Se trata de importantes bancos, en su mayoría con casas matrices en países imperialistas. El agua, ese líquido vital, convertida en un negocio del sector financiero.
Martes 3 de mayo de 2022 20:00
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) varias instituciones bancarias poseen concesiones brindadas por este organismo federal, que les permiten extraer millones de metros cúbicos de agua anualmente, en muchos casos son acuíferos sobreexplotados.
Según datos del diario La Jornada, extraídos de la Conagua, el banco más grande de México, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con casa central en España) tiene 10 permisos, el de mayor volumen está ubicado en Nayarit -estado del oeste de México- y le permite la extracción de hasta 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año, y tiene uno en Jalisco que está catalogado como sobreexplotado en la cuenca Lerma-Santiago.
Entre los bancos más grandes, Santander (perteneciente al grupo financiero español del mismo nombre) tiene 35 concesiones de explotación del vital recurso, HSBC (multinacional británica), 25; Banorte (uno de los cuatro bancos mexicanos más grandes del país), posee 5; Scotiabank (canadiense) 5 y Citibanamex (del estadounidense Citigroup) cuenta con 3.
Entre los bancos de menor tamaño, Banco Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego, la tercera persona más rica del país, tiene 2 concesiones de las que destaca la que se ubica en la cuenca del Valle de México -también en situación de sobrexplotación- permitiéndole extraer anualmente 2.2 millones de metros cúbicos, mientras que el grupo empresarial Invex tiene siete permisos en diversos estados del país, destacando el de Baja California Sur, de donde tiene permitido usar un millón de metros cúbicos anuales.
Estos datos no son menores en un país donde el 1.1% de los usuarios del agua concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos.
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Interés del sector financiero sobre el agua
A principios de diciembre de 2020 se comenzó a difundir la noticia de que el agua cotizaba por primera vez en Wall Street, el mercado financiero de Estados Unidos.
Según la empresa de mercados globales Chicago Mercantil Exchange (CME) Group, la que creó el indicador del precio del agua para el estado de California, su fin sería dar a conocer las fluctuaciones de este vital recurso y apoyar en la administración del riesgo de su escasez midiendo su precio en el mercado.
Pero para los economistas de la Red de Diarios Internacional Emiliano Trodler y Gastón Remy, la mercantilización del agua significó “una nueva ofensiva del capital financiero sobre la gestión (y especulación) de este recurso sobreexplotado y relativamente limitado”. Pues lo que mide el llamado "índice Nasdaq Veles California Water (NQH20)", en realidad, es el precio a futuro de los contratos privados de acceso al agua en el estado de California, que ya venía con un déficit importante de este líquido vital.
Esto significa que quienes poseen contratos de explotación concesionada del agua pueden aprovechar para venderlos más caros de lo que los compraron (como cualquier acción). Esta práctica en los hechos ya venía haciéndose desde hace décadas pero como parte de un acuerdo entre empresas, aunque con el aval de los gobiernos de varios países, como Australia, la costa oeste de EEUU, Reino Unido, Sudáfrica, Irán, el sur de Asia, Chile y España, entre otros.
Según la consultora Grand View Research, en 2021 el costo del mercado global del agua fue de 283 mil millones de dólares y para el periodo entre 2022 y 2030 anticipa crecimientos anuales de alrededor de un 7 %.
La escasez del agua hace que tener acceso a ella sea más caro
Si bien el acceso al agua potable es considerado un derecho humano, acceder a ella para millones de personas en el mundo, se complica debido a la escasez por la sobreexplotación de muchas empresas y las sequías que conlleva el cambio climático que provoca.
Tomada como mercancía, en las regiones donde más cuesta conseguir agua ésta se paga cara. En México, el costo promedio anual por el uso del líquido para las empresas es de U$S767,09 (15.565 pesos mexicanos), pero en Guanajuato asciende a U$S1221,27 (24.801 pesos mexicanos), en Aguascalientes a U$S1732,40 (35.152 pesos mx) y a U$S 2567 (52.087 pesos) en Nuevo León.
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Edomex, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vive el 40.4 % de la población y se encuentra el 39.8 % del total de establecimientos, la disponibilidad de agua es de tan solo 73 y hasta 1018 metros cúbicos anuales por persona (según Conagua), cuando el sector privado concentra al menos 13 millones de metros cúbicos anuales, por concesiones para fines lucrativos, en su mayoría en alguno de los acuíferos sobreexplotados.
El uso del vital líquido en el país corresponde en un 76 % al sector agrícola, en un 4.7 % a termoeléctricas, en un 3 % al sector industrial y el uso doméstico, correspondiente a la totalidad de la población, es de un 14.4 %.
México es el mayor consumidor de agua embotellada del mundo y quienes la solicitan principalmente son los habitantes de zonas de mayor marginación. La falta de acceso a tomas de agua ha hecho que el negocio del líquido embotellado se incremente; el alza en su consumo de 2016 a 2020 fue de hasta 26 %. Además, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que entre 12.5 y 15 millones de habitantes carecen de acceso al agua potable.
La explotación irracional del recurso y el agravamiento de su escasez pueden dar lugar a que cada vez más empresas, como en este caso las del sector financiero, lucren con el acceso al agua, arrebatándola a la población pobre que cada vez tendrá menor acceso a ella y se verá más expuesta a las enfermedades y el desgaste que conlleva la falta de agua potable para el cuerpo humano. Todo esto con la responsabilidad compartida con los gobiernos nacionales, como el de López Obrador -o de los estados o provincias- que otorgan estas concesiones.
¡No podemos permitirlo! La gestión del agua tiene que pasar del fin lucrativo al derecho elemental para las mayorías populares.
