De acuerdo con el más reciente análisis emitido por el Monitor de Sequía de México, perteneciente a la Conagua, al menos 47% del territorio muestra condiciones se sequía, por lo que se emitió una alerta en el Diario Oficial de la Federación, sobre todo para los estados en el norte, sin embargo las grandes industrias no han resentido la falta de este recurso.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Lunes 18 de julio de 2022
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación ante las condiciones de sequía que prevalecen en al menos 47% del país, las entidades que presentan mayores afectaciones son Aguascalientes, Baja California y Sonora debido a que el 100% de sus municipios presentan algún nivel de sequía. Bajo este mismo estándar, le siguen Coahuila, Chihuahua y Querétaro con más del 94% de sus demarcaciones políticas.
Ante esta situación la dependencia alertó sobre diversas afectaciones a sectores primarios como la agricultura, ganadería, entre otros. La declaratoria de emergencia comienza este 13 de julio, un día después de la publicación en el DOF, este martes 12 de julio y busca regular acciones de los titulares de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
Reporte de Conagua sobre la sequía meteorológica en México. Estado al 30 de junio del 2022:
32.35% del territorio sin sequía ni condiciones secas
20.17% del territorio en condiciones anormalmente secas
47.48% del territorio en condiciones de sequía. pic.twitter.com/uTgdy6kCkv— Eduardo Guevara (@_EGuevara) July 5, 2022
Una de las ciudades que viene resintiendo esta situación desde hace meses es Monterrey, donde la población ha tenido que subsistir con cortes diarios del suministro y abastecimiento solo 6 horas al día, que incluso ya llegan a zonas residenciales, haciendo que analistas consideren que la ciudad ya alcanzó el "día cero", o la fecha en la que los recursos hídricos se han terminado.
Expertos en climatología señalan que esta situación se debe a factores físicos como la crisis climática producto del aumento de temperaturas globales y que muestra también estas condiciones de sequías a lo largo del planeta, como en Europa donde la soleadas de calor extremo e incendios forestales han puesto en alerta a las poblaciones. A su vez la sequía en México se explica con el fenómeno "La Niña" que ha estado presente en el país los últimos tres años y ha ocasionado menor cantidad de lluvias, sobre todo en los estados del norte.
Monterrey: el sector empresarial no resiente la sequía
José Antonio Ordoñez Díaz, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó en una entrevista para la BBC, que si bien las consecuencias de la crisis climática es la menor disponibilidad de lluvias, lo cierto es que en el país existe un acaparamiento real del agua por parte de la minoría más rica.
El investigador señaló que las concesiones de agua a empresas privadas extraen 1.600 litros por segundo, según la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, no han sido afectadas por la sequía que se vive en el país, ni siquiera en la ciudad de Monterrey, que siendo uno de los grandes polos productivos de México, donde se concentran grandes actividades agrícolas, pecuarias e industriales en una zona que desde hace años mantenía un estrés hídrico, resulta preocupante que esos corredores industriales no cuenten con ningún plan de tratamiento de aguas residuales.
Ante esto, los gobiernos, tanto el estatal, como el federal, optan por cortar el suministro a la población en general, pero a las empresas que son las que más consumen agua "nunca se les ha cerrado la llave", por lo que estamos hablando de un grave conflicto de intereses, señaló.
Sequía o saqueo
Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en México, la distribución y acceso al agua debe entenderse no sólo desde el ámbito natural, sino también desde el social y político, pues la apropiación y privatización del recurso exacerban los problemas de escasez de agua para uso doméstico.
Por tanto, no es casualidad que donde más falta el agua es donde más proyectos extractivos hay, mientras que para las y los trabajadores y comunidades originarias este problema no se limita a la falta del recurso, sino también, que la cantidad de agua potable y de calidad se reduce por la contaminación generada por las actividades humanas e industriales.
Por otro lado, para las comunidades originarias, este problema no se limita a la falta de agua, pues en su proceso de lucha para defender sus fuentes de vida se enfrentan a diferentes tipos de violencia, injusticia y degradación a sus territorios.
Según datos de Andrea Moctezuma, investigadora y académica de la UNAM, a partir de la Ley de Aguas establecida en 1992, aproximadamente, 7% de las concesiones en México usan 70% del volumen de agua, concentrando su uso en 75.72% a la agricultura, 14.4% para el abastecimiento público, 4.9% para la industria y 4.7% para la energía eléctrica.
De estos usos, 3 mil 304 usuarios privados, a quienes la Conagua (Comisión Nacional del Agua) les otorgó concesiones por más de un millón de metros cúbicos, esto quiere decir que tan solo 1.1% de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional, y estos negocios están en las manos de los empresarios más poderosos del país; entre ellos Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, entre las mineras destacan la canadiense GoldCorp y Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Es así que mientras es legal la extracción y sobreexplotación de los recursos hídricos del país a costa del medio ambiente, -como vimos con los desastres industriales del río Sonora-, le es negado el acceso y gestión de este recurso a la mayoría de la población. Y se generan enormes ganancias que continúan llevándoselas las grandes empresas, a costa de las vidas de miles.
Ante los reclamos y protestas de pobladores que necesita el agua para el consumo personal y la subsistencia de sus sembradíos, el gobierno, ha usado a las fuerzas armadas para desalojar y reprimir el descontento. Mientras tanto, el gobierno chihuahuense continúa actuando como el protector de las ganancias de los capitalistas a lo largo de más de 30 años.
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