Diversas organizaciones de Derechos Humanos indicaban que hasta abril de 2015 había poco más de 25 mil desaparecidos y los números siguen en aumento.

Andrés Aullet Abogado y maestro en Derechos Humanos
Jueves 30 de julio de 2015
La alternancia demostró ser un pacto de los partidos del régimen, que dio lugar al retorno del PRI a la presidencia, con el fin de continuar con la política de subordinación y entrega de los recursos estratégicos del país y mano de obra barata al imperialismo.
En el régimen “democrático” a lo largo de casi nueve años de “guerra contra el narco”, el número de desaparecidos es similar al que existió en países donde los trabajadores sufrieron dictaduras abiertamente contrarrevolucionarias como en Argentina y Chile.
Estamos ante una democracia militarizada, que reprime y viola derechos humanos. Es claro que la democracia del Pacto por México no es una dictadura militar, pero en México son justamente las formas democráticas –el Estado de derecho y los “marcos de la legalidad” – las que permiten al Estado mantener una política de militarización y paramilitarización, que pretende generar terror y apaciguar el descontento ante los planes de entrega, las privatizaciones y los saqueos.
El autoritarismo y las reformas no vienen separadas
Muchas organizaciones de Derechos Humanos señalan que lo que se vive en México es una crisis humanitaria debido a la violación generalizada de los mismos.
Estamos ante un escenario donde las ejecuciones extrajudiciales, los cientos de casos tortura y detenciones ilegales, el encarcelamiento de luchadores sociales, las órdenes de aprehensión contra dirigentes campesinos, indígenas o sindicales por delitos no cometidos, las desapariciones y la militarización tienen implícita una política de control social, que buscar garantizar estabilidad a los intereses del imperialismo y el gran capital.
El objetivo es avanzar en el saqueo de recursos, despojo de tierras y en la apropiación de sectores estratégicos como los hidrocarburos, los minerales, el agua, así como con la privatización de la educación, salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), como hoy hacen con Pemex.
Las reformas estructurales y el saqueo con militares en las calles
El impune asesinato de jóvenes de Zacatecas, el asesinato a sangre fría de menores en Ostula a manos del ejército y el despliegue de más de 3 mil elementos de la marina, militares, gendarmería y policías del Estado de Oaxaca buscan liquidar cualquier brote de resistencia y organización a los planes y como medidas aleccionadoras.
Esto es la muestra clara del escenario postelectoral señalado por muchos: mayor autoritarismo, represión y la puesta en práctica de las reformas. Ésta es una democracia que sólo lo es para acordar los planes antiobreros y antipopulares, y que gobierna con el ejército y la represión en las calles.
La campaña macartista y draconiana en contra del magisterio está enmarcada en este escenario. Una dura campaña de desprestigio al magisterio para cerrar la pinza, por un lado con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) como parte de la reforma educativa y laboral en el sector y restar fuerza al sector más combativo del magisterio, y por otro lado, militarizando al estado de Oaxaca bajo el pretexto de la búsqueda del Chapo.
El doble discurso del régimen y la burguesía mexicana respecto a la educación es patente. Mientras dicen defender los derechos de los niños, miles de estos en comunidades en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán y que ni si quiera cuentan con el mínimo de condiciones para ser instruidos en escuelas de calidad, pues los profesores tienen que impartir clase después de caminar kilómetros por la sierra, debajo de un árbol o en chozas sin piso de cemento.
Esto es una la violación a los Derechos Humanos de los niños y los profesores, muestra de que en realidad detrás de este discurso hay un ataque a la educación y a los derechos laborales del magisterio.
Esto ocurre en tanto los ejecutores de la reforma gozan de toda impunidad, llenándose los puños de dinero con los jugosos negocios que vienen haciendo con las constructoras y la petroleras que se están repartiendo el botín de la reforma energética; eso sí, “con plena transparencia” como señala el Director de PEMEX.
La violación de los derechos humanos y el ejército al servicio de las reformas estructurales
Hace unos días algunos medios independientes denunciaban dos hechos importantes: que Videgaray desvió recursos públicos para sí por más de 1200 millones de pesos; y que las cuentas y la fortuna del Chapo no habían sido prácticamente tocados. Esto ocurre mientras que las cuentas de nómina de 6 mil pesos de los maestros oaxaqueños son congeladas.
El doble ataque con las reformas estructurales y despojos está siendo operado con militarización, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, la represión, etc. Bajo la mascarada de la “lucha contra el crimen” está la militarización y la ofensiva del gobierno.
Para nada está desvinculada la violación a los derechos humanos, las desapariciones, la tortura, etc., de las reformas estructurales y las privatizaciones. Además el gobierno federal y los partidos en el poder están blindando sus negocios con el ejército y las policías en las calles.
Es necesario un gran movimiento democrático en las calles para exigir la salida de las fuerzas represivas en Oaxaca y detener la militarización del país, el ataque al magisterio, las desapariciones, por la aparición con vida de los 43 y el castigo a los responsables de Ostula y Zacatecas, los feminicidios.
Esto como un paso para frenar la entrega del país al imperialismo, el gran capital y la corrupción de los partidos en el poder, que quieren imponernos la reforma educativa, el remate de Pemex y la privatización del sector salud y seguridad social.

Andrés Aullet
Abogado y maestro en Derechos Humanos