A un año de la asunción. Milei y el extractivismo explícito: la destrucción del ambiente al servicio del gran capital

A diez días de iniciar su mandato, el 20 de diciembre de 2023, Javier Milei emitía el Mega DNU o Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. En esos más de trescientos artículos se configuraba el primero de los ataques: una feroz desregulación en materia de energía, tierra y minería y un nuevo salto legal para la entrega de territorios y bienes comunes a capitales extranjeros.

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Con el DNU se trató de eliminar la Ley del Manejo del Fuego, se reemplazó el art. 609 del Código Aduanero para la exportación sin freno de bienes y servicios, y se quiso avanzar sobre la Ley de Tierras, y aunque aún sigue vigente el decreto este aspecto en se encuentra frenado en la justicia.

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Siete días después, el 27 de diciembre, se presentaba la llamada Ley Ómnibus. En este proyecto, entre otras desregulaciones y derogaciones, se pretendía avanzar contra leyes de protección de los bosques nativos y los glaciares, establecer un mercado para emitir Gases de Efecto Invernadero (GEI) y desregular la actividad de pesca. Acá tuvimos un "principio de revelación": el negacionismo sobre el papel humano (en rigor, del capitalismo) en el calentamiento global convive tranquilamente con los negocios del capitalismo verde, que se basa exactamente en esa admisión, y supone que el "mercado" lo puede solucionar, business are business.

En enero, más de cien organizaciones socioambientales denunciaron en una declaración que el proyecto implicaba severos retrocesos ambientales.

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Luego de que a principios de febrero cayera el proyecto de la Ley Ómnibus, producto de las movilizaciones afuera y la rosca en las cámaras del Congreso adentro, el gobierno avanzaría con un segundo proyecto de Ley Bases, más acotado pero con el núcleo de su programa, incluyendo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) con la intención de hacer de la Argentina un paraíso extractivista.

Mientras que en abril el Ministro de Economía anunciaba la baja en los aranceles de importación de los herbicidas agrotóxicos que más se usan en Argentina, para el mes de mayo el Ejecutivo nombraba a un ex CEO de Monsanto al frente de la Conservación de Parques Nacionales.

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Durante los meses que siguieron hasta la aprobación en junio de la Ley Bases, continuaron resonando las consecuencias ambientales y sociales de las llamadas zonas de sacrificio: los sismos y derrames por el fracking en Neuquén, los incendios en el desierto verde de la soja, la falta de agua en las poblaciones en los salares del norte.

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Pero la rosca parlamentaria y de los gobernadores liberales, peronistas y radicales otra vez les daba la espalda. Solo los diputados del Frente de Izquierda y algunos sectores del kirchnerismo fueron denunciando al RIGI. Beneficios impositivos por treinta años a los grandes capitales para hacer más fracking, destruir más salares con la minería del litio y poner aún más en juego ese bien común esencial como es el agua.

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Inicialmente el proyecto pretendía imponer este Régimen a todo el país. Sin embargo, la inconstitucionalidad del avance sobre la autonomía de las provincias que tienen el “dominio originario” de los “recursos naturales” (art. 124 de la Constitución Nacional) obligó al Ejecutivo a reformular este aspecto y aceptar que las provincias debían elegir adherir al RIGI. Así, una vez aprobada la Ley Bases, en el mes de junio, el RIGI pasó a discutirse y a aprobarse provincia a provincia, dejando en claro la complicidad de los gobernadores con el saqueo de los bienes comunes naturales. En una nota Lihuen Antonelli te cuenta en profundidad sobre el RIGI

Respecto a la derogación y desregulación de las leyes ambientales estipuladas en la primera Ley Bases, este segundo intento no las atacó directamente, pero sí de manera indirecta. Tal es así que uno de los superpoderes que se le otorgó al Ejecutivo fue la eliminación de fondos fiduciarios con los cuales se les otorga presupuesto.

Llegaba así la segunda mitad del año, primero el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, en el que presidente eligió no casualmente al ambientalismo como blanco de ataque en su discurso, llamándolo “minorías ruidosas financiadas por millonarios extranjeros”.

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También a principios de julio se produciría un nuevo ataque, dirigido a los territorios donde las poblaciones tienen mayores tasas de cáncer, enfermedades autoinmunes y malformaciones. Se trató del Decreto 633/2024 que pasó a liberar completamente la actividad de fumigación de cultivos con agrotóxicos utilizando drones.

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Así lo saludaba Sturzenegger, a todo cinismo, a principios de agosto.

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Un mes después, en septiembre, en la sede de la Sociedad Rural, Milei arremetía en la defensa del agronegocio y, una vez más, haría alarde de su negacionismo sobre las consecuencias nocivas de los agrotóxicos en la salud de los pueblos fumigados.
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En septiembre, mientras los bosques nativos de la provincia de Córdoba seguían ardiendo en cuatro focos activos, se conocía la grave subejecución en los planes previstos por la Ley de Manejo del Fuego y de Bosques. La Ley de Manejo del Fuego, cuya derogación había sido anunciada en el mega DNU de 2023 pero que finalmente no había aparecido en el texto final del decreto, tuvo una ejecución solo del 26,7% del presupuesto previsto, mientras que la de Bosques fue de cero pesos.

Motosierra a la protección ambiental.
Ley de Manejo del Fuego (Nº 26.815): fuerte caída de su ejecución en la 1era mitad del año: apenas el 26,7% del presupuesto vigente. Menos aún que el 45%, 70% y 78% ejecutado en 2021, 2022 y 2023, respectivamente. https://t.co/b8M5OyJrSg

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 23, 2024

A principios de octubre, el gobierno pasó a disolver el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), algo que ya estaba anunciado en la Ley Bases y que se terminó de concretar allí. Si ya el presupuesto era magro, su desaparición implica lisa y llanamente un salto para que avancen el negocio inmobiliario y el agronegocio, con desmontes de manera ilegal.

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En noviembre, el gobierno de La Libertad Avanza hacía su debut reaccionario en la Asamblea de la ONU, y el día 11 de noviembre Argentina fue el único Estado que votó en contra de una resolución en favor de los derechos de los pueblos indígenas, siendo que en el país la mitad de las comunidades originarias están siendo afectadas en la protección de los derechos de sus tierras y en el acceso a los bienes comunes naturales, tal como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reseña Adriana Meyer en Página 12.

También por esos días, Javier Milei retiraba a la delegación argentina de la de la cumbre del clima COP 29 que se desarrollaba en Bakú, Azerbaiyán (una de las principales potencias petroleras mundo), con eje en el debate sobre el calentamiento global, el "invento de los comunistas", según el presidente.

Noviembre terminaba con el anuncio de una nueva privatización sobre el río Paraná, cuya licitación se concretará en enero de 2025, y que implica la entrega a capitales extranjeros de un espacio estratégico por el que circula más del 80% del comercio exterior argentino. Como en el RIGI, los beneficios entregados son enormes, con una duración que va de treinta a sesenta años, sobre setenta y nueve puertos a lo largo de 1477 kilómetros, que pasan por siete provincias (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires).

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Si el gobierno de La Libertad Avanza pudo avanzar tanto en un año en materia ambiental es porque cuenta con socios directos en el extractivismo entre la oposición política patronal. A eso nos referimos con consenso extractivista. Una política de Estado que viene de antes y que se profundiza al calor del negacionismo climático y su intento de subordinar a la mano invisible de los negocios capitalistas directamente los bienes comunes naturale del país Milei. Este año hubo ejemplos de resistencias a la implementación del RIGI en varias provincias que no lograron convertirse en causas con extensión nacional y de apoyo masivo. Por un lado, un sector del peronismo acompañó directamente el saqueo, la entrega y el ajuste con los “legisladores con peluca”, no casualmente de provincias con tradición extractivista como Catamarca y Jujuy, y en sintonía con lo que hicieron anteriormente otros gobiernos peronistas; y, por otro lado, un sector más crítico en el discurso no llamó a ningún plan para frenar estos ataques a través de los sindicatos y otras organizaciones que dirige.

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Lo cierto es que a un año de la asunción de Javier Milei se vuelve urgente establecer lazos de unidad entre los pueblos que resisten el avance extractivista y la clase trabajadora y sus organizaciones, para enfrentar los próximos pasos que querrá dar en 2025, fortalecer la coordinación de diferentes sectores en lucha y construir fuerzas desde abajo para imponer a las direcciones un verdadero plan de lucha.