Denuncian incremento de la violencia y avance de la minería ilegal, bajo la protección de Bolsonaro.
Jueves 5 de mayo de 2022
A un mes de la instalación del campamento Acampamento Terra Livre, que concentra a representantes de más de 170 pueblos indígenas de Brasil, miles se manifestaron en Brasilia contra la minería ilegal (garimpo) y contra el gobierno de Bolsonaro y la extrema derecha, frente a la sede del Ministerio de Minería y Energía.
También denunciaron la desaparición de indígenas integrantes de Terra Indígena Yanomami (la mayor región indígena del país que alberga al pueblo Yanomami y al Ye’kwana ), una comunidad en Aracacá que sufrió incendios provocados, así como el recrudecimiento de la violencia contra mujeres indígenas, en particular tras la aparición de una niña de 3 años ahogada y la violación de una niña de 12 años por mineros.
Múltiples denuncias levantadas por los pueblos indígenas relatan un aumento de la minería ilegal, el despojo que deriva en desplazamiento forzado y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos (incluyendo un alza de homicidios por conflictos territoriales), según el informe de la Associação Hutukara Yanomami y su monitoreo de minería ilegal en tierra indígena Yanomami publicado en marzo de este año.
Extracción de oro y otros minerales, el desmantelamiento y destrucción de cuerpos hídricos, así como la deforestación necesaria para la actividad minera, han causado un aumento de enfermedades como malaria con series consecuencias para la población indígena de la región. Particularmente en territorio Yanomami, el informe denuncia un incremento de 3350% de la minería ilegal del 2016 al 2020.
Bajo la pandemia, el gobierno de Bolsonaro permitió la profundización de la minería ilegal (buscando regularizarla, en lugar de prohibirla) y el despojo propios de una economía neodesarrollista y neoextractivista, y de políticas que vulneran el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Solo en territorio Yanomami, la minería avanzó un 46% sobre tierras indígenas el último año.
Ya en el 2021, miles de indígenas se manifestaron contra la Ley 490/2007 que estableció un “marco temporal” que desconoce el derecho de posesión de tierras de los pueblos que han preservado y ocupado territorios indígenas desde hace cientos de años, atacando el derecho de posesión permanente de tierras y recursos naturales.
El ataque no se remite solo a territorio amazónico. Recientemente, en la región metropolitana de Belo Horizonte, el Consejo Estatal de Minas Gerais aprobó la licencia para el Complejo Minero de la Sierra de Taquaril, que le permite a las mineras explorar y explotar recursos en la Sierra do Curral, clasificada como área prioritaria para la preservación de la biodiversidad. Además, múltiples quilombos han denunciado el incremento del hostigamiento contra sus territorios.
Es indispensable la más amplia unidad y solidaridad de la clase trabajadora, los sindicatos, el movimiento negro y de mujeres con los pueblos indígenas y poblaciones quilomberas que enfrentan la minería ilegal, el agronegocio y la violencia del gobierno de Bolsonaro que busca preservar y profundizar las ganancias de las empresas mineras y del agro.
