Pacto de Mayo. Milei le declara la guerra al ambientalismo, el Rigi debe votarse en las provincias ¿cómo lo frenamos?

El gobierno nacional de Javier Milei logró finalmente su primera ley - aprobada con corrupción y represión - pero tuvo que realizar concesiones, entre ellas, la autonomía de las provincias para decidir si se adhieren al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones o Rigi en sus jurisdicciones. Esto puede reavivar conflictos en los territorios, donde hace años existe organización y lucha en defensa de los bienes comunes naturales contra los extractivismos.

Por esto, no es casualidad que en su discurso en la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores, Milei eligiera particularmente al ambientalismo como blanco de ataque:

“Los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que las necesidades de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos a tener el beneplácito de unos pocos acomodados. La naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo, por eso el principal problema que tenemos es la pobreza extrema y esto solo se soluciona si aprovechamos nuestros recursos."

Milei se quiere hacer el distinto pero repite una vieja fórmula para justificar la depredación de los bienes naturales y el extractivismo: que eso nos va a sacar de la pobreza. Si fuera cierto, hace rato que deberíamos tener un país más que próspero. Sin embargo, sobran ejemplos que muestran que la depredación de la naturaleza para el negocio de un puñado de millonarios no nos va a sacar de la pobreza, al contrario.

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Argentina, siendo un país productor de alimentos, tiene una pobreza infantil que llega a 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes y cientos de miles son afectados por la inseguridad alimentaria, agravada por el accionar del Petovello que no entrega los alimentos. Como si esto no fuera terrible, hace unos días, los empresarios del campo tiraban frutas y verduras que no se vendió porque nadie pudo comprarla.

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Cuando en los 90, el entonces canciller Felipe Solá introdujo el llamado paquete tecnológico con la soja transgénica y el glifosato, prometieron sacarnos de la pobreza. Lo que tenemos luego de años del modelo del agronegocio son pueblos fumigados con mayores tasas de cáncer y enfermedades autoinmunes, mayor concentración de la tierra y desplazamiento de campesinos y pequeños productores, y un grupo de grandes extorsionadores que no liquidan la soja de las silobolsas si el dólar no está al precio que ellos quieren. En definitiva, estamos más contaminados, más pobres y con más desigualdad.

Vaca Muerta fue otra gran promesa cuyo modelo no cierra por ningún lado. Las petroleras reciben subsidios millonarios y se llevan los dólares afuera, mientras los trabajadores y las poblaciones pagan las consecuencias socioambientales. Paradójicamente cientos de familias que viven en la meseta neuquina no tienen acceso al gas ni a servicios básicos y Milei quiere darles la garantía de que puedan desabastecer libremente el mercado interno, es decir, que los argentinos nos quedemos sin gas o que tengamos que importarlo más caro.

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Y si hablamos de megaminería, se cumplieron 30 años de la Ley de inversiones mineras, una especie de RIGI en los 90, a tono con la política neoliberal del menemismo. Los proyectos de minería a cielo abierto y sus consecuencias visibles muestran que el desarrollo de los pueblos nunca llegó, la generación de los puestos de trabajo no fue significativa y sí fue precaria. Tampoco se terminó con la pobreza en provincias donde desembarcaron trasnacionales mineras como la Barrick Gold en San Juan. Años de denuncias de contaminación de aguas y poblaciones, y zonas de sacrificio a costa de la vida de comunidades indígenas y pueblos que no dieron licencia social, y sólo sufrieron represión, persecución y criminalización por ejercer el derecho a la protesta, defender su derecho a decidir de qué vivir y cuidar los bienes comunes naturales.

El extractivismo de litio, que lleva más de 20 años, muestra también la otra cara de las falsas promesas y soluciones. Con tres proyectos en marcha, dos en Jujuy y uno en Catamarca, y más de 40 que esperan en el banco suplente para salir a la cancha con la implementación del Rigi. Las afectaciones son incalculables, pero ya está incidiendo en el desplazamiento de poblaciones indígenas que viven de economías de subsistencia vinculadas a las actividades agro ganaderas y artesanales, ante la falta de agua, como también condiciones de pobreza extrema que no cambian estructuralmente a pesar de la presencia de las mineras. No cuentan con gas o calefacción en lugares con temperaturas extremas y los índices de necesidades básicas insatisfechas superan la media. Los puestos de trabajo son muy pocos y con condiciones laborales paupérrimas, que cuestan la propia vida de los trabajadores.

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Abajo el Rigi

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones quiere legalizar y profundizar el saqueo que las transnacionales realizan desde hace años en nuestros territorios. No solo le otorgan beneficios impositivos, aduaneros y fiscales a los proyectos adheridos, también habilitan que las judicializaciones sean a nivel internacional donde manda el Ciadi - Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tribunal del Banco Mundial - y le dan prioridad en el acceso a “insumos” por sobre el abastecimiento interno, entre los cuales podría considerarse un bien vital tan elemental como el agua. Los extractivismos consumen enormes cantidades de agua en regiones donde suele ser escasa. Estas pretenden ser garantías territoriales y ambientales, porque estos proyectos predatorios generan enormes disputas y conflictos.

El mismo día que salía aprobada la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado, Bullrich creaba la “Unidad de Seguridad Productiva”, una infantería especialmente encargada de proteger los negocios extractivistas. Se trata de una fuerza de choque contra cualquier reclamo laboral o social que afecte la “productividad” de “sectores estratégicos” o de grandes empresas. Garantía represiva que Bullrich quiere darle a Paolo Rocca, Elon Musk y esos grandes millonarios que lejos de financiar ambientalistas, apoyan al gobierno entregador de Milei.

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Las resistencias y los conflictos en los territorios son innumerables y muchas veces no muy conocidos, quedando acotados a ciertas zonas, pero en los últimos años hubo al menos tres ejemplos en los que la lucha anti extractivista y por los bienes comunes naturales tomó relevancia provincial y saltaron al plano político. En Mendoza en 2019 y en Chubut en 2021 se masificó la lucha contra la megaminería cuando el tratamiento parlamentario para el avance megaminero y la rezonificación puso en agenda a nivel provincial la lucha socioambiental. Asambleas con una larga tradición en defensa del agua de distintos territorios confluyeron y hasta lograron cierta coordinación con sindicatos, siendo lo más avanzado el paro del Sindicato de Obreros Marítimos, el Sindicato Unido Portuario y el Sindicato de Conductores Navales en Chubut, que decidió finalmente el triunfo por el No es No!

En el caso de Jujuy en 2023, en la lucha contra Reforma Constitucional confluyeron junto a docentes y sectores populares, comunidades indígenas, nucleadas como Tercer Malón de la Paz, que vienen resistiendo durante años al avance del extractivismo del litio y la prepotencia patronal en sus territorios, con un Estado que vulnera sus derechos preexistentes y actuales, como también los bienes comunes que resguardan. La misma permitió romper barreras y que se conozca a nivel internacional lo que sucede en los territorios indígenas y el saqueo de los bienes comunes, y también que trabajadores, estudiantes y sectores populares tomaran la lucha anti extractivista que llevan adelante los pueblos originarios en la provincia. Si bien la lucha no triunfó en todos sus reclamos tirando abajo la reforma de conjunto, tampoco pudo ser derrotada, y Jujuy quedó como ejemplo de la resistencia y un laboratorio de respuesta ante planes de ajuste y saqueo.

La lucha contra el Rigi abre nuevamente la perspectiva de confluir desde las distintas asambleas territoriales, comunidades originarias, sindicatos y organizaciones científicas y estudiantiles, que vienen de distintas experiencias de organización, con el objetivo común de frenar el intento de Milei de profundizar el saqueo de las multinacionales.

Asambleas con mucha tradición como No a la Mina en Esquel de la provincia de Chubut están en alerta contra el Rigi y el Pacto de Mayo firmado por los gobernadores, como también otros colectivos, como Agua Pucará desde Catamarca, intelectuales y artistas.

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En el caso de Jujuy, al cumplirse un año de la lucha contra la Reforma, diversas comunidades indígenas expresaron su rechazo a la Ley Bases y el Rigi, como también al Convenio con la empresa estatal israeli Mekorot que avanza con acuerdos con las provincias y el Gobierno Nacional para aportar su granito de arena a los proyectos extractivistas.

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La tarea es urgente, porque el avance del Rigi en las provincias no se toma vacaciones de invierno. Este viernes 12 de julio, está convocada en la legislatura de Río Negro una sesión para la adhesión al Rigi y la renovación de concesiones petroleras. Sería la primer provincia en adherirse pero ya despertó el repudio de las Asambleas del Curru Leufu, un espacio que reúne a distintas asambleas de la provincia, y que se pronunció por el “No al Rigi en Río Negro”. En su comunicado, dicen que lo rechazan “porque incentiva y da licencia por 30 años a proyectos que profundizan el saqueo, contaminan el agua y el aire, agota los bienes comunes de la naturaleza, asfixia las economías regionales y genera redes de corrupción a su alrededor”, entre otras razones, y llaman “al gobierno de Río Negro a no avanzar en ningún proyecto extractivista: Calcatreu, Amarillo Grande, Oleoducto Vaca Muerta Sur, Puerto petrolero en nuestro Golfo San Matías. No a Mekorot en Río Negro”.

Desde todos los espacios hay que sumarse a hacer una gran campaña y coordinar para organizar el rechazo al Rigi y los extractivismos. Podemos demostrarle a Milei que los ambientalistas somos mucho más que una minoría ruidosa, somos la inmensa mayoría que padecemos los costos de sus políticas extractivistas y que vamos a defender lo que es nuestro.

Arriba los bienes comunes

La resistencia sin cuartel contra los extractivismos es más que necesaria. El combate valiente y feroz de las comunidades, poblaciones y asambleas territoriales sin dudas no faltará a la cita en el próximo período por el agua, los territorios y nuestras vidas. Sin embargo, con resistir solamente no alcanza.

No alcanza con luchar contra una minera en un territorio si luego avanzan 40 detrás alrededor nuestro. Tenemos que pensar cómo unimos las luchas para también plantear alternativas a este sistema capitalista depredador de la naturaleza que nos hunde cada vez más en la pobreza.

Debemos tener la valentía para luchar no solo en contra del capitalismo sino también a favor de una sociedad libre de explotación y opresión, una sociedad donde definamos desde abajo qué producimos, cómo lo hacemos y para qué. En esta perspectiva creemos que el rol de los trabajadores en alianza con las comunidades originarias, sectores oprimidos y el pueblo pobre es clave. No solo permite frenar la producción capitalista con una huelga general por ejemplo, sino que habilita pensar desde la producción misma cómo podría ser una transición hacia otras formas de producir, transformando la misma en función de las necesidades sociales y no del lucro privado. Este punto es nodal si queremos superar el capitalismo como sistema social.

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Por supuesto que no se hace de la noche a la mañana, medidas soberanas como el no pago de la deuda ilegal, el control por parte de comunidades y trabajadores de los bienes naturales, la estatización del comercio exterior - entre otras - son fundamentales para batallar contra las transnacionales, en un proceso en el que las y los trabajadores y comunidades tomen las decisiones democráticamente desde abajo. Lo que resulta ineludible es la tarea de construir esta perspectiva en cada lucha que damos.