El actual régimen hondureño ha perpetuado la maquinaria del golpe de Estado, orquestado en 2009 con la venia de Estados Unidos. El caso del asesinato de la activista Berta Cáceres, es el claro reflejo de la política exterior estadounidense que se ha mantenido en Honduras y el resto de Latinoamérica.
Jueves 17 de marzo de 2016
A más de 10 días del asesinato de Berta Cáceres Flores, las autoridades todavía no han rendido algún informe o avance de las investigaciones a las hijas y familiares de la activista. Al parecer, para las autoridades ha sido más importante retener al activista mexicano Gustavo Castro Soto, único sobreviviente del ataque, con el fin de realizarle exámenes y pruebas forenses bajo la orden de un juez que además le ha impedido la salida del país centroamericano. Peor aun: fue asesinado Nelson García, un colaborador de Berta.
Mientras el gobierno hondureño se ha limitado a ofrecer comunicados a la prensa internacional para calmar la indignación y tapar el escándalo, distintas organizaciones –principalmente el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)– condenaron enérgicamente la retención de Gustavo Castro, denunciando que las líneas de investigación deben centrarse en las pruebas de amenazas que había recibido la activista en los últimos meses de vida. Pero todo indica que pretenden ganar tiempo y mantener impune el asesinato de la líder indígena lenca, como ha sucedido con cientos de asesinatos políticos.
Por medio del Copinh, se ha señalado y presentado por lo menos 30 pruebas sobre las personas que habían amenazado de muerte a Berta, así como pruebas de hostigamiento hacia ella y otros miembros de dicha organización. La investigación impune de las autoridades avanza, mientras se acosa y criminaliza a más miembros de la organización de la que fuera fundadora Berta Cáceres.
Algunas iniciativas por parte de organizaciones, defensores de derechos humanos y encabezado por la familia de Berta Cáceres, se alistan para convocar a un encuentro internacional que de ser necesario lleve a cabo una investigación independiente para lograr el esclarecimiento del asesinato de la indígena.
Las jóvenes hijas de la activista, Olivia, Berta y Laura, han señalado también que debe de incorporarse a las investigaciones a personas de su confianza, así como a peritos y expertos extranjeros. En las diferentes ruedas de prensa han hecho un llamado a la solidaridad internacional y no dudan en seguir convocando a la movilización en las calles.
Política exterior estadounidense
Algunos intelectuales y estudiosos de la realidad hondureña han señalado que la actual situación es resultado de la política exterior estadounidense, que se ha encargado de mantener intactos los mecanismos represivos que consolidaron el golpe de Estado, perpetrado contra el gobierno de Manuel Zelaya en 2009.
En plena carrera presidencial hacia la Casa Blanca, la precandidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton en ese entonces secretaria de Estado, es señalada directamente como una de las responsables del crimen contra luchadores sociales desatado para el conjunto de la región.
Diferentes analistas internacionales han reforzado las afirmaciones de que Clinton desempeñó un rol central en frenar el retorno de Manuel Zelaya, y que para hacerlo se apoyó en la política de Barak Obama con el aumento de bases militares en toda Latinoamérica desde 2007. Aliándose con los sectores más reaccionarios de Honduras, Clinton logró garantizar las condiciones que finalmente dieron legitimidad al Congreso golpista, según señaló en entrevista el sociólogo Greg Grandin.
¿Hillary Clinton, es una opción para las mujeres? Pregúntenle a Berta. La activista ambiental no sólo fue parte de la resistencia contra el golpe de Estado, sino que mantuvo su oposición política desde entonces contra el régimen, señalando la política exterior de Hillary Clinton al promover las elecciones bajo el llamado de “gobierno de unidad”.
Desde entonces, la situación del país ha ido en detrimento de las necesidades del pueblo hondureño, donde se ha instaurado el sicariato, la persecución, violaciones a los derechos humanos y se amenaza la vida de manera permanente. Pero también como decía la activista, en Honduras “no es lo mismo ser un dirigente hombre, que una dirigente mujer”. Las tasas de feminicidio en dicho país son de las más altas en el mundo y van en aumento.
Éste es el gobierno de Juan Orlando Hernández. La continuidad de las normas dictadas por el imperialismo estadounidense se han mantenido intactas para lograr expandir sus inversiones y consolidar proyectos de destrucción y despojo de tierras. De nada ha servido la formalización de convenios que protegen los títulos de tierras y que pertenecen ancestralmente a indígenas y campesinos.
El gobierno ha renovado tratados y convenios para acelerar sus objetivos. Así lo demuestran las recientes reuniones que los gobiernos del llamado Triángulo del Norte han sostenido con Estados Unidos. El plan Alianza para la Prosperidad y el Plan de Seguridad para Centroamérica revelan las intenciones de reafirmar su dominio en todo el istmo, para ahogar aún más a estos países con la deuda externa y someter a todo sector opositor, mediante mecanismos jurídicos, de represión y contrainsurgencia.
A manera de balance sobre el papel que jugó el golpe de Estado hace más de seis años, Berta Cáceres afirmó en entrevista a un medio argentino: “Venimos arrastrando un golpe de Estado... siguen los golpistas. Después de las elecciones impuestas como parte de la política exterior que mantuvo Hillary Clinton y que confiesa en su libro ‘Decisiones difíciles’, se muestra aún más la injerencia estadounidense. Los gobiernos latinoamericanos aceptaron eso y nosotros advertimos que con las elecciones se daba paso a un ambiente más hostil. Juan Orlando Hernández es un militar con vestimenta de civil”.
La implementación de “zonas de empleo y desarrollo económico” (Zede) que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha propuesto a manera de “zonas modelo”, en regiones estratégicas al servicio de la inversión extranjera, da muestra del paquete de reformas económicas y políticas que se esperan en corto plazo. Mismas que han sido blindadas con la renovación constitucional de la policía militar, que aprobó en Congreso hondureño el año pasado.
Muchas Bertas
El crimen político contra la incansable Berta ha puesto nuevamente en las calles el descontento social. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha querido sortear la crisis política desatada por el deficiente sistema de salud, que al grito de ¡Fuera JOH! abarrotaron las calles con marchas de antorchas el año pasado.
Durante largas décadas han mantenido la corrupción al interior del régimen y sus instituciones; con el vaciamiento estructural del Estado han consolidado su poder, convirtiendo a Honduras como el paraíso de los enormes consorcios trasnacionales, para cumplir la agenda estratégica de Washington en la región.
Pero este modelo se repite para el resto de los países latinoamericanos. En Guatemala, son también mujeres indígenas las que han pagado las consecuencias represivas de gobiernos dictatoriales, como el de Efraín Ríos Montt; es el ataque a la indígena, Milagro Sala de la Organización Barrial Tupac Amaru, en la provincia argentina de Jujuy; es también la arbitraria detención de Nestora Salgado en México, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de Guerrero, o el hostigamiento permanente a las comunidades zapatistas por paramilitares, y la lista es infinita.
Para que el caso de Berta no quede en la impunidad, para poner un alto a la injerencia imperialista en la región –y a la militarización que conlleva-, para reagrupar las demandas del conjunto del pueblo hondureño se hace indispensable la movilización en las calles de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y los pueblos indígenas, que tiendan lazos hacia el pueblo trabajador del conjunto de Latinoamérica, sobre quien pesa también la ofensiva imperialista estadounidense.
