Menos recursos para Salud, Educación, Infancia y Obras públicas este 2018

El pasado 25 de mayo, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín –el mismo que hace unas semanas protagonizó un escándalo político por ir a una reunión de ex alumnos de la Universidad de Harvard con recursos fiscales-, presentó el Decreto 651 en el marco del plan de austeridad que el Gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado con la excusa de subsanar la crisis financiera que dejó el periodo de Michelle Bachelet.
El Decreto presentado a la Contraloría general contenía reajustes y reducciones de presupuestos en todos los ministerios. Algunos de los recortes más inquietantes que se presentaban en el Decreto estaban en materias de salud y educación. Fonasa, por ejemplo, reduciría su presupuesto en 115.600 millones de pesos, y la cartera de Salud recortaría un total de 126.303 millones de pesos. El Sename, que también estaba presente en el bullado Decreto, constituía un recorte de 3.922 millones de pesos. Además, entre la Junji y la Junaeb sumaban en total 11.352 millones menos para el presupuesto.
Sin embargo, el documento no pasó desapercibido y no ha estado exento de polémicas y desacuerdos. El lunes 18 de junio la Dirección de Presupuesto (Dipres) decidió retirar el decreto presentado por F. Larraín para hacerle modificaciones después de recibir “múltiples observaciones” desde los distintos ministerios y servicios.
El oficialismo no ha claudicado en su política de austeridad y recortes fiscales, buscará modificar el Decreto para presentarlo nuevamente a la Contraloría General de la República, sin modificar la reducción de 1.100 millones de pesos del presupuesto fiscal del año 2018, que se extenderá por los 4 años del mandato de Sebastián Piñera.
¿Qué esconde el plan de austeridad de Piñera? Desde el PS (Manuel Monsalve) se criticó el rol del ministro de Hacienda, por considerarlo “desprolijo”, la DC (Pablo Lorenzini) declaró que “es inconstitucional, eso no se puede, por algo hacemos Ley de presupuesto”. Sin embargo, hasta hoy ningún miembro del parlamento, incluyendo al Frente Amplio, que ha trabajado en la mesa de infancia del Gobierno, ha rechazado abiertamente el recorte fiscal que Piñera impone sobre las carteras de Salud, Educación, Infancia y Obras Públicas, entre otras.
La justificación del Plan de austeridad del Gobierno es el financiamiento de sus iniciativas tales como: el acceso a las salas cunas universal para los trabajadores y trabajadoras, disminuir las listas de espera en la salud pública, avanzar en el financiamiento de la Gratuidad, financiar el aumento de 25% a los centros del Sename y financiar su regulación migratoria. Pero, suena contradictorio que el mismo Decreto que reducirá en más de 100 millones el presupuesto de Fonasa, el mismo que recortará más de 200 millones el presupuesto del Ministerio de Educación, sea, al mismo tiempo, la medida que solucionará los problemas de salud, educación, vivienda, infancia, entre otros.
Nada se menciona de los abultados sueldos de los parlamentarios, nada se menciona de los grandes negocios de la salud y la educación, nada se menciona del lucro y, por supuesto, nada se menciona de las millonarias empresas subsidiarias de los partidos políticos del régimen, como Penta o SQM; recursos que podrían garantizar la educación gratuita universal y con financiamiento integral a las instituciones de educación pública, o un sistema de salud de calidad y gratuito para todas y todos los chilenos, e incluso, la sala cuna universal, pero gratuita y obligatoria para cualquier empresa que contrate al menos a una mujer.
Pero, mientras Piñera reduce gastos a costa de la educación, la salud, el Sename, las obras públicas y más, la oposición ha salido a discutir tibiamente, a cuestionar la legalidad del documento, sin romper efectivamente con el oficialismo. El Frente Amplio, por su parte, participa colaborando en las mesas de trabajo de la infancia, mientras Piñera anuncia recortes en la misma salud a la que acuden miles de niños, mujeres y jóvenes de los más pobres y vulnerados de la sociedad. El oficialismo derechista amenaza con un recorte millonario a la educación y los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson no cuestionan ni buscan movilizar a miles en las universidades y colegios en defensa de la educación pública. Parece ser que los diputados frenteamplistas que salieron de las calles durante el 2011 hoy prefieren trabajar con la Derecha y buscar maquillar una que otra reforma, en lugar de organizar a miles por la defensa de los derechos de todas y todos.
Negocios con recursos naturales como el cobre, el litio, las forestales, etc., enriquecen a diario a un puñado de empresarios que azotan a miles de trabajadoras y trabajadores para lograr sus envilecidas ganancias, pero, ¿para garantizar la gratuidad debemos reducir el presupuesto del Mineduc? Los diputados y senadores tienen sueldos millonarios y regalías indecentes que suben sin escrúpulos, escudados en su “labor”, pero, ¿para financiar la salud debemos reducir el presupuesto de Fonasa? Suena a un chiste o una pesadilla para un país con una “economía emergente”, suena irrisorio para un país que explota recursos naturales valiosísimos.
La solución a los problemas sociales que viven a diario miles de chilenas y chilenos no se subsana con recortes fiscales, todos los parlamentarios deben ganar lo mismo que un trabajador calificado y no esos obscenos y millonarios sueldos mientras el sueldo mínimo de un trabajador no alcanza ni siquiera los 300 mil pesos. Mientras las ganancias producidas por los recursos naturales sigan quedando en manos de unos pocos, ningún recorte fiscal permitirá que obtengamos los más básicos derechos sociales que año a año se nos han negado. Iluso sería creer que esto lo ganaremos dialogando con la Derecha, solo la organización y la lucha por nuestros derechos en los lugares de estudio y trabajo nos llevarán a poner en jaque al Gobierno de Piñera.