Durante la noche de este miércoles 26 de mayo, Piñera anunció la propuesta de “mínimos comunes” que contempla el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, un fondo para Pymes y un subsidio para deuda previsional. La “oposición” respondió criticando las medidas diciendo que son “insuficientes”. Migajas más, migajas menos. A los partidos del régimen no les interesa responder a las necesidades del pueblo trabajador, ni mucho menos afectar las ganancias de quienes se han enriquecido durante la crisis sanitaria y social.
Viernes 28 de mayo de 2021
Como “insuficiente” y “débil” tildaron parlamentarios de “oposición” a la propuesta anunciada por Piñera, durante la noche de este miércoles. El deslegitimado mandatario anunció las medidas que engloban sus “mínimos comunes”:
Sobre este punto, la “oposición” propone dar un poquito más: $604.000 para una familia de cuatro integrantes y alrededor de $220.000 cuando se trate de un hogar de una persona, monto muy por debajo del “mini salario mínimo” que existe en Chile.
Sumado a lo anterior, desde el Ejecutivo proponen que las pymes que tengan trabajadores suspendidos bajo la “Ley de Protección del Empleo” recibirán un “subsidio especial” para pagar las cotizaciones previsionales de dichos trabajadores, por un plazo de cuatro meses. Además, las mujeres recibirán un bono adicional equivalente al 20% de los bonos antes mencionados.
Es ante este paquete de medidas que parlamentarios/as, como la DC Yasna Provoste, el PS Carlos Montes, entre otros/as, manifestaron su “descontento”, aludiendo a que el Estado “puede hacer un esfuerzo mayor”.
Por su parte, las dirigencias burocráticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con su presidenta PC, Bárbara Figueroa, patalearon y tildaron la propuesta de “grosera”, mientras no mueven un dedo por organizar y movilizar para que la crisis no la siga pagando la clase trabajadora y sectores populares. Al contrario, y manteniendo su estrategia nefasta de tregua permanente con el Gobierno, continúan esperando que Piñera acceda a las peticiones respecto al salario mínimo y a la “renta universal de emergencia” que proponen desde la central.
Por un Plan de Emergencia financiado por impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y grandes mineras
La tensión entre la oposición y el Gobierno podría sintetizarse en migajas más, migajas menos. Por un lado, la propuesta de Piñera no responde a las reales necesidades que por la que estamos pasando millones de familias trabajadores; por otro, el proyecto de la oposición no responde a las problemáticas de fondo, aunque la demócrata cristiana, Yasna Provoste califique de “débil” lo anunciado por Piñera, o Bárbara Figueroa, del Partido Comunista y dirigenta de la CUT, como “grosera”; lo cierto es que ninguna de las propuestas revierte las casi dos millones de personas que se encuentran sin trabajo, sea por despidos o suspensiones gracias a la maldita Ley de Protección al Empleo, que fue votada desde la UDI hasta el Partido Comunista.
Veamos. Una familia de cuatro integrantes paga solamente en arriendo más de la mitad de esos $600.000- redondeando la propuesta que hace la “oposición”-, sumado a lo que se debe gastar en alimento, cuentas y deudas- más del 74% de las familias en Chile está gravemente endeudada-, entre otras necesidades, lo que vuelve mucho más compleja la situación considerando los cientos de miles de hogares golpeados por el desempleo, por enfermedades, entre otros problemas. ¿Por qué la aplastante mayoría de la población debe vivir al límite, con lo justo y llegando a duras penas a fin de mes? ¿Qué pasa con toda la riqueza que se produce en el país, partiendo por lo producido en la minería?
Y es que la precariedad de la vida y el trabajo se ha profundizado durante la pandemia. Ya son más de 2 millones de personas que se encuentran trabajando en la informalidad, mientras los campamentos aumentaron un 74%, llegando a 969 con más de 81.000 familias a nivel nacional.
En su contraste, los grandes empresarios del país y grandes mineras transnacionales han doblegado su fortuna como lo hemos visto con el grupo Luksic pasando de los US$10.800 millones a los US$23.300 millones; el ex yerno de Pinochet, Ponce Lerou, que pasó de los US$1.700 millones a los US$4.100 millones; o el propio Piñera que aumentó su patrimonio en US$300 millones, llegando a los US$2.900 millones; cerrando con la firma minera anglo-australiana BHP, que aumentó un 115% sus ganancias este último año.
Es así que, mientras el precio del cobre sigue por sobre sus valores históricos, superando los US$4,5 la libra del metal, seguimos siendo las familias del pueblo las que seguimos pagando los costos de la crisis sanitaria y social.
No se trata de administrar la miseria de lo posible o las migajas como lo plantea la “oposición”; de lo que se trata es que en un contexto de emergencia sanitaria, con los precios del cobre por el cielo y las condiciones de vida por el suelo, lo que necesitamos es conquistar un verdadero Plan de Emergencia basado en los impuestos extraordinarios del 20% a las grandes fortunas y grandes mineras.
Pero, para conquistar este Plan de Emergencia, es necesario movilizar y organizar la fuerza de la clase trabajadora. No podemos contentarnos con una mesa de diálogo como lo hizo la CUT el 30 de abril durante la “huelga general sanitaria”, una huelga que no apostaron a organizar y que duró lo que se demoró la Presidenta del Senado en sentarse con Piñera.
Es necesario coordinar y unificar a las y los trabajadores, exigir a la CUT impulsar asambleas de base en los lugares de trabajo, para que seamos nosotros y nosotras, quienes discutamos y votemos un plan de lucha con movilización, como expresó el 30 de abril la Coordinadora Obrera y Popular de Antofagasta, desde donde se buscó levantar una política alternativa a la burocracia sindical. Confiando en nuestras propias fuerzas podríamos conquistar un verdadero Plan de Emergencia que parta por garantizar un Ingreso Universal de $550.000 para quienes se encuentren cesantes e informales, así como también luchar por la derogación de la Ley de Protección al Empleo, prohibir los despidos por ley y repartir las horas de trabajo entre ocupados y cesantes, reduciendo la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana.
