La ex Presidenta Michelle Bachelet figura como opción para asumir la Dirección de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, encargada de proteger los Derechos Humanos a nivel mundial.
Pamela Contreras Valparaíso, Chile
Miércoles 6 de junio de 2018
El medio estadounidense, Pass Blue, puso sobre la mesa que la ex mandataria suena como la principal carta para asumir uno de los cargos más relevantes de las Nacionales Unidas, cuya principal misión es proteger los derechos humanos a nivel mundial.
Bachelet, desde que terminó su mandato en La Moneda, asumió dos cargos internacionales: dirección de la alianza para la Salud Materna y del Niño Recién Nacido (dependiente de la OMS) y fue convocada por António Guterres, secretario general de la ONU, para ser parte junto a otro 17 líderes de una junta consultiva de mediación de conflictos internacionales.
De aceptarse el cargo en DD.HH por la ex mandataria, encierra una paradoja, al ser este organismo quien presento una serie de críticas al Ejecutivo el año 2017 que incito a tomar medidas urgentes ante los reportes recibidos por la entidad sobre abusos policiales contra del pueblo mapuche en la zona de la Araucanía, por otra parte, se presentan una serie de atropellos y restricciones a los derechos fundamentales durante su mandato.
La ley de aborto en tres causales, fue un avance social y legislativos, pero restringido al estrecho marco de la inviabilidad fetal, peligro de vida de la mujer y embarazo producto de violación, y es en esta última causal, la que se plantea con plazos más acotados, lo cual no se condice con la complejidad de la violencia sexual, menos en la vulneración de derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
Paso igual con el Acuerdo de Unión Civil (AUC), donde se reconocen relaciones diversas, esto no implicó la consagración de igualdad ante la ley, al mantenerse el impedimento social y legal de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. En ese sentido, la ley de AUC no afrontó los derechos de filiación de sus hijos ni incorporó a la posibilidad de adopción a parejas homoparentales. Mientras se permitió que la Ley de Identidad de Género siguiera encajonada en la burocracia del congreso y restringiendo derechos a transexuales menores de edad.
En materia de verdad, justicia y reparación frente a los crímenes de lesa humanidad se mantuvieron los privilegios y beneficios de condenados, con cárceles especiales como Punta Peuco, siguió vigente el pacto de silencio impuesto a los nombres de los represores del informe Valech, tampoco se avanzó en la reparación a las víctimas, entendiendo que el estado de Chile tiene una deuda imprescriptible con los familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados entendiendo que el derecho a la verdad es inalienable.
Sumando a esto, la violencia y abuso policial fue persistente en ambos gobiernos de Bachelet, con golpes, detenciones ilegales, montajes, incluso asesinatos como el de los comuneros mapuche; Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza Collío, José Quintriqueo Huaiquimil, Matías Catrileo, Victor Mendoza Collío; el joven obrero forestal Rodrigo Cisternas acribillado en el marco de una huelga activa, los cuales no fueron “errores aislados” sino que correspondieron a la forma de enfrentar los conflictos sociales por parte del gobierno, encabezado por Michel Bachelet.
Si bajo este prontuario Michel Bachelet sigue siendo una opción válida para la defensa de los DD.HH según la ONU, es porque claramente las Naciones Unidas no velan por nuestros derechos.
