En nueva jugada del gobierno, el SII dio a conocer que más de 400 mil trabajadores recibieron el bono si haber cumplido requisitos, mientras tanto, la asociación de fiscalizadores del SII denuncia que esto es imposible de saber mientras no haya una auditoría real. El gobierno por su parte manifestó que los trabajadores serán “perseguidos y sancionados”, mientras, vemos como el día de ayer empresarios como Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, obtuvo un perdonazo de más de US$59 millones por el “caso cascadas”.
Lunes 5 de octubre de 2020
(Imagen: Agencia Uno)
Hace unos días se abrió una nueva polémica en torno al “bono clase media” ($500.000), ya que el Servicio de Impuestos Internos (SII), dio a conocer que cerca de 437.703 trabajadores dependientes recibieron el bono sin haber cumplido los requisitos establecidos para acceder a este.
Según el SII, mediante un proceso de verificación, quedó en evidencia que más de 400 mil trabajadores del sector privado y más de 37 mil funcionarios públicos recibieron el bono sin haber cumplido los requisitos, por tanto, esto significaría un gasto del fisco por más de $202 mil millones.
Frente a esta nueva polémica, recordemos que cuando este bono fue anunciado fueron cientos de personas las cuales denunciaban que quedaban fuera del “bono”, a esto se suma, que la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), por parte de su presidente, denunciaron como irresponsables tanto al gobierno como al director del SII, por denunciar públicamente que más de 400 mil personas, supuestamente hayan entregado datos falsos para solicitar el bono de clase media, ya que, es imposible hablar de un falseo de datos mientras no se realice una auditoria real, denuncia la Asociación.
El gobierno en representación de Monckeberg, en la Secretaría general de la república, aseguró que habrán sanciones contra los trabajadores que no devuelvan el bono y no cumplieron los requisitos, tildándolo de que “serán perseguidos y sancionados”, como un delito no menor, ya que para este, hay un engaño al fisco, “estamos sacando los recursos públicos de manera equívoca, y lo que hay ahí es eventualmente un delito porque uno se preparó, simuló que no tenía trabajo, ingresó a la página web, llenó sus datos, le vuelven a preguntar, envía la información, recibe la plata, la gasta y sigue recibiendo su sueldo paralelo.
Esta nueva acción del gobierno de perseguir, sancionar y criminalizar a trabajadores y trabajadores, como casi un delito planeado, mientras vemos como miles de trabajadores siguen bajo la “ley de protección del empleo” el que de protección no tiene nada, es más, nuevamente las y los trabajadores terminan pagando con su dinero, y las y los empresarios continúan resguardando sus ganancias, dejando a miles de trabajadores en mayor precarización, sin contar las y los trabajadores desocupados.
Criminalizar a la clase trabajadora mientras los perdonazos continúan: Ahora Ponce Lerau
El actuar criminalizador del gobierno es otro ataque para la clase trabajadora, es más, personajes de la derecha como Kast han salido a manifestar su repudio al supuesto “fraude”. Pero es solo fraude y delitos cuando se trata de la clase trabajadora, ya que, recordemos que durante el año 2013 y 2018, miembros del ejército realizaron un delito reiterado de malversación de caudales públicos, el ya recordado “milicogate”, donde se superaron los 3 mil millones de pesos en tres casos diferentes.
O el informe que reveló una serie de irregularidades dentro de la Fuerza Aérea de Chile, en el que cerca de 1,3 millones de dólares habían llegado a altos oficiales de la fach para financiar viajes al extranjero. O el fraude de carabineros con el “pacogate” y el reciente perdonazo a Ponce Lerou (yerno de Pinochet) de 62 a tan solo 3 millones de dólares, donde recordemos, significó una pérdida de US$44 millones para quienes estaban afiliados a las AFP Hábitat, próvida, cuprum y capital entre el año 2008 y 2011, en las que solo esas operaciones significaron una ganancia de US$128 millones solo al yerno de Pinochet.
Este nuevo perdonazo al caso Cascadas (de Ponce Lerou), significa una rebaja de US$59 millones, lo que equivale a rentas básicas de emergencia de $500.000 para cerca de 15.400 hogares por 6 meses (según datos de la fundación sol).
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La insistencia del gobierno: Trabajadores cargando la crisis y los empresarios manteniendo riquezas
El escenario actual en Chile es millones de trabajadores desempleados (incluyendo a los que se encuentran bajo la “ley de protección del empleo”) y un aumento de personas en situación de pobreza; Para el futuro se viene aún más pobreza para la clase trabajadora, entre desempleo y aumento de la precarización, especialmente para jóvenes y mujeres, aumentando a su vez, la informalidad laboral, que ya venía en alzas significativas.
Piñera anunció hace unos días un nuevo plan de subsidio al empleo, todo enmarcado en el plan “paso a paso: Chiles recupera”, donde el subsidio a las empresas y sus dueños va a durar por 6 meses y se invertirán cerca de 2 mil millones de dólares, con este plan, el estado pagará la mitad del salario a trabajadores de empresas privadas y el 60% de jóvenes o mujeres, lo que le permite directamente a los empresarios casi no pagar salarios o tan solo la mitad o un 40%, dejando el resto para estos y seguir aumentando sus ganancias.
Mientras vemos como el gobierno sigue criminalizando a las y los trabajadores, amenazando con perseguir y sancionar por la obtención del bono clase media, mismos trabajadores que nuevamente son arrojados a mayores precariedades (con la ley de protección al empleo, suspensiones laborales, cesantía y pobreza), mientras en la otra vereda vemos como los eternos perdonazos a políticos corruptos, o a grandes casos de fraude al fisco como la de carabineros o los milicos terminan con míseras multas, como el caso cascadas donde está involucrado Ponce Lerou, yerno de Pinochet.
Esto significa un nuevo ataque a la clase trabajadores, con la política nefasta por parte del gobierno y una cut totalmente subordinada, frente a esto, se abre la urgente necesidad de articulación para luchar contra los despidos y las suspensiones –que ya se estiman se transformaran mayormente en desempleo- por la derogación de la ley de protección del empleo, y por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, un aumento del salario mínimo y las pensiones básicas a $500.00.
Mientras se realizan perdonazos como a Ponce Loreau, exigimos un ingreso de emergencia que sea acorde a la canasta básica familiar, y nuevamente pelear por la nacionalización de los recursos estratégicos. Que la crisis la paguen los empresarios y no la clase trabajadora.
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