital Sícoli a pesar de ser un hospital que en su momento fue proyectado para atender casos de alta complejidad, ha sido desfinanciado por parte de todos los gobiernos provinciales, desde hace décadas. ¿Qué hizo el gobierno municipal para modificar esto? La respuesta es clara, absolutamente nada.
La situación de la educación pública en el departamento, tampoco es menor. En las escuelas del secano, donde no se puede consumir el agua de red, las maestras denuncian que muchas veces los estudiantes tienen que reducir su consumo, ya que los directivos se ven obligados a recortar el presupuesto para comprar bidones de agua potable porque no les alcanza.
este presupuesto prevé una inflación del 34,8% pero se incrementa un 28%, con respecto al del año 2018, lo cual implica un claro ajuste
A pesar de que sabemos que algunos de estos problemas tienen que ver con un desfinanciamiento en áreas fundamentales que le corresponden a la Provincia, como lo son Salud y Educación, el Ejecutivo Municipal podría en el marco de la crisis que hay, mínimamente tener un plan para pasar a planta permanente a sus trabajadores y que estos cobren un salario no menor a la canasta básica total que hoy en Mendoza está arriba de los 22mil pesos según los datos de la DEIE en diciembre de 2018.
Para el próximo año, este presupuesto prevé una inflación del 34,8% con una recesión del 0,5% pero sin embargo el presupuesto se incrementa un 28%, con respecto al del año 2018, lo cual implica un claro ajuste en concordancia con los presupuestos de cambiemos a nivel nacional y provincial.
Con respecto a la tarifaria, si la inflación estipulada es del 34,8% y el aumento de las tasas municipales es de un 92,6% con respecto a la tarifaria del 2018, ¿No tendrá que ver con que la inflación proyectada está por debajo de lo que realmente puede pasar? Esto es un tarifazo liso y llano que se suma a los gastos fijos que deben incorporar las familias mientras ven cómo aumentan los precios todos los días. Es un tarifazo contra el pueblo trabajador porque se aumenta lo mismo a una familia trabajadora que a los bancos o supermercados que se la llevan en pala. ¿Es realmente justo que Millán, dueño del ATOMO pague el mismo aumento en las tasas que un peón rural, que una docente o que un municipal?
Desde el bloque del PTS en el Frente de Izquierda entendemos que estamos en una situación económica del país crítica con una devaluación superior al 40%, con tarifazos en los servicios públicos de más del 1000% y con una inflación interanual del 51% en Mendoza. Esto implica, nada más y nada menos, que los más indefensos como lo son nuestros niños y niñas, nuestros jubilados, pasen hambre.
Esta situación amerita especiales consideraciones con las familias trabajadoras que sufren el ajuste, pactado por el Gobierno Nacional y el FMI, del cual todos los gobiernos son cómplices. Nuestra propuesta tiene que ver con avanzar hacia un esquema que de vuelta la pirámide impositiva donde paguen más los que más tienen y no al revés, implementando impuestos progresivos a las grandes fortunas que permita financiar planes de viviendas, obra pública, trabajo genuino y más presupuesto para Salud y Educación.