UNIVERSIDAD. ¿La universidad de la crisis capitalista o la crisis de la universidad capitalista?

Este mes de enero el Observatorio del Sistema Universitario hizo público su informe sobre la financiación de las universidades públicas, titulado “¿Quién financia la Universidad? Comparación entre Comunidades Autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015”

Dicho informe ha señalado que desde el 2009 hasta el pasado 2015 la financiación pública cayó de media un 28%, mientras el dinero ingresado por tasas académicas subió un 31%. Sin embargo, el incremento de las tasas no ha compensado los recortes en la financiación pública: “en euros constantes, los ingresos totales no financieros de las universidades públicas españolas disminuyeron un 20,2%, ya que el aumento de los ingresos por precios públicos compensó sólo parcialmente la caída de la financiación pública”.

Por otro lado, existen grandes diferencias de financiación entre las distintas regiones. Ya en 2009 “la financiación de las universidades públicas era muy dispar entre comunidades autónomas”, asegura el Informe. No debemos olvidar que casi el 95% de la financiación pública de las universidades recae sobre los gobiernos autonómicos y con la crisis capitalista y los recortes “las desigualdades entre CCAA han aumentado, especialmente en lo que se refiere a la financiación pública y a los ingresos por tasas y precios públicos”.

Los precios de tasas y matrículas por estudiante son más altos en Cataluña (2.123€), Madrid (1.715€) y comunidades como Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón (con cifras entre los 1.500€ y los 1.600€). Entre los precios más bajos se encuentra Galicia, País Vasco o Andalucía, donde el precio no alcanza los 900€.

Esta disparidad de las tasas no guarda relación con la riqueza de cada región. Comparando los precios de matrícula por estudiante en relación con la riqueza de cada comunidad autónoma, el informe destaca a la Comunidad Valenciana como el territorio donde la aportación económica del estudiantado y sus familias es mayor en relación con el producto interior bruto (seguida por comunidades como Castilla y León, Cataluña, Murcia y Madrid). Así, por ejemplo, el estudiantado de la Comunidad Valenciana hace un esfuerzo que es 3,55 veces superior al de Illes Balears o el País Vasco.

Fuente: Observatorio del Sistema Universitario

En definitiva, el informe aporta datos y estadísticas para visibilizar una situación que ya conocíamos: los recortes han afectado profundamente a la universidad y son el alumnado y sus familias quienes han tenido que hacer un mayor esfuerzo económico.

Un modelo universitario en crisis

El informe ha puesto de manifiesto además que la universidad del Estado español está por debajo de la media europea en la financiación pública de sus universidades, aportando tan sólo el 0,96% del PIB, lejos de la media de la OCDE (1,32%) y de la Unión Europea de los 22 (1,27%). Sólo tres países arrojan peores resultados: Portugal, Reino Unido e Italia. El Estado español se acerca de esta manera a un modelo de universidad más elitista como la británica, donde el estudiantado puede llegar a pagar hasta 10.000 libras (14.300€) por sus matrículas anuales.

Fuente: Observatorio del sistema universitario

Debemos entender por lo tanto que el modelo de financiación universitario no es resultado de la crisis económica, sino una decisión política que está recortando el presupuesto público de la universidad y dificultando el acceso a la misma de sectores populares y de la clase obrera. En este contexto se comprende mejor el Plan Bolonia, el 3+2 y el aumento de las tasas. Sin olvidar que las tasas y precios de matrículas afectan especialmente a las personas migrantes que no tienen la condición de residentes o comunitarios, llegando a pagar matrículas a un precio doble, tripe o incluso séxtuple con relación a las tasas que se aplican al resto de sus compañeros y compañeras. Tal como ya señaló el Observatorio del Sistema Universitario en otro informe.

Como ya señalamos en otro artículo, se está ajustando la universidad todavía más a los intereses del mercado laboral capitalista y de las empresas. Los grandes partidos del Régimen del 78, el PP y el PSOE, han sido los ejecutores de estas políticas con la total connivencia de la casta universitaria (rectores, vicerrectores, decanos, catedráticos, etc.).

Con la modificación del artículo 135 de la Constitución, en agosto de 2011, se dio prioridad al pago de la deuda frente a la financiación de servicios públicos. Un año después, en agosto del 2012, un decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy cambió el sistema que fijaba el precio de las matrículas universitarias estableciendo que los alumnos paguen en función de lo que cuesta su titulación, lo que allanó el terreno para que los gobiernos autonómicos aplicaran los desorbitados aumentos de tasas.

El rol de Podemos e IU lejos de cuestionar esta situación ha supuesto más bien una adaptación, apoyando a gobiernos autonómicos del PSOE, como en el caso de Aragón, donde se acaban de aprobar en el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza unos presupuestos continuistas para 2018.

Así observamos que la universidad actual, lejos de dirigirse a ser un espacio abierto, democrático y crítico, donde se desarrolle el conocimiento para transformar la sociedad -como sostienen algunos de sus defensores-, se dirige aún más hacia un horizonte de elitización y total subordinación a los intereses empresariales.

La economía capitalista mantiene un precario equilibrio a base de recortar el gasto público y precarizar los puestos de trabajo, intentando mantener la tasa de ganancia. Una situación que es más que evidente en una economía como la española, que genera escaso valor añadido, donde el desempleo es un problema estructural y el sector servicios, sobre todo la hostelería, ocupa cada vez un mayor protagonismo.

En esta atmósfera la tendencia a la rentabilidad va arrinconando al interés social y la universidad, como otros servicios públicos, está en el punto de mira de los ataques. Los intereses del capital chocan frontalmente con la universidad pública ya que no precisa de una gran cantidad de personas con grandes conocimientos, sino de una limitada cantidad de mano de obra intelectual con capacidades específicas y tareas particulares en el proceso económico de producción y circulación.

Este escenario explica las medidas de privatización de áreas de la enseñanza hasta el límite de su funcionalidad, la profundización de la hiperespecialización de los estudios universitarios o la destrucción directa de medios educativos, generando así una menor cantidad de titulados.

Unas políticas que ocasionan la precarización y proletarización del trabajo intelectual debido a que la oferta de fuerza de trabajo cualificada no es cubierta por la demanda de las empresas, acarreando la frustración de una juventud lanzada a una carrera por aumentar los títulos y el currículum sin terminar de salir de la precariedad laboral o el desempleo.

Así se entiende que buena parte de las personas tituladas no sólo no trabajen en un puesto de trabajo acorde con su formación, sino que directamente ni se planteen enfocar su búsqueda de empleo en esa dirección. O situaciones en las que muchas personas optan por estudiar un grado de Formación Profesional (FP) incluso tras haber finalizado una carrera universitaria y su correspondiente máster, porque ven mayores perspectivas de obtener un empleo. Es el tipo de formación que está demandando el capital: algo cualificada, pero muy especializada en un área concreta.

La salida al extranjero de una parte importante de la juventud en busca de una vida mejor termina siendo otra alternativa, tratando de conseguir si es posible un puesto de trabajo que se corresponda con su formación, aunque en muchas ocasiones se termine cayendo en una nueva situación de precariedad. Porque si bien hay países que tienen más demanda de fuerza de trabajo cualificada, como Francia, Alemania o Reino Unido, también su modelo económico y universitario vive este tipo de contradicciones.

No interesa por lo tanto que amplios sectores sociales ingresen en la universidad ya que, en primer lugar, supone un gasto social que no se quiere asumir: un coste en infraestructuras, en profesorado, en becas, etc. Pero, en segundo lugar, porque se origina una capa intelectual que vive en la precariedad o el desempleo, lo cual puede generar una profunda conflictividad social como ocurrió en las revueltas estudiantiles y sociales de finales de los sesenta y setenta.

En defensa de una universidad pública, verdaderamente laica y totalmente gratuita

Debemos hacer frente a esta universidad-empresa, de recortes y elitización, destinada a proporcionar un conocimiento cada vez más estrecho y enfocado a un mercado laboral donde la juventud se vende a un precio cada vez más bajo. No es nuestro modelo, creemos que la universidad debe ocupar otro lugar en la sociedad, un espacio democrático donde pueda participar activamente la juventud y que esté al servicio de los intereses de la clase trabajadora y la mayoría de la sociedad.

Para tal fin debemos llevar a cabo una absoluta transformación de la universidad, luchando por la total gratuidad y para todas las personas. Es un mínimo democrático básico. Además de un sistema de becas para que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan cursar sin problemas los estudios superiores.

Frente al despilfarro neoliberal del gobierno del PP y los gobiernos autonómicos, la educación, al igual que otros servicios públicos debe ser una prioridad. Recordemos que el rescate bancario ha costado a estas alturas más de 62.000 millones de euros, de los que cuales 40.000 ya se dieron por perdidos por el Banco de España hace unos meses. Y sólo en 2017, el pago de la deuda contraída con las entidades financieras y especulativas supuso más de 32.000 millones de euros.

En las últimas semanas también pudimos conocer que el gobierno del PP se ha comprometido con la OTAN a aumentar en un 80% su gasto militar para 2024, lo que supondrá un coste de 18.000 millones de euros.

No es una locura, por lo tanto, exigir que la financiación pública aumente hasta garantizar una educación universitaria pública y totalmente gratuita, porque existen recursos económicos suficientes que además podrían aumentar aplicando mayores impuestos a las grandes fortunas. Tan sólo las cien personas más ricas del Estado español amasan fortunas por valor de 158.700 millones de euros, tal y como hizo público el año pasado la lista Forbes.

Además, es preciso levantar la consigna por una universidad verdaderamente laica, donde no se permitan acuerdos ni privilegios con la Iglesia católica, caracterizada por sus posiciones homófobas y machistas. Unos privilegios y acuerdos que hoy se traducen en mantener capillas y simbología religiosa, o convenios que posibilitan a la Iglesia obtener espacios físicos y de cátedra dentro de la universidad pública.

Por otro lado, las universidades privadas han tenido un gran crecimiento en las últimas décadas, algo que va en la línea del proceso de elitización que ya hemos comentado. En 1990 había cuatro universidades privadas, hoy existen 33 centros y suponen el 40% de la oferta universitaria, siendo el 65% católicos. Centros que por su propio carácter son elitistas, exclusivamente reservados a estudiantes y familias ricas, debido a sus precios privativos.

De esta manera debemos luchar por una universidad totalmente pública, laica y gratuita, que garantice el acceso a la juventud y a la clase trabajadora, sea nativa o extranjera. Es necesario construir un movimiento estudiantil organizado en asambleas de base y combativo, capaz de llevar adelante estas demandas democráticas básicas. Un movimiento que revolucione la universidad, en alianza con la lucha de las mujeres y la clase obrera, para ir “de la crítica de la universidad de clase, al cuestionamiento de la sociedad de clases”, como decían hace 50 años los estudiantes del Mayo Francés.