Milicogate. Milicogate: Se revelan los patrimonios de los altos mandos del Ejército

Después de dos años de que se “destapara la olla” por el caso del despilfarro de miles de millones de pesos, solo actualmente se pudo dar una revelación final del patrimonio de los altos mandos del Ejército de Chile.

Podemos partir porque esta declaración de bienes e inversiones es solicitada solo a través de la famosa Ley de Transparencia. En estas declaraciones se encontraron graves omisiones e inconsistencias que hicieron difícil conocer el patrimonio real de los oficiales en cuestión. También que se encontraron millonarias inversiones en Grupo Arcano, inmuebles, autos e incluso familiares que debieron ser incluidos y no aparecen en los dudosos formularios.

El comandante de la División de Adquisiciones, el general Germán Schell, quedaría en el tercer lugar en este caso. Según su declaración de patrimonio, tiene más de $163 millones repartidos en una cuenta corriente en dólares, un depósito y una cuenta en la Jefatura de Ahorro para la Vivienda de la misma institución. Pero pudo haber sido más si no fuera porque gran parte de su patrimonio se esfumó en lo que hoy la justicia investiga como un millonario fraude piramidal.

Schell tenía cerca de $193 millones invertidos en empresas del Grupo Arcano, el holding que fundó y dirigió Alberto Chang, y que hoy es objeto de una investigación judicial por estafa y lavado de activos. De hecho, entre febrero de 2014 y diciembre de 2015, el general realizó a lo menos 10 operaciones con montos que variaban entre los $10 millones y $55 millones, la mayoría de ellas con una rentabilidad garantizada de 1,3% mensual, más del triple de lo que ofrece el mercado formal.

Y al igual que las 700 personas que confiaron su dinero a Arcano, cuando Chang se fugó a Malta en marzo de 2016, Schell perdió su dinero. Eso a pesar de que apenas dos meses antes el Ejército había enviado a todo el país una circular recomendando a sus militares no invertir en ese tipo de empresas.

En el Ejército dicen estar realizando una revisión de las declaraciones de sus oficiales para definir patrones que les permitan identificar a futuro movimientos patrimoniales irregulares e injustificados, aun así, no habría forma de que cualquier persona pueda acceder a estos documentos.

A menos de dos años de haberse detectado el multi-millonario fraude con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre y a un año de que un reportaje de Informe Especial revelara el explosivo e irregular aumento patrimonial del ex comandante en jefe, el general Juan Miguel Fuente-Alba. Sólo dos de esas declaraciones están disponibles en la plataforma Infoprobidad, el sitio web dispuesto por la Contraloría para publicar las declaraciones de patrimonio e intereses de todas las reparticiones públicas y así convertirlas en información accesible de forma inmediata.

Que las otras declaraciones no estén publicadas “no es algo irregular ni ilegal” para la ley. Si bien la Ley de Probidad establece que “todas las declaraciones son de acceso público”, en el caso del alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden sólo unos pocos están obligados a publicarlas: los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el general director de Carabineros. Todos los demás oficiales de alto rango deben efectuar sus declaraciones, pero luego de entregarlas quedan archivadas, negando que cualquier persona pueda revisarlas. En pocas palabras, esta ley está hecha en pos de proteger a las FFAA en casos de fraude y corrupción.

En una investigación que buscaba reconstruir los patrimonios en cuestión, se encontraron inmuebles y vehículos que no figuran en las declaraciones y que, según los registros oficiales, aún son propiedad de generales del Ejército o de sus cónyuges. También, sociedades activas que no están declaradas. Siete generales se definen como jefes de servicio, y como tales, estarían obligados a declarar sus redes familiares. Pero sólo tres lo hicieron. Otros once debían incluir el patrimonio de sus esposas por estar casados en sociedad conyugal, pero hubo tres que simplemente lo omitieron. Y de los ocho que sí pusieron esa información, la mitad dejó más de algún dato afuera.

Entre todos suman 100 propiedades que equivalen a un patrimonio inmobiliario que se evalúa por sobre los $5.728 millones. Algunos no tienen ningún inmueble, mientras que otros tienen hasta cinco. El mismo número de bienes raíces que figuran inscritos a nombre de algún general y que no están consignados en ninguna de las declaraciones.

En cuanto a vehículos, los registros oficiales dan cuenta de 55 autos, camionetas o motos inscritas a sus nombres, pero en los formularios sólo aparecen 47. Declaran acciones en empresas que tranzan en la bolsa y unas pocas sociedades donde desarrollan actividades comerciales. Otros omiten trabajos que tienen por fuera de la institución o no los detallan lo suficiente como para saber si podrían o no implicarle algún tipo de conflicto.

Con estos antecedentes queda la interrogativa de quién fiscaliza todos estos movimientos financieros, ya que a pesar de que varios accedieron a dar su declaración, casi ninguna contiene todos los datos correspondientes, son bastante irregulares; a pesar de todo esto, está claro que los militares corruptos se mantendrían en total impunidad.

Felices y forrados: Los comandantes y generales en jefe del ejercito

El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, fue el primero en omitir bastante información en su declaración de patrimonio, pues es el que registra mayor patrimonio inmobiliario. Oviedo posee cuatro departamentos en Las Condes, Vitacura y Peñalolén, además una oficina en Temuco, todo avaluado en nada menos que $329 millones. Declara también bonos del banco HSBC en Estados Unidos por US$40 mil, un depósito en el Banco BCI por $21 millones y una renta mensual de $4,6 millones.

Suma y sigue, pues en mayo de 2016, Oviedo fue acusado de haber gestionado de forma irregular, en el año 2010, pasaportes diplomáticos para que sus hijos viajaran a Estados Unidos, donde además obtuvieron pagos de la embajada chilena.

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Ricardo Martínez, es el oficial más rico del alto mando. Declara un ingreso mensual de nada menos que $3,8 millones, más bajo que el de varios de sus colegas generales. Eso sí, recibe una remuneración extra como miembro del consejo directivo de la Mutualidad de Ejército y Aviación. Así lo señala en su declaración, aunque no indica cuánto y en los estados financieros de esa entidad tampoco se detalla el monto.

Es dueño junto a su esposa en partes iguales de un sólo inmueble que compró en Las Condes en 2004, y que hoy tiene un avalúo de $119 millones. Y tiene también dos vehículos que suman un valor fiscal de $8,3 millones. Aunque, el grueso de su riqueza no está en sus ingresos ni sus bienes, sino en sus inversiones.

Martínez declara menos de un millón de pesos en acciones de Ripley Corp y dos fondos mutuos que representan $23 millones. Pero lo que realmente hace la diferencia son los $403 millones que posee en una cuenta de ahorro que mantiene en la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE). Sumando activos y restando pasivos, su patrimonio total estimado se alza sobre los $555 millones.

Ese cálculo, en todo caso, no es definitivo, ya que no considera el valor comercial de sus inmuebles y vehículos, sino sólo su avalúo fiscal, que es bastante menor.

Sólo como un ejemplo: en enero de este año, el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, general Gustavo Núñez, compró un departamento con dos estacionamientos y una bodega en un exclusivo sector de Las Condes. Su avalúo fiscal es de poco más de $148 millones, pero el valor comercial que él pagó bordea los $318 millones.

Considerando esa diferencia, el segundo en la lista es Juan Durruty, director del Hospital Militar. En su declaración de patrimonio incluye un departamento y una casa en Lo Barnechea, una parcela en Los Vilos, una casa en Santo Domingo y un departamento en Peñalolén, cuatro vehículos y dos créditos hipotecarios que dan por saldo unos $523 millones.

También declara la Sociedad Médica Doctor Juan Durruty y Cía. SpA, donde posee el 60% del capital y que de acuerdo a los registros del SII, explota el giro comercial de centros médicos. Y aunque en su declaración del 29 de marzo señaló actividades como traumatólogo, no consignó que esa actividad la realiza fuera de su horario funcionario en las clínicas Vespucio y Tabancura. Una relación a honorarios que mantiene no como persona natural, sino que a través de su sociedad.

Hubo otros que no transparentaron o fueron imprecisos respecto a sus actividades por fuera de la institución. El director de Proyectos e Investigación del Ejército, general Hernán Araya, declara que presta servicios de ingeniería de forma remunerada, pero no indica dónde ni qué tipo de servicios.

El general John Griffiths, comandante del Comando Conjunto Norte, indica que participa en la sociedad Asesorías e Inversiones Geo-Strategika Ltda., pero no en la sección destinada para ello, sino que como un breve enunciado que reconoce como una potencial fuente de conflicto de interés, sin detallar que es dueño del 50% de esa empresa, a qué se dedica ni cuál es el valor de su participación.

Y el comandante general del Personal, general Luis Chamorro, reconoce actividades remuneradas desde 2015 como “director” sin identificar en qué institución.

Por su parte, el general Erwin Siebert, comandante de Bienestar del Ejército, registra un patrimonio estimado en $300 millones. No declara deudas, y es dueño de un fundo en Puerto Octay y de dos vehículos, que representan apenas un 30% de su patrimonio. El resto de sus activos están invertidos en acciones en IANSA, Watt’s y SM-Chile, además de un ADR (acciones que transan en EE.UU.) en SQM y ahorros en dólares emitidos por el Ejército y los bancos Deutsche Bank (Alemania) y Rendimiento (Brasil).

Siebert es uno de los 11 generales que por estar casados en sociedad conyugal, están obligados a incluir en el formulario el patrimonio de sus esposas. También es uno de los tres que debiendo haber hecho eso, en la casilla donde se pregunta si la declaración contempla los bienes, inversiones y deudas de su cónyuge, escribió “NO”.

Considerando su declaración, es imposible estimar el patrimonio total del general Rodrigo Urrutia, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército. Tiene un inmueble en La Serena cuyo avalúo fiscal se alza por sobre los $48 millones, aunque él lo declara con un valor de $0. Posee también tres automóviles y según puso en el formulario, uno vale “8,74” y los otros dos “5,2”. Lo mismo pasa con sus inversiones: en su cuenta corriente en dólares del Banco de Chile dice tener “7”, en su cuenta de ahorro en la JAVE declara “59,94” y una libreta de ahorro con un saldo de “4”.

No es el único que llenó su declaración con cifras inexactas, o poco claras. El director de Educación, Doctrina y Entrenamiento del Estado Mayor Conjunto, general Andrés Fuentealba, declara dos propiedades inscritas en el conservador de Valdivia, una con un avalúo fiscal de “80” y la otra de “50”.

Sus autos, según indica, valen “7” y “3”, respectivamente. Y cifra el valor corriente de su Sociedad Agrícola y Ganadera Punucapa Ltda. en “80”. A través de esa empresa es dueño de uno de los inmuebles que declara, aunque ante el SII la sociedad aparece sin inicio de actividades. De acuerdo a los registros que consultó Radio Bío Bío, Fuentealba tendría además un tercer inmueble en Futrono que no figura en su declaración patrimonial y que estaba incluido en la carta que le enviamos y no respondió.

En el Ejército reconocen que lo único que se revisa de las declaraciones de patrimonio antes de ser subidas a la plataforma de la Contraloría es que cumplan en términos de forma: que se hayan realizado dentro de los plazos establecidos y que tengan los datos mínimos exigidos. Pero si la información está incompleta o es inexacta, no es materia de revisión. Y respecto a los errores, imprecisiones y omisiones, los atribuyen a distintas causas.

Respecto a los ocho vehículos que figuran en los registros oficiales y que no aparecen en las declaraciones, dicen que puede ser porque el mismo Registro Civil no ha dado de baja vehículos antiguos. Y en algunos casos pueden tener razón: dos autos que omitieron los generales Felipe Cunich y Jorge Rivas registran encargo por robo, y posiblemente el Fiat que adquirió en 1985 el general Rafael Piedra, el Renault que compró en 1989 el general René Bonhomme o el Austin Mini 850 que inscribió el general Rodrigo Díaz en 1994, ya ni siquiera existan.

Aunque como ninguno respondió a la carta, la duda persiste. Lo mismo pasa con el Volvo B16 de 1962 –hoy considerado un auto clásico– que figura en los registros oficiales a nombre del general Edmundo Villarroel, y que no está consignado en su declaración.

Sobre las cifras inexactas, el contralor interno de la institución, general Rodrigo Carrasco, dice que se deben a fallas del sistema informático de la Contraloría donde se sube la información. Asegura que varios oficiales se percataron de que la plataforma les cambiaba los montos cuando llenaban el formulario. Le preguntamos si notificaron a la Contraloría sobre ese error, y su respuesta fue que no lo hicieron “porque son ellos quienes tienen que tomar las medidas correspondientes”

En la versión original del proyecto de la Ley de Probidad la cosa era simple: si alguien no hacía su declaración dentro de los plazos, omitía información o incluía datos inexactos, la Contraloría le daba 10 días para enmendar su situación. Si no lo hacía, se arriesgaba a una multa de 10 a 30 UTM, y si pasaban cuatro meses sin cambios, la peor sanción podía llegar a ser la destitución del cargo.

Pero lo que se imprimió en la ley final es más engorroso y lento. Tras detectar la infracción, la Contraloría dará un plazo de 10 días, ahora hábiles, para solucionar la falta. Si no cumple, ya no aplicaría una multa de forma directa, sino que se formularán cargos contra el infractor y le darán otros 10 días hábiles para presentar sus descargos.

A eso le sigue un período probatorio de ocho días hábiles y luego de otros 10 para que la Contraloría decida si recomiendo o no una sanción, cuya aplicación queda a criterio del jefe de servicio respectivo. La multa quedó fijada entre las 5 y las 50 UTM y se mantuvo el riesgo de destitución en caso de no rectificar la falta.

Todos los hechos nos demuestran que gracias a la impunidad de la que gozan los militares y ex-militares en general, su peor sanción sólo sería la destitución de sus cargos dentro del Ejército; aparte de tener un alto prontuario histórico de asesinatos a la misma patria que dicen defender, hoy se vuelven a ver envueltos en el cuestionamiento por los fraudes económicos realizados, sin embargo, no tendrían más consecuencia que solo perder legitimidad por parte de la población.