Siguen los ataques del Gobierno nacional a uno de los sectores más vulnerables. Un paneo por los principales problemas que afrontan los menores con discapacidad.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Miércoles 14 de febrero de 2018
En el día de ayer, el portal Nuestras Voces, informó que la Agencia Nacional de Discapacidad dará de baja las pensiones de los menores de edad con discapacidad. El argumento es que “no tienen incapacidad laboral”.
La información publicada por dicho portal indica que un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad dispuso que las pensiones por discapacidad de menores de 18 años serán revisadas caso por caso, y esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”. Por otro lado, los pedidos de pensiones que se encuentren en trámite no serán otorgados, ya que en estos casos “no hay incapacidad laboral”.
Una vez más, el Gobierno nacional ofrece una muestra más de hipocresía. Habla de "inclusión" y hace declaraciones a favor de que "las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente, y tengan sus derechos garantizados", pero cuando se trata de ajustar, siempre lo hace sobre los haberes de quienes menos perciben y en peores condiciones están.
Lo había hecho a mediados del año pasado, cuando decidió recortar y dar de baja alrededor de 170 mil pensiones por discapacidad. En ese momento, la explicación estuvo a cargo de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que había afirmado que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”.
Esta afirmación es, además de una aberración, una mentira. En primer lugar, porque la mayoría de las personas con discapacidad están imposibilitadas de trabajar, centralmente porque este sistema no le brinda las herramientas necesarias, por ejemplo, una buena cobertura de salud en sintonía con sus necesidades que le permita desarrollar una vida autónoma. En segundo lugar, porque el 71% de las empresas no emplea personas con discapacidad, según datos revelados por Adecco Argentina. Ni siquiera el Estado cumple con la ley de cupo laboral que establece que tanto reparticiones estatales, como empresas privadas concesionarias del servicio público deben destinar el 4% de sus puestos laborales a personas con discapacidad.
También el año pasado, el gobierno redujo los aumentos en las pensiones no contributivas (como la pensión por discapacidad) mediante la aprobación de la mal llamada reforma previsional en diciembre pasado.
Días antes de que se aprueba dicha reformal, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) dio a conocer un informe en el que manifestaba que “la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones lleva a menores aumentos de las pensiones no contributivas (…) Actualmente, la pensión no contributiva es de $5.072. Mientras que con la fórmula vigente se obtendría en marzo de 2018 un aumento de $736, con la fórmula propuesta, se alcanzaría un aumento de $286”.
El gobierno, ahora pretende ir por más. Y apunta sus reaccionarias medidas a los más vulnerables dentro de este sector: los niños y niñas con discapacidad.
La dura realidad de los niños y niñas con discapacidad
Según el último Censo del 2010, en Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad (un 12,9 % de la población), de los cuales más de 570 mil son menores de 18 años. A pesar de que estos números deben ser muchos altos, ya que han pasado varios años, siguen siendo una referencia ante la ausencia de otros.
De los niños y niñas con discapacidad quienes peor la pasan son aquellos que pertenecen a hogares de bajos recursos. Por ejemplo, más del 90 % de ellos no tienen acceso a una cobertura de salud que les permita gozar de una calidad de vida acorde a sus necesidades. Un niño con discapacidad sin el tratamiento adecuado está condenado a vivir de adulto una vida totalmente dependiente. Es decir, a no poder vivir solo, a no poder trabajar, a no poder estudiar, entre otras cosas.
Otro dato alarmante es que solo la mitad de los menores de edad con discapacidad que concurren a escuelas poseen algún tipo de integración escolar (ya sea brindada por el sistema educativo o por las obras sociales). Incluir a un niño en un aula, sin disponer del andamiaje necesario que garantice que dicha inclusión sea con integración también es abandonarlo a su suerte. Es condenarlo al aislamiento, a la frustración, a la discriminación y a la burla de sus compañeros. Es condenarlo a que no aprenda o aprenda mucho menos de lo que podría.
Una vez más el Gobierno nacional afecta los intereses de los sectores que menos tienen. Alrededor de $5.000 significan las pensiones para miles de niños y niñas, cuyas madres o adultos a cargo, seguramente no puedan trabajar, o la hagan en forma precaria, por la dedicación que deben brindarle.
Pensiones miserables que no alcanzan ni siquiera para cubrir un buen plan de salud integral para estos niños y niñas, a partir de ahora serán eliminadas.
