Para el mediodía de ayer lunes la marcha encabezada por las mujeres yungueñas arribó a la ciudad de La Paz y fue recibida por miles. Exigen la libertad de sus dirigentes, el cese de la persecución política y el respeto al fuero sindical, el retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta de los Yungas y la abrogación de la Ley de la Coca que criminaliza la producción en zonas tradicionales de producción como en la Asunta, sud Yungas.
Martes 4 de septiembre de 2018
Foto: Erbol
Luego de una semana de caminata desde la Asunta y encabezada por la gran mayoría de mujeres de las comunidades yungueñas, arribaron a la ciudad de la Paz con una multitudinaria marcha encabezada por dos ataúdes en referencia a los cocaleros muertos con disparos en la cabeza y diversas partes del cuerpo los días pasados. Fueron recibidos por nutridos contingentes de las carreras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) particularmente de la Facultad de Sociales, juntas de vecinos de El Alto y La Paz, por los ponchos rojos de Achacachi independientes del Gobierno que el año pasado fueron encarcelados y sus juntas de vecinos así como por trabajadores del Magisterio Urbano y sindicatos fabriles entre los que destacaba la presencia de los trabajadores de Vita. Todo esto en contraste con las organizaciones matrices de los trabajadores como la Central Obrera Boliviana (COB) que no sólo que brilla por su ausencia sino que se ha convertido en una oficina del ministerio de Trabajo y una correa de transmisión de las medidas antipopulares emanadas del Gobierno del MAS.
En todo este conflicto, las autoridades gubernamentales sólo repitieron el libreto que durante la década de los 90 y los primeros años de este milenio difundían los diversos gobiernos para criminalizar la protesta social con epicentro en el Chapare cochabambino.
Te puede interesar: Yungas paceños: los muertos no paran
Hoy los personajes han cambiado y también las zonas geográficas de la erradicación forzosa, sin embargo el contenido de estas medidas, criminalizando la protesta y persiguiendo a los productores de la hoja de coca, se han mantenido. Incluso las amenazas de quitarles la custodia legal de sus hijos a las mujeres cocaleras por parte de Estefanía Morales del viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pone en evidencia el profundo divorcio que se ha producido entre los funcionarios de gobierno y la realidad del país, donde históricamente todas las marchas se realizan no sólo con hijos sino con familias enteras ante la imposibilidad de garantizar su alimentación y cuidados en ausencia de los padres. La criminalización de la protesta social por parte de los actuales funcionarios de gobierno no sólo pone en evidencia su asimilación al orden estatal burgués y a la clase dominante en sus aspiraciones personales y políticas sino en la repetición del mismo libreto criminalizador y pro imperialista del pasado.
En este escenario es fundamental las más amplia solidaridad con la lucha de las y los productores de hoja de coca de los Yungas.
