Tras aprobarse por 130 votos en la cámara de diputados y ser aprobado por la comisión de constitución, el proyecto del segundo retiro espera ser votado en el senado. El gobierno busca evitar una derrota y forzar a la oposición a negociar tras recurrir al Tribunal Constitucional.

Ιωαχειν Santiago de Chile
Martes 24 de noviembre de 2020
El panorama político empezó esta semana convulsionado por el anuncio del gobierno de Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de reforma constitucional que habilita a los afiliados al sistema de AFP a efectuar un segundo retiro del 10%. Tras varios días de vacilación en el gobierno sobre qué manera enfrentar el proyecto que fue aprobado por 130 votos en la cámara de diputados y que se encuentra listo para ser votado en la sala del senado, sin fecha clara aún, Piñera decidió jugar sus cartas para evitar una nueva derrota a su administración.
La debilidad del gobierno en el último tiempo, que se sostiene en el poder tras el acuerdo firmado con la oposición para dar una salida “institucional” a la rebelión, ha significado una serie de derrotas políticas que incluso ha generado fisuras importantes en la coalición oficialista. La aprobación del primer retiro del 10% , con votos de la derecha, la caída de 3 ministros del interior, y el reciente triunfo aplastante de la opción apruebo , entre otros, son un reflejo del grado de inestabilidad del escenario político tras la rebelión y que ha dejado sumamente golpeado a un presidente que prometió “tiempos mejores”.
Al recurrir al Tribunal Constitucional, Piñera espera revertir en parte este escenario. Pese a que diversos analistas auguran que de ser visto el proyecto en el tribunal podría tener una eventual victoria dada la composición actual de esta “tercera cámara”, la jugada de la derecha consiste en forzar a la oposición a negociar y así no tener que pagar los costos por ganar la discusión por secretaria.
La negociación estaría centrada en ganar al menos el punto de cobrar un impuesto a las rentas altas que efectúen el retiro , de tal manera de forzar un gesto de unidad entre el proyecto presentado por el gobierno y el impulsado por el congreso de tal manera de no generar la imagen de una derrota.
La fragilidad de la coalición oficialista , sin embargo, no ha permitido que la oposición se pronuncie claramente a favor de negociar sobre todo en un escenario electoral abierto tras el plebiscito y donde los diferentes partidos se mueven con la calculadora en el bolsillo. Pese a algunas declaraciones grandilocuentes llamando a “adelantar las elecciones” o a insistir en una renuncia del gobierno, al que se suma un tibio llamado de alerta por parte de la CUT de ser rechazado el proyecto en el TC, lo cierto es que tampoco la oposición ha mostrado una actitud clara de rechazar la decisión del gobierno de activar uno de los enclaves autoritarios de la constitución pinochetista.
Pese al temor de sectores de la derecha de que el anuncio de recurrir al TC pueda pasarse de la relación de fuerzas y desatar movilizaciones, lo cierto es que por ahora parecerían imponerse los sectores que apuestan a un rol de “negociador duro”, tesis encabezada por el ministro de hacienda Ignacio Briones, quién ha centrado la batalla contra el retiro de los fondos de pensiones como una pelea contra eventuales aumentos del gasto fiscal que implicaría torcer el rumbo del gobierno de imponer una agenda de austeridad, pese a que esta se habría plasmado en el presupuesto del año 2021 con los votos de la ex concertación apoyando estas medidas de precarización y rescate a los empresarios.
En este escenario la respuesta de la CUT a la discusión política carece de toda lógica. Tras una pandemia que ha generado una gran crisis económica y social, con un aumento dramático de las cifras de desempleo y una importante precarización de gran parte de los puestos de trabajo, han decidido romper su silencio para anunciar un estado de alerta en caso de que el TC bloquee la tramitación del proyecto del segundo retiro.
Cuesta entender que tras un conjunto de leyes de precarización aprobadas que pasaron sin ningún ápice de resistencia de parte de la central sindical, como la ley de suspensión del empleo o de teletrabajo, la principal organización de trabajadores responda con un tibio “llamado de alerta”.
Su pronunciación respecto al proyecto también ha dejado que desear. Frente a una respuesta a la pandemia que de fondo plantea que los trabajadores deberán pagar la crisis de los ricos con sus propios ahorros, la central tampoco se la ha jugado por un proyecto alternativo como un impuesto a las grandes fortunas sacando pronunciamientos para la galería, pero sin un plan concreto de movilización para conseguirlos. La estrategia de la CUT consiste en golpear solo cuando seamos derrotados. Un plan que carece de toda lógica
Y mientras se escuchan los cacerolazos y calles vuelven a agitarse el descontento contra la posibilidad de que sea el TC, cuyos jueces son designados a dedos, urge un llamado a paro nacional con un plan de movilizaciones que sea capaz de organizar el descontento e imponer la voluntad, que se expresó mayoritariamente en el plebiscito, de que esta constitución pinochetista se acabe de una vez por toda y no se sigan usando sus enclaves autoritarios para avasallar la voluntad democrática de la mayoria.

Ιωαχειν
Editor y columnista de la Izquierda Diario