Miércoles 10 de septiembre de 2014
El día 3 de septiembre en la ciudad de Tlacoachistlahuaca indígenas amuzgos
fundaron una nueva Policía Comunitaria afiliada a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) en el Estado de Guerrero.
Con esta nueva adhesión la CRAC suma un total de 56 comunidades agrupadas en este modelo de impartición de justicia que difiere en la estrategia de seguridad del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. De la Costa Chica a la Sierra el fenómeno de las Policías Comunitarias se mantiene y amplía ante el aumento de la violencia en México producto de la llamada “Guerra contra el Narco.”
Las Policías Comunitarias tienen su epicentro en el Estado de Guerrero (uno de los más pobres del país) y están compuestas en su mayoría de indígenas armados que no reciben salario. El modelo de impartición de justicia comunitario indígena está por cumplir 19 años y ha participado en los movimientos más radicales del Estado.
El más reciente en abril de 2013, cuando la Coordinadora Estatal de trabajadores de la Educación (CETEG) mantuvo un paro indefinido en contra de la Reforma Educativa y por la caída del gobernador del estado (Angel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática) en donde la CRAC ingresó con armas por primera vez al centro del Estado, participando en la ciudad de Chilpancingo junto al magisterio en lucha.
Este hecho fue considerado como un acto de insubordinación y el Estado mexicano aumentó su campaña de cooptación, división y represión de las autoridades comunitarias.
La relación entre la CRAC y el Estado es conflictiva aunque en momentos específicos y particulares han colaborado con fuerzas federales para servicios de seguridad pública. Aunque la CRAC ha mostrado disposición de colaborar con el estado mexicano en materia de seguridad el gobierno no tolera que las comunidades ejerzan su derecho a la implementación de justicia indígena.
Nestoralibre de Olinalá a Whasington
La nueva Policía Comunitaria de Tlacoachistlahuaca se fundó en el marco del endurecimiento de la política del gobierno federal contra la CRAC. Para imponer las reformas estructurales, el gobierno de Enrique Peña Nieto está cercenando las libertades democráticas. Al tiempo que refuerza su política de cooptación por el Estado de las policías comunitarias, está llenando las cárceles de policías comunitarios y miembros de grupos de autodefensas de Michoacán que se han negado a ser cooptados.
El caso más emblemático es el de Néstora Salgado, comandanta de la Policía
Comunitaria de Olinalá, detenida en agosto de 2013 bajo los cargos de secuestro y delincuencia organizada al tiempo que pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Salgado se encuentra detenida en el penal de máxima seguridad en Nayarit.
El caso ha despertado un movimiento democrático en varios estados de la república y en ciudades de los Estados Unidos exigiendo la libertad de los comunitarios presos. A pesar de la presión de congresistas norteamericanos por la libertad de la comandanta
de Olinalá el gobierno del Partido de la Revolución Democrática mantiene a Nestora Salgado bajo prisión.
En fechas recientes el Comité Néstora Libre realizó acciones en Whasington, Denver, Seattle, Chicago y demás ciudades de Estados Unidos.
