Será a la mañana a Plaza de Mayo. La política de Cambiemos ha dejado a las prestaciones en una situación crítica. Lejos de ser tomadas como derechos adquiridos, han quedado reducidas a meras dádivas estatales.
Martes 6 de noviembre de 2018 18:46
La ley 26378 es la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. La misma garantiza, en el papel, la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad promoviendo la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente. Para su aplicación se requieren diversas prestaciones de apoyo que la posibilitan.
No es solidaridad, no es lástima, no es buena voluntad. Son dispositivos de apoyo diversos, pensados para potenciar, estudiados y gestionados por profesionales de diversas disciplinas. Concesiones demasiado altas para un régimen político más preocupado en garantizar los intereses de la alta burguesía que en los derechos más elementales de la clase trabajadora.
Ya desde sus inicios en el año 2006, esta ley se ha montado sobre un sistema perverso de precarización laboral estatal. Con el ajuste en curso sobre las espaldas de los trabajadores que brindan prestaciones de apoyo, estos derechos están siendo reducidos a una mera dádiva del Estado.
El nomenclador nacional, regulado desde el 2017 por la Agencia Nacional de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Presidencia, señala los montos correspondientes a las diversas prestaciones. Estos no han aumentado, en los mejores casos, más de un 10% en dos años. Este cuadro se agrava si se tiene en cuenta que, en algunos casos, se cobra con un atraso de hasta más de seis meses.
Trabajadores de buenas prácticas como la integración escolar en escuela común, que requiere de una docente para el alumno con alguna discapacidad, residencias, hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, transportistas que garantizan los viajes, prestaciones de apoyo (psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, estimuladores tempranos) están viendo reducido su poder adquisitivo drásticamente.
Mientras el Gobierno, con la complicidad de la “oposición” peronista, se propone aprobar un presupuesto de ajuste para el sector, el discurso del Estado apela al “buen corazón” de quien presta los servicios. Esta escena, además de hacer peligrar tratamientos y lugares especializados, nos remite a paradigmas antiguos donde la persona con discapacidad era vista como un objeto de cuidados, en general a cargo de la Iglesia, y no como un sujeto de derechos.
Las ideas perversas de sacrificio, voluntad, de pura solidaridad llevan, en lo concreto, a que se vuelva imposible garantizar prestaciones que no se pagan ni se aumentan. Desmereciendo el trabajo de aquellos que crean herramientas, inventan puentes y apoyan los deseos de las personas con diversidad funcional.
En este marco y bajo la consigna #NoAlAjusteEnDiscapacidad, mañana se realizará una marcha a las 10 am en Plaza de mayo, convocada por el Foro permanente para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
