PRESUPUESTOS. Menos inversión del Gobierno central y recortes desde la Xunta, la receta del PP para Galicia

El gobierno central se niega a pagar 300 millones de euros a la Xunta mientras no se aprueben los presupuestos del 2018. Además, desde el 2013, la inversión real del Estado central en Galicia ha ido disminuyendo, a la vez que la Xunta realizaba grandes recortes en Sanidad y otras partidas, al asumir la mayor parte de la carga de reducción del déficit.

Esto ha provocado la protesta de varios líderes autonómicos, no así de Feijóo, que parece restar importancia al tema y ha sido acusado por la oposición gallega de seguidismo a la dirección central del Partido Popular. No es de extrañar esta actitud del gobierno gallego, que lleva actuando desde el 2009 como simple correa de transmisión de la agenda recortadora del gobierno central y la Unión Europea del capital.

Desde los 2000 hasta el inicio de la crisis los Presupuestos Generales del Estado para Galicia fueron aumentando gracias a las enormes inversiones en el AVE. Los presupuestos del 2017 bajaron un 32%. Sin embargo, la caída es aún mayor si consideramos la inversión real en vez de las cantidades presupuestadas.

¿Qué es la inversión real? Es la cantidad que efectivamente se gasta, con posterioridad a la aprobación de los presupuestos. El gobierno central elabora cada año una memoria en la que explica las actuaciones de la Administración General del Estado en cada una de las comunidades autónomas. La última referente a Galicia contiene datos correspondientes a 2016. Hay una reducción del 60% entre 2013 y el 2016. El grueso de la caída responde a Fomento, responsable de financiar el AVE, de 1.300 millones de inversión real en 2013 pasó a menos de 300 en 2017.

Así, las pequeñas subidas presupuestarias no tienen verdadera importancia si las comparamos con la inversión real en la comunidad gallega. Entre 2013 e 2014 la cantidad presupuestada por el Gobierno de España para Galicia ascendió un poco, un 4%, mientras las inversiones reales caían casi un 20%. Lo mismo ocurrió desde el periodo electoral abierto en 2014.

Esta reducción de la inversión real se debió principalmente a la parálisis de algunos tramos más complejos del AVE a Madrid a la altura de la provincia de Ourense. Mientras el PP prometía durante el periodo electoral que los trabajos se acabarían en 2018, lo que era imposible, lo cierto es que redujeron la inversión 1.367 millones presupuestados y 698 millones invertidos, según datos oficiales del Gobierno de España.

El presupuesto del Estado central para Galicia para el 2017 bajó a menos de 1000 millones de euros, un dato que no se observaba tan bajo desde 2004 a finales de la legislatura de Aznar. Habiendo superado los 2000 millones entre los años 2008 y 2010en el gobierno socialista y antes de comenzar los graves recortes sociales derivados de la crisis económica capitalista. Pero la inversión real no llegó a los 300 millones.

Conociendo la brecha existente en los últimos años entre presupuesto y realidad, probablemente tanto la cantidad presupuestada, como la inversión real para el 2018 vaya a ser incluso menor, produciéndose un mayor recorte. Para el 2018, aún no hay presupuesto aprobados, pero el gobierno central ya está chantajeando con pagar tarde y mal. No solo a Galicia, a la que debe más de 300 millones, también a otras comunidades como Cataluña, que como enunciábamos en otra nota pierde 780 millones, en lo que parece un castigo a su pueblo por seguir manifestando su voluntad democrática.

Pero si analizamos los datos desde 2013 a 2017, vemos que la mayor parte del dinero invertido fue en Fomento, y en las obras del AVE, mientras que otras partidas reciben muy poca financiación. Bajan todas las partidas del 2016, con respecto al año anterior, excepto economía y agricultura, que suben ese año. Estas dos partidas vuelven a bajar en 2017. En Sanidad, por ejemplo, para el año 2016 se invirtieron unos míseros 40000 euros. Lo cual se explica en parte porque las competencias están asignadas a la administración autonómica.

Sin embargo, esos mismos años comprobamos como el SERGAS y la Xunta no compensaban esa bajada, aplicando graves recortes sanitarios, que se saldaron con la muertes de 6 personas por Hepatitis C, cuando podían haberse curado, en un caso en el que Feijóo fue imputado. Así como recortes de personal y reducción de la calidad del servicio.

Todos estos años, el gobierno central ha priorizado la construcción de un sistema de transporte para ricos, que no incluye el transporte de mercancías, al desarrollo de un tejido industrial productivo, o a la verdadera mejora de la calidad de vida de la población. Ni siquiera el desarrollo de infraestructuras ha sido ni mucho menos completado, al estar estancadas muchas de las obras, y quedar muchas zonas, menos pobladas fuera de los grandes proyectos de inversión. Pero se llenan la boca de buenas palabras y dicen que todo este esfuerzo traerá beneficios económicos a medio plazo.

Resulta irónico, pues no vemos ninguno de esos “beneficios” para el pueblo trabajador de semejante derroche de dinero. Para empezar, el tramo de AVE de Ourense a Santiago se inauguró en 2011, y debido a deficiencias tuvo que reducirse la velocidad a menos de 200 km/h, por lo que se llamó de velocidad alta, y no de “alta velocidad”. Suficientemente alta para que murieran 80 personas en el accidente de Angrois en 2013, después de haberse detectado graves fallos de seguridad, como la ausencia del sistema de frenado homologado a nivel europeo ERTMS, en una curva difícil.

Un cuento que ya nos suena, como el de la concesión de la Autopista del Atlántico, a cargo de Audasa durante las últimas 3 décadas y hasta 2048, con continuos aumentos en el peaje. Y que dejó un trabajador muerto y varios heridos en la obra de ampliación del puente de Rande el pasado Julio. Mientras tanto, se producía una huelga de autobuses, que acabó con un acuerdo salarial, pero que redujo considerablemente la calidad del servicio, y deja en duda el destino de muchos trabajadores, a los que se les obliga a realizar una subrogación a otras empresas.

Por otra parte, cabe destacar que la financiación directa estatal sólo supone una parte de los ingresos que recibe Galicia. En el sistema de financiación autonómica, el gobierno estatal cede a las autonomías la mitad de la recaudación del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Así, Galicia tendría una financiación de 7.094 millones de euros para 2018, al prorrogarse los presupuestos de 2017. La política del gobierno del Estado español consiste en cargar sobre las autonomías los costes de los servicios sociales, mientras así de esta manera cumple con sus objetivos de déficit.

Así, la Xunta de Galicia se vio “obligada” a hacer recortes en su servicio se salud, el SERGAS, aplicando graves recortes, que se saldaron con la muertes de 6 personas por Hepatitis C, cuando podían haberse curado, en un caso en el que Feijóo fue imputado. Así como recortes de personal y reducción de la calidad del servicio, y una progresiva privatización de los servicios hospitalarios, de la que el hospital Alvaro Cunqueiro.

Todo esto en un contexto en el que la propia Xunta reconoce que el número de personas que reciben una ayuda para sobrevivir está en máximos históricos, superando los 10000 por 3 años consecutivos (sin incluir aquellos que solicitan pero nunca llegan a recibir la ayuda), así como continúa el goteo interminable de la emigración y el paro mantiene niveles similares, con cada vez mayor empleo precario.

Sumado esto al expolio del medio natural en Galicia favorecida por la nueva legislación autonómica, que pone en peligro el empleo y la salud de miles de personas. Se ha demostrado que el gobierno gallego está dispuesto a vender a precio de ganga la tierra, permitir un gran índice de precariedad y siniestralidad laboral y realizar brutales recortes en servicios públicos.

Contra esta situación no queda otra que la movilización social, de la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la sociedad. Algo para lo que es necesario que las direcciones de los principales sindicatos llamen a la huelga general. Es indispensable también oponer, frente al ajuste y la rebaja de las condiciones de vida, un programa obrero y popular que pase por el reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial, y la expropiación sin indemnización de los sectores estratégicos de la economía por parte de los trabajadores y usuarios, entre otras medidas sociales.