Mexico. Michoacán: la crisis que no cesa

En esta entidad el pacto con las autodefensas de integrarse a la oficialista Guardia Rural y aceptar la mediación del comisionado Alfredo Castillo para que colaboraran en el “combate” a los Caballeros Templarios, buscaba evitar la pérdida del monopolio estatal de las armas, la radicalización de esos grupos y la inestabilidad en una región cercana a los “conflictivos” estados de Guerrero y Oaxaca y su repercusión a nivel nacional.

Pero la llegada del comisionado Alfredo Castillo a Michoacán, no sólo no logró erradicar a la llamada “delincuencia organizada”, sino que es evidente que pactó una tregua con esos cárteles -sobre todo con los Templarios-, respetando sus bastiones. Así como tampoco pudo impedir el surgimiento de nuevas autodefensas que se organizaron ante la impunidad de los grupos criminales.

Queda entonces claro que, para el gobierno, el objetivo principal no era la “guerra contra el narco” sino evitar la conformación de organismos autónomos con ciertos rasgos democráticos y liquidar los rasgos más progresivos que en sus inicios mostró este movimiento encabezado por productores de limón y aguacates. Y es que la proliferación del narcotráfico y su posterior fortalecimiento, fue cobijado bajo los gobiernos del PRI desde hace décadas y ya ha infiltrado las policías, el ejército y los distintos órdenes de gobierno.

Si bien la política del gobierno federal de institucionalizar a los grupos armados que se organizaron contra el narco logró momentáneamente frenar su avance sobre la ciudad-puerto de Lázaro Cárdenas –lo que fortalecería y prestigiaría más al doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas–, y una relativa estabilidad, para después pasar a la ofensiva contra los dirigentes de esos grupos que criticaban los acuerdos del gobierno con los cárteles (como el encarcelamiento de Mireles en junio), muy pronto ese precario equilibrio se vino abajo.

Muestra de ello fue el enfrentamiento el 26 de diciembre pasado entre los principales grupos de los guardias rurales, donde un sector presuntamente ligado al narco se enfrentó con el ala más radical de los ex autodefensas encabezada por Hipólito Mora con un saldo de 11 muertos, en una balacera donde las fuerzas federales permitieron el enfrentamiento, ignorando incluso el llamado de auxilio de Hipólito quien finalmente fue apresado como responsable de esas muertes.

De esta manera, el gobierno federal se quita de encima al segundo jefe de autodefensas más prestigiado en la región. Una maniobra política que contempló la posterior detención de “el americano” (conocido por su ligazón al grupo narco H-3), para cubrir las apariencias y, al mismo tiempo, contener la explosiva situación generada por la rivalidad entre estos ex jefes de autodefensas. Esto, en un contexto de libre accionar de los cárteles de la droga en la identidad, donde la nueva Guardia Rural es señalada por la población por estar infiltrada por gente de dichos grupos con la complacencia de las autoridades, donde dirigentes de autodefensas son asesinados por los narcos con total impunidad.

Con este golpe a los ex autodefensas (que no se descarta que haya sido provocado por el gobierno dado que la relación de fuerzas a nivel nacional no le permitía hacerlo directamente) el ejército y la policía federal, al tomar el control de la región, muestran la salida militar y autoritaria de Peña Nieto para estabilizar, como lo evidenció la matanza por la Policía Federal de 8 personas desarmadas que tenían tomado el Palacio Municipal en Apatzingán y señaladas por las autoridades como integrantes de un grupo narco.

Sobre esta base, el gobierno pasará ahora a pactar con los cárteles para imponer una relativa estabilidad.

Un crítico escenario como telón de fondo nacional

Esta relativa estabilización de la crisis en la región de Tierra Caliente en Michoacán, tiene en contra la situación abierta con el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Una crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones -con el gobierno como el principal cuestionado-, que ha generado un amplio movimiento democrático a nivel nacional.

Y donde Guerrero sigue siendo el foco de la crisis social y política que se siente en el país, con acciones como la entrada intempestiva a los cuarteles militares de los padres de los normalistas desaparecidos que muestran un escenario de más polarización y crisis que el que existía cuando el gobierno cerró momentáneamente la crisis en Michoacán con la institucionalización de las autodefensas.

Hay un cambio en el estado de ánimo y la actividad de sectores de los trabajadores y el pueblo. Es decir, es otro panorama -más favorable- que la movilización popular debe aprovechar para avanzar en sus demandas.

Es esta situación la que obliga al gobierno de Guerrero a desistirse de las acusaciones penales contra Nestora Salgado, comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Política Comunitaria en el municipio de Olinalá, pues tratan de desactivar lo que puede ser otro conflicto que desprestigie más al gobierno de Guerrero y federal.

Encima está la crisis de representación mostrada con el desprestigio del PRD y del PAN, que están pagando el apoyo a las reforma del gobierno príísta de Peña Nieto que ve achicado su margen de acción por los nubarrones económicos que muestran el bajísimo crecimiento, la depreciación del peso, el encarecimiento de la vida, la caída de los precios del petróleo, etc.

Solo una política independiente que unifique las demandas de todos los que hoy se movilizan, bajo un plan nacional de lucha, puede evitar que esta relativa estabilidad (como la lograda recientemente en Michoacán) se fortalezca.