Edad de imputabilidad. Milei vacía la escuela pública y Bullrich propone cambiar guardapolvos por grilletes

Este miércoles Patricia Bullrich fue entrevistada en Radio Mitre por Eduardo Feinmann, uno de los periodistas apologéticos de Javier Milei. Allí dialogaron, entre otro temas, de la idea oficial de bajar la edad de imputabilidad de los menores acusados de cometer delitos. Un supuesto “debate” en temas penales que, de fondo, encubre posicionamientos reaccionarios tendientes a controlar, reprimir y criminalizar principalmente a los sectores más empobrecidos de la población.

En sus declaraciones, la ministra de “seguridad” admitió que el tema está siendo estudiado por la administración (gobierno sería mucho decir) de La Libertad Avanza y que probablemente haya algún proyecto próximo a presentarse en el Congreso. Feinmann le consultó si es cierto que pretenden bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. “Todavía se está discutiendo la edad, si es a 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, respondió Bullrich. Y dijo que tomarán una decisión luego de analizar “cómo ha impactado eso en la población” de los países mencionados. Algo similar había dicho en enero su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Como para atajar algunas críticas, la ministra dijo que se estudia la baja para casos de “delitos gravísimos, como un asesinato”. Y a la vez debió aclarar que existen serias limitaciones constitucionales para hacer lo que se le ocurra al Gobierno. “Hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando esta…”, afirmó, sin especificar qué es lo que supuestamente debe ser “ordenado”.

Pese a contar con todo el tiempo radial disponible para decir lo que quiera, Bullrich insistió con sus habituales generalidades que no explican nada y sólo dan “títulos” para sus aliados mediáticos. Por ejemplo, dijo que “con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores”. Y también que “tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, algo que, dicho sea de paso, ya existe en el Código Penal.

Sin mostrar estadísticas públicas que sustenten sus afirmaciones, Bullrich apeló a mostrar los supuestos “éxitos” de su “filosofía interesante”. Y lo hizo homenajeando tácitamente al nefasto exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, creador de la hiperrepresiva Tolerancia 0. En este caso la ministra habló de la Teoría de las ventanas rotas, según la cuál quien en la Gran Manzana cometía “un delito menor” era sometido a “un tratamiento especial para que no vuelva a cometer un delito”. Según ella, “en su momento fue muy exitoso”, pero “luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.

Rudolph Giuliani, vale recordar, es adorado en Argentina tanto por Javier Milei y Victoria Villarruel como por Sergio Massa, Daniel Scioli y otros tantos dirigentes peronistas. Hay temas en los que nunca hubo “grieta” entre los partidos tradicionales.

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Cómoda con su interlocutor, Bullrich también aprovechó para hablar de su política de deportación de personas extranjeras. Un rasgo xenófobo disfrazado de patriotismo securitario. Por un lado dijo que el Gobierno está trabajando en un “perfeccionamiento de la Ley de Migraciones”. Por otro afirmó que, “al día de hoy, todos los días estamos echando del país a personas que delincan o que pertenezcan, directa o indirectamente, a organizaciones criminales”.

Sobre esto último, puso ejemplos que sirven más a su propia satisfacción verbal que a fundamentar sus políticas. Dijo que “el otro día entraron personas por un paso ilegal y fueron echados de manera inmediata”, aunque no les adjudicó otro delito que el de no haber pasado por un control migratorio-aduanero. Y que también supuestamente se les prohibió la entrada al país a dos abogados de la familia de un narco ecuatoriano y que, también según sus palabras, se expulsó a un violador chileno. Poca sustancia para tanta xenofobia.

Lógicamente, Bullrich no perdió la ocasión para festejar el reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación de la Ciudad de Buenos Aires en favor de su protegido, el policía asesino Luis Chocobar. Una sentencia que no lo absolvió ni mucho menos, sino que ordenó la realización de un nuevo juicio contra el agente que en 2017 mató por la espalda a un joven que corría desarmado por las calles de La Boca.

“Sentí justicia”, dijo la ministra. Y agregó que, para ella y su ladero Fernando Soto (abogado del criminal y a la vez funcionario del Ministerio de Seguridad), éste “es un caso testigo muy importante. Chocobar hoy es el ejemplo del buen policía, que hace lo que tiene que hacer”. Una justificación lisa y llana del gatillo fácil policial, ése “deporte” que, desde hace décadas, practican todas las fuerzas represivas del país con complicidad política y judicial.

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Con su ametralladora de iniciativas estigmatizantes, criminalizadoras y represoras, Bullrich es la colaboradora perfecta de Milei, quien junto a su otro ministro Luis Caputo y asesores como Federico Sturzenegger vienen aplicando un brutal plan de saqueo sobre los ingresos populares en beneficio directo de los sectores más concentrados y poderosos de la economía. Un plan de ajuste sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras que sólo puede “pasar” si, a la vez, se aplica una férrea política de control social, criminalización de la pobreza y represión a la protesta.

Mientras la ministra, con la excusa de luchar contra la inseguridad ciudadana, vuelve a proponer la baja de la edad de imputabilidad para meter presos a cada vez más jóvenes de los sectores populares, su propio Gobierno desfinancia la educación pública de la que esos mismos sectores son sujetos de derecho.

En un país donde la pobreza (según la UCA, no la izquierda) ya alcanza al 57 % de la población, este año la canasta escolar tuvo un aumento del 450 % respecto al año pasado (con picos de hasta un 900 % en productos como lápices o papel glacé). A su vez el Gobierno nacional eliminó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación Salarial Docente, por lo que el poder adquisitivo de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación no sólo se licúa por efecto directo de la inflación sino que, encima, es recortado. Y además la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello sigue negándose a proveer alimentos básicos a miles de comedores de los barrios más carenciados.

Aunque sofistiquen las palabras y se justifiquen con mentiras, la ecuación de La Libertad Avanza es sencilla: menos plata para los pobres, más plata para los ricos; si los pobres se quejan, los reventamos a palazos; y si algunos de sus hijos en edad escolar son arrojados al delito ante un futuro sin promesas, que se pudran en la cárcel cada vez más chicos. Violento, clasista y reaccionario (criminal, en definitiva) por donde se lo mire.

Si las ideas oficiales se traducen en proyectos de ley que el Congreso deba debatir y votar, más de un “progresista” estará en problemas. Es que iniciativas como la baja de la edad de imputabilidad podría encontrar muchos acompañantes “opositores”, sean peronistas, radicales, del PRO o “federales”. Vale recordar que hace veinte años fue el naciente kirchnerismo el que impulsó la sanción de las llamadas “Leyes Blumberg”, un paquete de normas de endurecimiento de penas que, lejos de resolver las causas de la “inseguridad”, profundizó la represión en los barrios y la saturación de las cárceles con una población cada vez más pobre y joven.

Huelga decirlo, pero sólo el Frente de Izquierda se niega a sancionar leyes que profundicen aún más el control policíaco-militar y la represión contra las mayorías sociales. No sólo es una cuestión de principios. Esa negativa está acompañada de un programa integral para terminar con la pobreza y la indigencia, haciéndoles pagar a los poderosos que hoy sostienen a Milei y Bullrich el costo de la crisis. Una crisis económica y social que ellos mismos generaron y de la que esperan salir descargando (nuevamente) sus efectos sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras. Contra ellos hay que luchar. No contra los pibes y las pibas en edad de guardapolvo.