El presente texto fue presentado como una contribución a los debates de la XIII Conferencia de la Fracción Troskista por la Cuarta Internacional. El mismo fue elaborado a inicios de marzo, a partir de las discusiones realizadas en el Comité Central del MTS de México.

Respecto a la discusión sobre la situación internacional y sus tendencias, partimos de la irresolución a mediano plazo de la crisis estructural del capitalismo y coincidimos en que el cómo revertir la deslocalización productiva y dinamizar la economía es una de sus principales contradicciones. En estas líneas desarrollaremos, a manera de aporte para la discusión de la Conferencia Internacional, algunos elementos de cómo se desarrolla en la región de América del Norte y también, aunque en menor medida, en Centroamérica y el Caribe.

En el caso de América del Norte, el bloque económico coincide en el plano territorial, al revés de lo que sucede en otros casos. Sin embargo, en el marco de la existencia de una fuerte articulación e integración productiva y comercial -en la cual México tiene un carácter siempre subordinado- se pueden ver también una tensión entre la estructura internacionalizada de la producción capitalista (con grandes trasnacionales como beneficiarias) y las tendencias proteccionistas junto con una competencia tecnológica más aguda.

La cuestión migratoria en la relación México – Estados Unidos

En el bloque norteamericano, nucleado alrededor del T-MEC (antes TLCAN, reformado a partir de las políticas proteccionistas y anti chinas de la presidencia trumpista), una de las vías por las cuales se expresan estas tensiones es el endurecimiento de las medidas antimigrantes -militarización de las fronteras, condiciones más difíciles para solicitar asilo, restablecimiento de la visa para mexicanos que entren a Canadá y un discurso que ahora se está fortaleciendo contra los mexicanos en la campaña electoral de EEUU-, que se conjuga con el pedido de López Obrador -ejecutor actual de las políticas para frenar la migración- a Biden para financiar la extensión de planes sociales a Centroamérica, y buscar así disminuir la migración. De hecho, en su discurso durante una Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente mexicano se refirió a la Alianza para el Progreso (1961-1970), un programa de ayuda económica para América Latina impulsado por John F. Kennedy como parte de la respuesta del imperialismo estadounidense para enfrentar la influencia de la revolución cubana de 1959. [1]

La cuestión migratoria -uno de los grandes temas de las elecciones estadounidenses- tiene en vilo a los servicios sociales en EEUU y Canadá. Una encuesta de la Universidad Monmouth (Nueva Jersey) señala que ocho de cada 10 estadounidenses -afiliados a uno u otro partido o a ninguno- ven la cuestión migratoria como un problema primordial. Según el estudio 91% de republicanos, 41% de los demócratas y 58% que no se alinean con ninguno de los dos evalúan la inmigración indocumentada como un “problema muy grave”.

Otra encuesta, realizada en febrero por Gallup, arrojó que 28 % de los encuestados considera la inmigración como el problema más grave de EEUU. En el primer mes del año, el porcentaje fue de 20%. Esta opinión pública está en buena medida alentada por el discurso criminalizador de Trump: por ejemplo, en un mitin en Nuevo Hampshire en diciembre afirmó en relación con los migrantes “Están envenenando la sangre de nuestro país, eso es lo que están haciendo”. Esto se conjuga con la amenaza de un sector del partido republicano de declarar como “actividad terrorista” al narcotráfico, que plantea como salida la intervención militar en México.

El discurso reaccionario del partido republicano y la derecha supremacista ha ayudado a moldear en clave conservadora el sentido común frente a la cuestión migrante, a la que responsabilizan de graves problemas sociales, como la desocupación, la “inseguridad” o la acción de pandillas que son criminalizadas por las políticas securitaristas y xenófobas. Esto se emparenta con uno de los sustentos de la idea de “fatiga imperial” que plantea Juan Chingo en su artículo “El creciente caos de la situación mundial”: en particular con que a los estadounidenses les pesa “el aumento del sufrimiento social: tiroteos diarios, disminución de la esperanza de vida, depresión juvenil generalizada, caída en picada de la calidad de la educación, la epidemia de opioides, entre las principales causas de muerte entre los adultos menores de 50 años.”

A la vez, hay que considerar que el proteccionismo y la xenofobia en la política migratoria del imperialismo estadounidense, expresado de manera aguda por el sector del partido republicano que se referencia en Trump, entra en contradicción con la necesidad de mano de obra precarizada y migrante para empleos como los agronegocios y servicios de mantenimiento y personales como niñeras, jardineros, personal doméstico, etc., mano de obra barata que es señalada como uno de los aspectos que explica la recomposición económica en EUA y los índices de productividad. Sin embargo, el discurso anti inmigrante y la negativa a legalizarlos, ayuda a que los costos de la mano de obra migrante sean más bajos con consecuencias sobre toda la economía del trabajo.

En el plano político, la crisis de representación de partidos patronales tradicionales estadounidenses, orilla a que, para atraer el voto más conservador -de los perdedores de la globalización (como el rust belt) y ante el mayor sufrimiento social como planteamos antes- ambos partidos busquen capitalizar el sentido común anti inmigrante. Por un lado, el partido republicano y Trump redoblan su apuesta con un discurso xenófobo y criminalizador de los migrantes, mientras que el partido demócrata ha ido endureciendo la política migratoria -aprovechando que el trabajo sucio hecho por la administración de AMLO en territorio mexicano y la frontera sur de EEUU le permite aparecer más moderado en estas políticas a diferencia de su competidor. En este contexto hay que contemplar la confrontación entre el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y el gobierno de Biden sobre el tema migrante.

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Se trata entonces de una operación de dos vías para capitalizar el descontento frente a estas problemáticas sociales. Por un lado, el establishment lo utiliza como un recurso para legitimarse; por otro, mantiene la subordinación política y la estabilidad en su patio trasero gracias a las políticas migratorias, de seguridad y la hegemonía del gobierno de López Obrador, que logró pasivizar, canalizar en la vía electoral los cuestionamientos al Estado y a los partidos patronales tradicionales desarrollados en 2014, y recomponer la imagen de distintas instituciones. Aunque no fue la opción ideal para el imperialismo estadounidense y las trasnacionales, es innegable que López Obrador consiguió un nivel de “paz social” necesario para los negocios capitalistas y logró avanzar en proyectos que no pudieron concretar ni el Partido Revolucionario Institucional ni el Partido Acción Nacional, como el proceso de industrialización en curso en el sudeste mexicano.

Esta ofensiva en el terreno migratorio -cuya exacerbación es consecuencia de las tendencias a la crisis orgánica del imperialismo estadounidense- se ha colado en las elecciones de 2024 en México: mientras la derecha mexicana no logra despegar luego de su debacle tras el movimiento por Ayotzinapa (y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se avizora como la segura ganadora de las elecciones de junio), medios como New York Times -alineado con el partido demócrata-, ProPública -una agencia de noticias financiada por fundaciones como la McArthur- y DeutscheWelle despliegan una “guerra de noticias” contra el gobierno de AMLO, con la publicación de reportajes sobre el supuesto financiamiento de sus campañas electorales de 2006 y 2018 por parte de cárteles del narcotráfico. Detrás de este despliegue están sectores de la derecha mexicana, un sector del partido republicano, un sector del partido demócrata y la DEA.

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Sobre el nearshoring y el T-MEC

En el terreno económico -aún con el T-MEC implementado con importantes beneficios para las trasnacionales estadounidenses y con un fortalecimiento de la asociación e integración productiva y comercial que fue acompañado de una reforma laboral en México y de cambios en las condiciones salariales de la mano de obra mexicana-, periódicamente se expresan tensiones entre los tres países socios. El último episodio es la exigencia de transparencia del gobierno estadounidense al mexicano sobre la comercialización de acero y aluminio importados de terceros países (en especial desde China) frente a su apuesta de convertir a la región norteamericana en un bloque que pueda competir con China, siendo que entre Estados Unidos, Canadá y México se produce entre el 18 y el 20 por ciento del PIB mundial (EEUU aporta un porcentaje mayor al 15%).

Mientras tanto, empieza a avanzar el nearshoring en México, que en 2023 recibió un récord de más de 36,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, en particular en los sectores energía, construcción de parques industriales e infraestructura -semiconductores, industria eléctrica-electrónica e industria siderúrgica-, un incremento anual del 2.2%, ante el traslado de líneas de producción desde otras latitudes, en especial desde Asia, lo que fortalece la cadena de valor de México-Estados Unidos. Este despliegue económico es parte de lo que explica la apreciación del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense que el día de hoy está en 16.91 pesos por dólar (y en sus mejores niveles en los últimos 8 o 9 años).

Esto se complementa con los avances en infraestructura para la logística del comercio internacional y beneficios fiscales que llevó a cabo López Obrador, con megaproyectos como el corredor transístmico, que se postula como alternativa ante las afectaciones del canal de Panamá por los efectos del cambio climático. Sin embargo, esta política encuentra su límite en algunas regiones, como la Ciudad de México/Estado de México (con importantes corredores y ciudades industriales) o Nuevo León (donde se había acordado construir una nueva mega planta de Tesla), donde la crisis hídrica es un obstáculo para concretar el nearshoring.

Aun así, como hemos escrito en Ideas de Izquierda Mx, el corredor transístmico es un proyecto cuyas consecuencias económicas y sociales posiblemente sean comparables (o similares) a la expansión industrial maquiladora que se desarrolló en los 80 y 90 del siglo XX en la frontera México-Estados Unidos. El proyecto impulsado por el actual gobierno de la Cuarta Transformación implica la construcción de puertos y parques industriales en la zona sur de México, lo cual ha generado gran entusiasmo en las patronales nacionales y extranjeras, y es una de las causas que explica que un gobierno “progresista” como el de AMLO no tenga prácticamente oposición activa de sectores de la gran burguesía nativa. Esto seguramente tendrá consecuencias en el terreno de la clase obrera mexicana, donde muchos que en los estados del sur mexicano buscaban migrar a EE.UU., se convertirán en trabajadores de esos parques industriales, demostrando que las políticas desarrollistas están subordinada a las necesidades económicas gringas.

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Esto es parte de la apuesta por un proyecto “neodesarrollista”, que si bien se diferencia -por múltiples motivos nacionales e internacionales- del período de sustitución de importaciones que fortaleció la industria nacional entre 1941-1954, representa una apuesta para lanzar chalecos salvavidas frente al riesgo de estanflación que cierne sobre la economía mundial.

Este nuevo estilo de desarrollo que el gobierno presenta como “humanismo mexicano” y que, apuesta a fortalecer la rectoría del Estado en la industria, se presenta como una alternativa al modelo extractivista neoliberal, pero que en realidad se ha mantenido en lo fundamental este sexenio. Apuesta por la sostenibilidad, la autosuficiencia alimentaria y energética. No obstante, es claro que es una edición “a la mexicana” del capitalismo verde que no atacará el problema medular de la anarquía en la producción, del carácter subordinado de la economía mexicana en su conjunto, ni abandonará el uso de combustibles fósiles ni la explotación intensiva de bienes comunes naturales. Aunque se ha hecho publicidad de la intención de aumentar la participación de sectores de trabajadores (vía sindicatos) en la toma de decisiones productivas, esto está lejos de convertirse en una experiencia de economía planificada y busca sobre todo preservar las ganancias de los grandes capitalistas, como ejemplifica que las miles de concesiones mineras, hídricas y de explotación de recursos bienes naturales negociadas en el neoliberalismo con empresas canadienses, inglesas, españolas, francesas y estadounidenses se mantienen intactas.

Militarización y “seguridad”: los dictados de la Casa Blanca para la región

En el plano regional, tomando a México, Centroamérica y el Caribe continental e insular, subordinados al imperialismo estadounidense en su mayoría, una de las problemáticas centrales es el auge de la violencia, del crimen organizado y el rol de la militarización.

Las políticas de subordinación a la agenda imperialista dieron lugar a la crisis social y al aumento de la pobreza de la región, así como apuntalaron el florecimiento de actividades de la economía “ilegal”, como tráfico de drogas y de personas, como lo expresamos en distintas elaboraciones sobre este fenómeno. La estrategia de seguridad de Washington dicta que se mantiene la militarización con un histórico presupuesto a las fuerzas represivas que ha aumentado año con año bajo este sexenio, y con una mayor preponderancia de las fuerzas represivas en la vida política nacional y en tareas de seguridad pública. En México, López Obrador declaró el fin de la “guerra contra el narcotráfico”, pero con la creación de la Guardia Nacional bajo la égida del ejército, la asignación de la administración de aduanas, aeropuertos y otros negocios millonarios como complejos hoteleros turísticos, y con una reivindicación constante de las fuerzas armadas, ha logrado una importante recomposición de la imagen de estas corporaciones (pasamos del señalamiento por su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su asociación con el crimen organizado al “ejército del pueblo”) en medio de una creciente descomposición social y el aumento de la violencia y los feminicidios. Esto es uno de los rasgos bonapartistas que expresa el gobierno actual. En el caso de Colombia, Petro declaró el fracaso de la “guerra contra el narcotráfico” y denunció que llevó a un genocidio, al tiempo que enfrenta el repudio de al menos un sector de suboficiales de las fuerzas militares, sin embargo, ha mantenido una política represiva contra los movimientos sociales y se mantiene a raya con la agenda imperialista. Mientras tanto, en Centroamérica, en particular en el caso de El Salvador y de Honduras se mantiene la militarización con la excusa de contener la violencia del crimen organizado, aunque el trabajo en mantener a raya la migración es prolífico. El ejemplo más crudo es Haití, el país más pobre de la región, que con la ocupación posterior al terremoto y la crisis política está enfrentando un escenario que puede desarrollarse como guerra civil producto de la disputa entre las bandas criminales en un contexto de aumento drástico de la pobreza y la violencia contra la población.

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Militarización, violencia y migración -que implican ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzados, el aumento de los feminicidios y las redes de trata, criminalización de la pobreza y expulsión de población también producto de los efectos de la crisis climática-, junto con, en algunos casos, la descomposición creciente de sectores de las clases dominantes, de las fuerzas represivas y de los partidos patronales tradicionales son problemas íntimamente relacionados que recorren la región, y que se articulan a su vez con los intentos del imperialismo estadounidense y las trasnacionales de avanzar en una nueva fase de saqueo de los bienes naturales. Esto plantea también la necesidad de desplegar de manera destacada el perfil antiimperialista en la región.

Como sabemos, a nivel regional, el agotamiento del consenso neoliberal tuvo su expresión en el ascenso de “progresismos”, como el de López Obrador y el de Petro en Colombia, y más recientemente Bernardo Arévalo en Guatemala, que enfrentó la resistencia de la derecha a su asunción presidencial junto con manifestaciones populares contra el riesgo de un golpe de Estado. Y por la derecha, de figuras como Bukele -que acaba de reelegirse como presidente de El Salvador hasta 2029- y Xiomara Castro de Honduras partido LIBRE, que aunque parecía alineada con el “progresismo” al inicio de su gobierno, desde diciembre de 2022 estableció el estado de excepción en amplias regiones de Tegucigalpa y San Pedro Sula, copiando el estilo de Bukele, creó la Dirección Policial anti maras y pandillas contra el crimen organizado y mantiene una política de criminalización de la pobreza.

Otro aspecto que hace a la región, sobre el cual es necesario avanzar en el análisis y el posicionamiento político tiene que ver con los remanentes del colonialismo. Son 45 los países que integran el Caribe insular y continental, y de estos sólo 12 son Estados soberanos e independientes, otros 12 son Estados independientes dentro del “British Commonwealth of Nations” -de la cual Canadá también es parte-, 6 son territorios de ultramar de Inglaterra, 3 son departamentos de ultramar franceses -entre ellos Guadalupe y Martinica, que fueron escenarios de movilizaciones en 2021, durante la pandemia-, 4 son territorios no incorporados de los Estados Unidos -entre ellos Puerto Rico, escenario de una revuelta en el anterior ciclo de la lucha de clases-, 3 son países integrantes del Reino de los Países Bajos, 3 son municipalidades especiales del reino holandés y dos son colectividades ultramarinas francesas. En particular varios países del Caribe anglófono se independizaron entre 1960 y 1980, pero los resabios del coloniaje persisten y es necesario desarrollar un posicionamiento anticolonial, por la independencia nacional y el fin de la expoliación imperialista desde una visión anclada en la hegemonía obrera, lo que requiere un diálogo con las organizaciones de la FT que están en países imperialistas, en particular con Francia y Estados Unidos en perspectiva de pensar cómo pueden expresarse en estos territorios nuevos fenómenos de la lucha de clases frente a problemáticas derivadas de la opresión imperialista como la migración, el despojo, el atraso en la industria, etc.

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Debates hacia la recreación de un proyecto socialista en el siglo XXI

En la región, la crisis del proyecto socialista tiene algunos factores para tener en cuenta: la experiencia de la revolución cubana y el castrismo -que promovió la simpatía persistente hasta hoy en algunos sectores de la estrategia de la guerrilla-, la figura de Chávez y el “socialismo del siglo XXI” y la derrota y desvíos de procesos revolucionarios en Centroamérica, en particular la revolución nicaragüense. Combinado con esto, la derechización de los gobiernos de Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y de Díaz-Canel en Cuba -los tres con rasgos cada vez más bonapartistas-, aunque tienen distintas génesis, es agitada por la derecha continental como el devenir inevitable del comunismo y del socialismo. Así mismo, por lo menos en nuestro país, el peso del neozapatismo en sectores amplios de vanguardia como referente de los nuevos sujetos y de una apuesta por autonomía que no busca destruir al Estado burgués ni la propiedad privada de los capitalistas (desde una perspectiva abiertamente antileninista) es también un obstáculo que sortear para reivindicar el proyecto socialista.

En el caso de México, la derecha ha acusado al gobierno de López Obrador de comunista en numerosas oportunidades, mientras que un sector de intelectuales que reivindican el marxismo se convirtieron en orgánicos de la llamada “Cuarta Transformación” -sucesora de la guerra de independencia (1810-1821), la guerra de reforma (1858-1861) que llevó a la constitución del estado laico y de la revolución mexicana (1910-1921) según la retórica presidencial-. Por ejemplo, sostienen que el gobierno mexicano cuenta con “planificación social de la economía” y la comparan con la planificación económica en los primeros tiempos de la URSS y el Morena (el partido de López Obrador), reivindica la democracia participativa (y mecanismos como el presupuesto participativo así como otras medidas en el terreno cultural como los centros educativos y artísticos PILARES, inspiradas en políticas del lulismo) en el marco de la democracia liberal y otras políticas para ampliar el Estado integral.

Pero en realidad, como decíamos, en el terreno económico se centra en un modelo “neodesarrollista” que se caracteriza por un mayor papel rector del Estado en la economía en un sector estratégico, el energético. Esto implica que las trasnacionales y el imperialismo estadounidense deben negociar con el gobierno mexicano, pero éste mantiene la subordinación del país en materia de seguridad, migratoria y en el terreno económico, lo que mantiene el despliegue de obras de infraestructura y beneficios fiscales junto una moderada limitación en los beneficios en la explotación y consumo de energéticos, así como las concesiones millonarias entregadas bajo gobiernos previos.

El gobierno también implementó su propia reforma educativa para “arrasar” con la herencia neoliberal en la educación y sustituirla por tradiciones teóricas que son presentadas como más progresistas y críticas como el pensamiento decolonial y poscolonial, así como contenidos con perspectiva de género acordes a su perfil feminista liberal (encabezado por políticas punitivas y de paridad de género). Tradiciones que comparten todas una orientación anti marxista y que son utilizadas por sectores provenientes de la izquierda socialista para justificar su integración/subordinación al gobierno y su derrape gradualista, así como por el gobierno para avanzar en aspectos transformistas.

Por estas consideraciones, las reflexiones que se abren a partir del texto de M. Maiello “Apuntes para la lucha de ideologías más allá de la restauración burguesa” sobre el consejismo y la planificación económica, en el marco además de la fortaleza del gobierno mexicano y en particular de la figura de López Obrador, nos brindan elementos fundamentales para abordar la lucha político-ideológica, una cuestión central para sentar las bases hacia la emergencia de una alternativa revolucionaria en México, en el marco de la marginalidad, la decadencia y la adaptación al gobierno de la mayoría de las organizaciones de izquierda acá.

Sobre los fundamentos de nuestro proyecto socialista y nuestra orientación

Por último, con este horizonte, consideramos que la recreación de un proyecto socialista en la actualidad exige una reflexión no solo internacional en general, sino a nivel regional. La integración de América del Norte en una de las principales cadenas de valor a nivel mundial, bajo la dirección del imperialismo estadounidense, primero en el TLCAN y más recientemente en el T-MEC, junto con los fallidos intentos de integración de México con Centroamérica y el Caribe concebidos por las clases dominantes regionales, hacen necesario el desarrollo de una perspectiva socialista de integración, articulado en función de los intereses de la multiétnica clase trabajadora de los distintos países de la región y buscando la alianza con los sectores populares oprimidos -mujeres, pueblos originarios, campesinos, jóvenes, pobres urbanos- que dé respuesta a los problemas estructurales de estas latitudes. Esto plantea la necesidad de profundizar la colaboración y el intercambio político de las organizaciones de la FT de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Left Voice de EEUU, LTS de Venezuela, OSR de Costa Rica y MTS de México), tanto para dar respuestas políticas articuladas ante cuestiones regionales -como la militarización y la migración, por ejemplo-, como para dar continuidad y pensar nuevas iniciativas de campañas en común, apoyándonos así para fortalecer nuestras organizaciones.