Este 19 de mayo debería iniciar la implementación del programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA). Eso no sucederá: las medidas ejecutivas de Obama continúan frenadas y millones de migrantes indocumentados siguen en la zozobra.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 19 de mayo de 2015
La acción ejecutiva de Barak Obama podría frenar las deportaciones de aproximadamente 5 millones de indocumentados, padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) y extiende la cobertura de la acción diferida de los dreamers de 2012, los jóvenes que llegaron al vecino del norte siendo niños, (DACA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con información del Migration Policy Institute, dada a conocer en El Financiero “los mexicanos constituyen 56% del total de la población indocumentada; sin embargo, han sido por mucho los más deportados: 71% del total. Más de dos millones han sido deportados a México y prácticamente la mitad tienen hijos legales en Estados Unidos”.
Pero aun si se destrabaran la DACA y la DAPA, lo cierto es que más de seis millones de migrantes continuarían expuestos a la deportación, a la separación de sus familias y a una vida precaria. Sin papeles no hay seguridad social, ni prestaciones de ningún tipo, ni derechos laborales, sindicales ni políticos.
Nuevas promesas ante elecciones presidenciales de 2016
Falta un año, pero ya se perfila la cuestión migrante como uno de los debates importantes ante los próximos comicios presidenciales en Estados Unidos.
Hillary Clinton, precandidata del partido demócrata, prometió impulsar una reforma migratoria con vía a la ciudadanía y, si esto no es posible por oposición en las cámaras de los republicanos, propuso defender las acciones ejecutivas hoy frenadas, y ampliarlas a más beneficiarios posibles.
El pasado 17 de mayo, Henry Cisneros, dio a conocer en un programa de Univisión que el actual secretario de Vivienda, Julián Castro, es el favorito para compañero de fórmula de la precandidata demócrata. Otro guiño para el electorado latino.
Por su parte, Jeb Bush –casado con una mexicana, Columba Garnica– y Marco Rubio, senador de Florida, de ascendencia cubana, son los precandidatos republicanos. Ambos dijeron estar a favor de impulsar una reforma, pero luego de blindar la frontera. Respecto a las acciones ejecutivas, señalaron que no revocarán de inmediato la DACA si llegan a la presidencia, pero difieren en cuanto a la DAPA. Rubio declaró que la revocaría y Bush dijo no haber resuelto aun qué hacer respecto a esa medida.
De acuerdo con declaraciones de Carlos Gutiérrez –ex secretario de comercio e impulsor de una reforma migratoria durante el mandato de George Bush–, en el programa Al punto, de Univisión, podría no darse la ciudadanía a los migrantes indocumentados, pero sí estancia legal. O sea, permiso para trabajar, para trasladarse dentro y fuera del territorio estadounidense, pero no derechos políticos.
Obama y Peña Nieto: récord de deportaciones
Barak Obama, que asumió sus mandatos prometiendo la ciudadanía a la cada vez más numerosa comunidad latina, ostenta el récord de deportaciones: llegó a más de 400,000 al año.
Con la llamada ‘crisis migratoria’ abierta con la gran afluencia de niños y jóvenes no acompañados a Estados Unidos, Obama ordenó a Peña Nieto que blindara la frontera sur de México, para impedir el paso de los migrantes.
El presidente mexicano obedeció, y así se implementó desde julio del año pasado el Programa Frontera Sur, que en el discurso era para “velar por los derechos humanos de los migrantes”. Nada más alejado de la realidad.
Hace pocos días, La Jornada dio a conocer un reportaje de la revista In these times, “Cómo Estados Unidos ‘solucionó’ su crisis migratoria” donde se ratifica, a partir de un informe de Amnistía Internacional, que México le hizo el trabajo sucio a Estados Unidos para frenar la migración desde Centroamérica, como afirmamos en La Izquierda Diarioacá.
En dicho reportaje se plantea la relación entre el financiamiento de la Iniciativa Mérida, firmada entre México y Estados Unidos en 2008 –el programa que financió la llamada “guerra contra el narcotráfico” – y el endurecimiento de la política migratoria.
Asimismo, se sostiene que el Programa Frontera Sur en realidad pone a los migrantes ante la disyuntiva de dejarse atrapar por las autoridades migratorias mexicanas y ser repatriados, o caer en manos de las redes de narcotraficantes y las redes de trata.
La solución para la cuestión migrante no va a venir de parte de los políticos que representan los intereses de las trasnacionales. A las empresas les conviene mantener a las y los trabajadores migrantes sin ciudadanía para pagarles los salarios más bajos y poder correrlos cuando les plazca.
El acceso a los derechos laborales, sindicales, políticos y sociales para los migrantes fortalecerá la situación de la multiétnica clase trabajadora que reside en Estados Unidos. Sólo la unidad y la movilización son la vía para conquistar estos derechos e imponer el libre tránsito de personas entre Centroamérica y Estados Unidos.
