CIENTOS DE DETENIDOS. Miles tomaron las calles de Hong Kong contra la ley de seguridad nacional china

Cada primero de julio los honkoneses llaman tradicionalemente a una manifestación contra el Gobierno chino. En este ocasión las autoridades habían prohibido la manifestación por primera vez en 17 años, al igual que la anterior del 4 de junio que homenajeaba a los caídos en la masacre de Plaza Tiananmen. El primero de julio es la fecha que conmemora el pasaje de Hong Kong desde el dominio británico a manos chinas en 1997.

La prohibición fue tomada como una provocación, junto al alcance de la Ley dictada por Beijing, que generó gran indignación a medida que se fueron conociendo los detalles el martes por la noche. La ley le otorga enormes poderes a las autoridades para tomar medidas enérgicas contra la disidencia y permite a China nuevos niveles de control sobre el territorio semiautónomo. La nueva legislación votada por China para Hong Kong supone un control tal sobre la isla que la ley de extradición, contra la que lucharon los hongkoneses durante el año pasado, se convirtió en un artículo más de la represiva ley actual.

No obstante, pese a la numerosa presencia de fuerzas represivas -unos 4.000 policías fueron desplegados- y a que las principales calles fueron acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la orden policial y salieron a protestar, tal como habían reclamado usuarios de los foros en internet del movimiento “pro-democrático” hongkonés. Aunque el número de participantes en esta protesta fue muy inferior al registrado en las marchas del 1 de julio de años anteriores, probablemente por un desgaste de las manifestaciones que comenzaron el 15 de marzo de 2019 a partir de la Ley de extradición donde miles de líderes y manifestantes están presos; que además se combina con las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles más de 300 personas fueron arrestadas durante la protesta. Entre ellas nueve han sido bajo el amparo de la nueva normativa dictada por China. La Policía advirtió en varios comunicados recordando que la marcha no estaba autorizada, reclamando a los manifestantes que se dispersaran y advirtiendo de que se procedería a reprimir con detenciones. Los antidisturbios emplearon camiones con cañones de agua para tratar de dispersar a los manifestantes, y también lanzaron gas lacrimógeno, mientras que quienes protestaban levantaron barricadas y, en algunos casos, les prendieron fuego.

El diario local South China Morning Post informó, citando a fuentes policiales, que los agentes han recibido autorización para detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslóganes relacionados con la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad, que han sido ilegalizados.

Primeras detenciones bajo la nueva Ley

La nueva ley, aprobada el martes, establece penas de hasta cadena perpetua para supuestos de "secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos del régimen comunista), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional".

La primera detención de ese tipo la anunció la policía en torno a las 13.30 hora local (05.30 GMT): "Un hombre fue detenido por sostener una bandera independentista de Hong Kong (...), infringiendo la ley de seguridad nacional. Es la primera detención llevada a cabo desde que la ley está en vigor". Más tarde, una mujer fue detenida por portar una pancarta con el lema "Independencia de Hong Kong" y banderas del Reino Unido y Estados Unidos.

Los manifestantes levantan el lema "Independencia de Hong Kong, la única salida" que ahora es leído por las autoridades como "sospecha que incita a otros a cometer secesión y, por lo tanto, puede violar" la nueva Ley de Seguridad Nacional. Otros eslóganes antigubernamentales también pueden llevar a cargos bajo el delito de secesión, mientras que la destrucción del transporte público o las oficinas gubernamentales pueden considerarse "terrorismo".

En respuesta, las fuerzas represivas cuentan con una nueva pancarta de advertencia para los manifestantes, basada en las prohibiciones marcadas en la nueva normativa. "Están mostrando banderas o pancartas, gritando consignas o comportándose con una intención de secesión o subversión, que podrían suponer delitos tipificados en la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Podrían ser detenidos y procesados", avisa el cartel, de color morado.

Esta actitud de las fuerzas represivas supone un salto en calidad sobre la represión que hasta el momento evitaba implementar las nuevas leyes dictadas por China, lo que resulta un paso importante de injerencia del gobierno continental sobre la ex colonia británica.

Carrie Lam y Beijing defienden la normativa

La jefa del Gobierno local, Carrie Lam, afirmó que la culpa de la radicalización de facciones del movimiento prodemocrático es de las autoridades de la ciudad y aseguró que su gran error fue no aprobar la ley de seguridad nacional antes, tal y como exigía la Ley Básica, la "mini-Constitución" del territorio. La jefa del Gobierno agregó que, "pese a que derechos como el de expresión están protegidos por la ley local, no son absolutos, algunas veces hay que contenerlos para garantizar la seguridad”.

Mientras tanto, el Gobierno de Beijing aseguró que la nueva ley es “la segunda más importante” tras la Ley Básica y que “fortalecerá” el modelo de "un país, dos sistemas" que rige la autonomía de la antigua colonia británica frente al resto de China.

Zhang Xiaoming, director ejecutivo de la oficina de asuntos de Hong Kong y Macao, confirmó los temores desde hace mucho tiempo de que la ley permita que algunos casos sean juzgados en los tribunales de China continental, y afirmó que se “seguirá impulsando la tolerancia política” en la ciudad, así como la coexistencia de “diferentes visiones”, al tiempo que indicó que Beijing no ve al movimiento prodemocrático hongkonés “como su enemigo”, aunque les insta a “reflexionar y ajustar su estrategia”.

No es así como lo ven abogados y activistas de la ciudad, que consideran que la nueva ley podría suponer el fin de las libertades democráticas e individuales de las que gozan los hongkoneses frente al resto de los habitantes de China continental, y que deberían mantenerse como mínimo hasta 2047 si se tiene en cuenta el compromiso adquirido con el Reino Unido en el tratado para la devolución de la antigua colonia, que Beijing ya no considera vigente. Además, cualquier persona condenada por alguno de los supuestos de la ley no podrá presentarse como candidato a las elecciones del Consejo Legislativo hongkonés. Los próximos comicios para elegir a los miembros de este organismo están previstos para septiembre. Con lo cuál China podría vetar cualquier tipo de disidencia interna orquestando las elecciones a su favor más que en cualquier otro momento.

Oportunismo imperialista

Beijing corre el riesgo de una mayor confrontación internacional a medida que otros países condenan la aplicación de esta Ley. El Reino Unido, Canadá y Taiwán han emitido advertencias de viaje, diciendo a sus residentes que pueden enfrentar "un mayor riesgo de detención arbitraria" en Hong Kong.

Boris Johnson dijo que la ley fue una "violación clara y grave" de la declaración conjunta chino-británica, el acuerdo que decide los términos de la entrega de 1997. Dijo que el Reino Unido procedería con cambios a sus leyes de inmigración para dar a las personas con estatus de británico (extranjero) una ruta a la ciudadanía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos "no se quedará de brazos cruzados mientras China trague a Hong Kong en sus fauces autoritarias".

Shen Chunyao, director de la comisión de asuntos legislativos del Congreso Nacional del Pueblo, rechazó la condena internacional y las amenazas de sanciones como "acusaciones injustificadas" y la "lógica de los bandidos". Dijo que la ley era "una combinación perfecta de cumplir el requisito previo de un país y respetar las diferencias de dos sistemas".

Mientas que China acaba de pasar a la ofensiva para frenar las movilizaciones que estremecieron a Hong Kong durante gran parte del año pasado y que podían impactar en la población continental en un momento en que se sienten los efectos de la pandemia con desocupación, despidos y bajas salariales, el Estados Unidos de Trump apela cínicamente a la carta de la "democracia" con el fin de encontrar un elemento de disputa en su cruzada antichina ante la catástrofe propia.

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Con información de Efe y The Guardian