Ayer terminó el juicio en el que el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín juzgó a los agentes del Servicio Penitenciario por torturar en 2011 al joven detenido en el penal de Marcos Paz. Pocas penas y absoluciones para los ejecutores de un caso aberrante.
Celina Tidoni Abogada del CeProDH Rosario
Miércoles 17 de junio de 2015
Juan Pablo Martínez recibió nueve años y seis meses de prisión, mientras que Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza fueron condenados a ocho años y medio. Por su parte Juan José Mancel recibió una pena de dos años y medio "en suspenso" por omisión de denuncia. Juan Fernando Morinigo, Ede Martín Vallejos y Javier Enrique Andrada, acusados de "torturas agravadas", fueron absueltos.
Brian Oscar Núñez tenía 20 años cuando fue torturado física y psicológicamente por agentes del SPF en julio de 2011 en el Complejo Federal de Detención de Jóvenes Adultos (Unidad 24) de Marcos Paz. Fue en respuesta a que había pedido ver el partido de Argentina en la Copa América. Es la primera vez que la justicia federal condena por torturas en democracia. Pero la impunidad se mantiene ante penas tan bajas por delitos cometidos por el propio Estado.
Martínez, Andrada, Cóceres y Meza golpearon con el puño y pegaron bastonazos, puntapiés y pisadas en el rostro, pies, piernas y tobillos de Brian mientras se hallaba esposado. Luego, el joven fue arrastrado hasta las duchas de agua fría donde lo amenazaron y lo rozaron sobre la ropa en la región anal con el bastón reglamentario.
Un nuevo caso testigo, que dejó al joven con dos fisuras en el pie derecho y una en el pie izquierdo, traumatismo encéfalocraneano, de tórax y abdomen, escoriaciones y hematomas faciales. Pero además de ello con una marca enorme en la memoria por aquellos hechos, en él y en su familia que viene luchando desde el primer día por que se haga justicia.
Este caso escandaloso evidencia, una vez más, la situación de las cárceles del país y la impunidad que se mantiene desde la Justicia. El mismo Estado es responsable de delitos gravísimos, sancionados por tratados internacionales e incumplidos descaradamente todos los días contra quienes se cuentran privados de su libertad.
Además el caso de Brian Núñez pone en evidencia el carácter de clase de la justicia, que aplica penas de hasta 15 años por delitos contra la propiedad mientras en casos como éste, con funcionarios públicos directamente implicados, la pena maxima impuesta es de nueve años y medio.
Es decir que para la Justicia merece ser castigado con mayor fuerza un robo que un atentado contra la integridad física y moral de una persona, poniendo de manifiesto la política del Estado de criminalizar la pobreza y la desigualdad.
No es un penitenciario, es toda la institución
Vallejos, uno de los imputados, confesó durante la indagatoria haber sido testigo de los hechos y además dijo que modificó los libros de actas tras haber recibido amenazas de Martínez para que no dijera nada. También Juan José Mancel y Juan Fernando Morinigo omitieron hacer la denuncia.
Durante el juicio se escuchó a los imputados elegar que “cumplían con su deber”. Efectivamente, eso hicieron. Estos penitenciarios actuaron como siempre, reprimiendo y denigrando a los detenidos.
“Nosotros somos los buenos”, decían. Y efectivamente para el Estado cumplen ese rol, el de los “buenos” que mantienen a raya al pueblo pobre que atesta los lugares de encierro.
“Yo soy de corazón gris”, dijo uno de ellos, haciendo alusión a que es de familia de penitenciarios, alardeándose de defender los valores morales de la “institución”.
Así se palpaba en el aire del juicio. Aire de impunidad que se sigue reproduciendo y afianzando en esta “democracia” que lleva más de 30 años.
