En San Rafael, Alvear y Malargüe sigue vigente la medida cautelar del juez federal Eduardo Puigdéngolas.
Sábado 20 de agosto de 2016
Ayer la Corte Suprema suspendió el aumento del gas para los usuarios residenciales. No obstante, este fallo no rige para San Rafael, General Alvear y Malargüe, porque en estos departamentos sigue vigente hasta noviembre la medida cautelar del juez federal Eduardo Puigdéngolas, por la cual se habían retrotraído las tarifas al 31 de marzo, es decir, antes de los aumentos.
Es necesario recordar que, a pesar de estas medidas judiciales, los usuarios del sur de Mendoza percibieron importantes aumentos en las facturas debido a que sólo se frenó el aumento en el costo del gas en boca de pozo, que es sólo uno de los componentes de la tarifa, mientras los cargos de transporte y distribución aumentaron, así como también los montos fijos.
Para el resto del país, entró en vigencia el fallo nacional, que alcanza sólo a los usuarios residenciales, que representan alrededor de apenas el 30 % del consumo. Mientras, el tarifazo sigue vigente para comercios e industrias, que representan el 70 %. Sin embargo, en términos de cantidad de usuarios, los clientes residenciales representan el 95% del total del país. Como dice Fernando Rosso, “los supremos toman una medida que beneficia a la mayoría de los usuarios directos y terceriza el ajuste que, en un marco inflacionario, comercios e industrias trasladarán a precios.”
La diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, expresó que “se intentó descargar la responsabilidad de este tarifazo en lo que resuelva la Corte Suprema”. Catalogó como ilegítimo al tarifazo “porque es impagable y porque estamos hablando de un servicio público” y a continuación recalcó que “este tarifazo tiene como objetivo elevar las ganancias de estas empresas (distribuidoras de gas), pero no necesariamente provocar un proceso de inversiones”. Finalmente, hizo referencia al proyecto de ley que pretende anular los tarifazos hasta tanto se investigue el destino de los millonarios subsidios recibidos por las empresas concesionarios de los servicios.
