En este artículo se aborda el debate en torno a la militarización en México, la relación con los planes capitalistas y el narcotráfico. Siendo un proceso complejo y existiendo distintas posturas en proceso de discusión, presentamos este artículo como parte de la reflexión y el intercambio en nuestra organización sobre el tema, por lo cual algunas de las cuestiones planteadas expresan la posición personal del autor.

El 26 de septiembre de 2024 se cumplió una década de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y entonces Andrés Manuel López Obrador planteó en un documento enviado a madres y padres de los normalistas desaparecidos, publicado el 20 de julio en el diario La Jornada, que no hay elementos para incriminar al ejército por estos hechos. Algunos familiares de los 43 denunciaron que esta carta es casi “una nueva verdad histórica” y recordaron que hay testimonios y declaraciones ministeriales que demuestran que ese día el Ejército estaba en las calles y contribuyó de manera vergonzosa en la desaparición de los jóvenes.

Por esta escandalosa posición donde prevalece la impunidad sobre la justicia, luego de seis años de investigación institucional del primer gobierno de Morena de López Obrador, desarrollo reflexiones sobre el papel del ejército en México, la importancia de su legitimidad y fortalecimiento para la 4T, logrando buena parte de su hegemonía refuncionalizando y apoyándose en la Secretaría de la Defensa Nacional, aprovechando el enorme apoyo popular en López Obrador, para revertir el tremendo cuestionamiento del tremendamente cuestionado período anterior, por la llamada “Guerra contra las drogas” que encabezó el gobierno de Felipe Calderón y por la desaparición de los 43 en el gobierno de Peña Nieto, momentos decisivos de una crisis de legitimidad que capitalizó Morena con su triunfo en 2018, aunque la institución también realiza acciones como el Plan DN3.
Pero además de fortalecer su presidencia con el respaldo del ejército, la 4T profundizó la militarización del país como ningún otro gobierno en México. [1] Fenómeno que contrasta con el discurso del gobierno del “humanismo mexicano”, amparado en las fuerzas armadas.

Por la complejidad del tema y la discusión abierta en este texto sobre el ejército como pilar central de la 4T y del régimen mexicano, su desarrollo se esboza como proyecto de tesis, es decir, no es un documento de investigación, sino una aproximación teórica e hipótesis, a lo que vivimos en el país, en diálogo con autores que han escrito del tema. Recomiendo por tanto leer los autores mencionados en cada tesis, pues creo que están ausentes entre los críticos de izquierda del proyecto de la 4T, las implicaciones de la militarización del país. Paradójicamente, en el México del “humanismo” la institución más poderosa no son las organizaciones sindicales, ni campesinas (existe una baja tasa de sindicalización): es el ejército. El ejército es un pilar del gobierno mexicano. Si bien la hegemonía basada en el apoyo popular es contundente, en estas tesis analizamos la militarización del país.

Tesis 1. Hegemonía y 4T: refuncionalización de una consigna y cambio de un discurso

Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador su discurso de campaña cambió drásticamente y se mostró su política real, de la consigna de “desmilitarizar el país” que generó mucha simpatía y aspiraciones a resolver el clima de violencia, pasó a plantear que “es de sabios cambiar de opinión" sobre las fuerzas armadas en México [2] y desde la presidencia fue construyendo narrativas en el transcurso de una campaña ideológica de manipulación de masas para moldear la percepción social de la institución militar. Frases de apariencia “progre” como que “el ejército es pueblo uniformado” o es “pueblo bueno”, entre otras, fueron parte constante de un discurso constitutivo de búsqueda de legitimidad y un nuevo sentido de consenso e identidad grupal entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, para fortalecer la hegemonía, reduciendo la distinción entre civiles y militares, lo que puede generar un efecto de aceptación de la creciente militarización de la seguridad pública, infraestructuras y territorios del país.

Reforzar la legitimidad del ejército fue fundamental para que López Obrador diera pasos hacia una reestructuración del poder más favorable a la 4T. El uso electoral de la demanda de “desmilitarización del país”, muy sentida en la población, en medio de una crisis orgánica y después de la desaparición de los 43 normalistas, llevó a una refuncionalización de dichas aspiraciones redirigiendo la nueva hegemonía.

Entre 2018 y 2024, el ejército mexicano adquirió un poder sin precedentes con la militarización de muchas funciones anteriores de mando civil, teniendo hoy este control en áreas claves de la administración pública y dio nuevas tareas fundamentales al ejército, aumentando sus funciones y presencia en todo el país. Si bien, en la época de Calderón y Peña Nieto en un sector de la población el ejército era visto como una institución que “combatía al crimen organizado”, mientras era cuestionado por su autoritarismo, abusos y por su implicación con el crimen organizado, la 4T logró moldear la percepción de la realidad en un sector amplio de la población al grado que las acciones del ejército son menos susceptibles de ser percibidas como autoritarias o represivas, incluso cuando éste aumente dramáticamente su concentración de poder o se involucren en el control de manifestaciones o actividades sociales. lo que generó simpatía en amplias capas de la población (es nuestra hipótesis), en el sentido de que la institución ahora realiza otras tareas. Esto fue posible gracias al manejo político la promesa del ejecutivo del resolver el caso Ayotzinapa.

Los últimos tres años y medio, los militares consolidaron el control de aduanas, realizaron la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, del Banco del Bienestar, del nuevo aeropuerto capitalino Felipe Ángeles, así como de la custodia y traslado de las vacunas contra el COVID-19 y la implementación del programa de reforestación Sembrando Vida.

Es decir, a la institución militar no sólo se le podría ver en el imaginario nacional del “combate a grupos económicos ilegales”, sino como una institución del régimen político con participación activa en la toma de decisiones políticas, de construcción de infraestructura, de carácter económico, sanitarias durante la pandemia, etc. Además, con la creación de la Guardia Nacional, la 4T profundizó la militarización de la seguridad pública y del país. De acuerdo con datos oficiales el ejército mexicano tiene un efectivo real de 165,454 militares, la Secretaría de Marina 51,946 y la Guardia Nacional 100,324, sumando un total de 317,724. Para Global Firepower, índice de medición en Estados Unidos de las fuerzas armadas en el mundo, México se encuentra en la posición 35. La creación de la Guardia Nacional en 2019, como promesa de “hacer algo más de tipo civil” terminó siendo una falsedad pues está compuesta por un alto porcentaje de ex miembros de la Sedena. La Guardia Nacional que nació como “institución civil” fortaleció la militarización, primero al mando de la Segob para finalmente ser integrada a la Sedena luego de una mediática discusión nacional.

Tesis 2: El ejército como garante del proyecto de transformación de la 4T y los megaproyectos imperialistas en el sistema mundial

Además de las tareas de “combate” a los grupos de la economía ilegal, ha comenzado a incrementar su poder en México, el incremento del poder militar bajo la 4T no sólo es una tarea de orden capitalista, sino un rasgo bonapartista en desarrollo, primero de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, que más allá de reivindicar su carácter social y cuestionar al neoliberalismo, sus gobiernos no buscan confrontar el orden burgués. Ante el evidente desmantelamiento de las principales empresas nacionales del país durante décadas de ofensiva neoliberal, la política de Morena no buscó cimentar el fortalecimiento de industrias nacionales claves del país, sino potenciar el poder del ejército.

Por eso, seguiremos viendo a empresas privadas jugar roles claves en la infraestructura del país y su enriquecimiento, como Grupo Carso, Cemex, Grupo Aeroportuario del Pacífico, ICA, Iberdrola, Grupo Mexicano de Desarrollo, empresas asociadas a Pemex, Grupo Proeza, Mota-Engil México, entre otras.

Continuidad capitalista con las trasnacionales, con la burguesía nacional, sin renacionalización de empresas privatizadas o desmanteladas por gobiernos anteriores, manteniendo la participación privada en empresas estatales, es muestra del respeto de la 4T al orden burgués, mientras celebra las multifunciones del ejército que deben corresponder a empresas e instituciones estatales.
Que el ejército asuma funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como del Instituto Nacional de Migración y aspectos de la Secretaría de Economía, son decisiones de orden económico y de relegitimación institucional, que juegan a favor de limpiar el “rostro” del ejército que en regímenes anteriores sólo se mostraban como fuerza de ataque contra el crimen organizado. Si bien los gobiernos anteriores otorgaban legitimidad a la institución en acciones como el Plan DN3 ,los sucesos de Ayotzinapa y anteriormente las consecuencias de la llamada “Guerra contra el narco” fueron momentos decisivos que generaron una enorme crisis nacional.

En primer lugar, el ejército jugó un papel central en la construcción de infraestructura nacional. De acuerdo con la revista Armas, la Sedena construyó “2,823 Obras de Infraestructura Estratégica” [3], las más trascendentales fueron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, así como el Aeropuerto Internacional de Chetumal, dos hospitales generales en la Ciudad de México. Edificó cinco más, uno en la CDMX, otro en los estados de Puebla, Yucatán, Oaxaca y Guerrero, seis hoteles en la ruta del Tren Maya, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el Tren Maya, construyó los más de 2,749 bancos del Bienestar en el país. Construyó uno más en San Felipe, Baja California y mantuvo las aduanas de los 6 estados de la frontera. Más cientos de instalaciones militares y de la Guardia Nacional y reabrió con gestión y control militares la empresa de aviación mexicana [4], la Sedena tiene el control, administración y gestión del Tren Maya y de Mexicana de Aviación.

En segundo lugar, la Sedena aumentó su poder económico, de 2018 a 2024 se aumentó el 150 % el presupuesto de las Fuerzas Armadas, un 25 % más del 2023 a 2024, en 2023 fue “autorizada a gastar 112 mil millones de pesos (aproximadamente 6.6 mil millones de dólares), pero sus gastos ascendieron a 144 mil millones de pesos, evidenciando un sobregasto significativo del 29%” [5]. Además, la Sedena va a gestionar la operación del Tren Maya y Mexicana (es decir, tiene discrecionalidad por motivos de seguridad nacional) en el ámbito financiero.

En tercer lugar, fue encargado a la Sedena la creación del Tren Maya para implementar la política imperialista de aumentar las facilidades para los megaproyectos y así una nueva reconfiguración del mapa mexicano en el sistema mundial capitalista. Según Ana Esther Ceceña:

El Tren Maya es una pieza de un gran proyecto de transformación territorial de la región Sur-Sureste de México que se extiende desde el Caribe hasta la costa del Pacífico a través del Corredor Transístmico. Se canceló la mayor parte de los sistemas normativos de protección al patrimonio de las naciones facilitando la entrada irrestricta de capital extranjero a la explotación de hidrocarburos y minas; se privatizó (a disposición del capital extranjero también) la tierra. [6]

Este proyecto estratégico de la 4T posibilita un reordenamiento territorial fronterizo en beneficio de las grandes empresas imperialistas, por el cambio en las relaciones económicas, sociales y territoriales al sur del país. Esta tendencia de acumulación productiva que es normal en el norte, ahora busca imponerse en el sur cambiando la lógica anterior de las fronteras en el país.

La obra de infraestructura es clave en el reordenamiento de México y para la región, de algún modo es como decía Rosa Luxemburgo, un proyecto de “acumulación por desposesión” de los territorios mayas del sur con su fuerte cuota de ecocidio y etnocidio, al pretender dinamizar la frontera sur en un nuevo proceso de expansión capitalista con explotación de los recursos naturales, despojo de territorio y bienes comunes de los pueblos originarios. La órbita del capital por desposesión violentamente (en la obra de Luxemburgo el territorio es parte de la nueva acumulación originaria del capital, no sólo de plusvalía vive el capitalismo), por eso la construyó el ejército. Esta política de militarización podría considerase de rasgos etnicidas [7]. Aunque entendemos que hay un debate al interior del marxismo sobre la desposesión en el capitalismo contemporáneo consideramos que es un aspecto a tomar en cuenta para México.

A pesar de que no coincidamos con la Organización de las Naciones Unidas cabe resaltar que mencionó en su informe global del 2023 la situación. Para el Informe Impacto de la militarización en los derechos de los Pueblos Indígenas del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han mostrado su preocupación por el creciente uso de militares para proteger la construcción de grandes obras públicas civiles en territorios indígenas, como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en México, una medida que conlleva el riesgo de militarización de los territorios indígenas y de que se produzcan violaciones de sus derechos humanos. [8]

En el caso de Yucatán de acuerdo con algunos diarios ya hay 350 proyectos, entre ellos bodegas y naves industriales de empresas trasnacionales, lo que representa una inversión de más de 150,000 millones de pesos. Uno de los aspectos favorables para el capital es el bajo costo del precio del suelo: el costo de la tierra de uso industrial en Yucatán puede ser 20 % menor en comparación con el norte. Setenta por ciento de la demanda del proyecto es de origen extranjero, los países más interesados en invertir son: China, España y, por supuesto, Estados Unidos.

Tesis 3: El Corredor interoceánico e Istmo de Tehuantepec plantean un futuro permanente de militarización del sur del país acumulación por desposesión

Una obra de infraestructura clave del nuevo gobierno es la puesta en funcionamiento del Corredor Interoceánico. Fue anunciado en diciembre de 2018, como parte del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, también conocido como el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En 2019 por decreto presidencial y de acuerdo con la revista militar Armas de la Sedena. “Busca unir los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina Cruz, Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario. Incluye a 79 municipios: 46 municipios de Oaxaca y 33 municipios de Veracruz.”

Además, en la instalación del corredor se busca crear Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), zonas delimitadas en donde las empresas podrán invertir con beneficios gubernamentales (incentivos sobre el IVA y el ISR). Se prevé que ahí se instalarán empresas de electrónica, semiconductores, automotriz, autopartes y equipo de transporte, dispositivos médicos, agroindustria, equipo de generación y distribución de energía eléctrica y energética todas ellas evidentemente de capital extranjero imperialista. Mota Engil ya cuenta con licitación ante la Secretaría de Marina (desde noviembre de 2023) para invertir en Podebis en Salina Cruz y Coatzacoalcos. El grupo constructor Urcedic trabajará en el polo de desarrollo de San Juan Evangelista y Proistmo pues ganó la licitación para el polo de desarrollo de Texistepec.

La construcción de este megaproyecto tiene una fuerte resistencia de las comunidades indígenas organizadas al sur del país. Esto ha traído el aumento de la represión y del ataque organizado fundamentalmente desde el Estado. De acuerdo con el informe de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec:

Del 01 de mayo de 2021 al 01 de mayo de 2024, se registraron un total de 72 ataques, en los que se perpetraron, al menos, 226 agresiones diversas en contra de personas defensoras, siendo las más recurrentes: intimidación (30%), hostigamiento (28%), amenazas (10%) y agresiones físicas (7%). Además, se documentaron 3 homicidios en contra de defensores zapotecos: Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023). [9]

Estas agresiones con diversos actores implican al ejército. El proceso de militarización para construir dicho megaproyecto generó un clima de intimidación “y securitización militar generalizado, los despojos de tierras y territorios, la imposición de formas de vida, el cambio de dinámicas económicas y sociales, así como el saqueo de elementos naturales” y según el propio informe, del que reproducimos abajo una gráfica, “el Estado es la categoría con mayor diversidad de agentes perpetradores. Concentrando, así, el mayor número de participaciones en los ataques perpetrados a través de sus 21 subcategorías de ejecutores, con un total de 94 participaciones diversas en los 72 ataques documentados”

Tesis 4. Sembrando vida: binomio planes sociales y militarización

Otro de los programas estrellas de la 4T dirigida por donde el ejército ha jugado un papel importante en cuanto a logística y coordinación es en la implementación de Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar.

La Sedena tenía como principal objetivo construir viveros para reforestar el sur del país. Sembrando Vida inició con un presupuesto de 38 mil 928 millones de pesos y tiene como “objetivo” preservar la biodiversidad. Lejos de ser un plan de beneficios o asistencialista el plan de Sembrando Vida tiene un claro objetivo de contrainsurgencia. Según el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).

Las comunidades indígenas y campesinas en México tienen una amplia tradición de gestión colectiva del territorio, apoyada en la propiedad social de la tierra y en la asamblea como máxima autoridad. El programa Sembrando Vida está socavando intencionalmente estas estructuras que permiten cierto grado de autonomía a las comunidades. Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Sembrando Vida propone la coordinación del programa mediante las denominadas Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), las cuales forman de facto una organización paralela a la asamblea comunal o ejidal, principal autoridad en los territorios. “En sentido contrario a la estrategia de las comunidades mejor organizadas que fortalecen el poder de sus asambleas, las CAC no informan ni rinden cuentas a las asambleas agrarias”. [10]

Otro de los objetivos es socavar y minar militarmente al EZLN y a los pueblos del sur del CNI. Pero más ampliamente está diseñado para destruir el tejido comunitario indígena del sur del país, Sembrando Vida es para colectivos indígenas un plan de largo aliento de destrucción de las comunidades indígenas. Si Floriberto Díaz, intelectual mixe, sostenía que la tierra es central en la comunidad “Aparecen un nuevo vínculo en lo rural que establece la relación dinero con el objetivo de instalar el entramado individualismo-consumismo a través de la monetarización y bancarización de la vida, con los cajeros rurales del Banco Bienestar custodiados por la Guardia Nacional”. [11] La militarización y Sembrando Vida están territorializados en las zonas de mayor organización y comunidades indígenas, es evidente que detrás de la logística, distribución de insumos, monitoreo, supervisión, hay una estrategia de seguridad y control territorial es decir es una estrategia diseñada por la 4T.

Tiene razón Raúl Romero al proponer que el programa tiene fines militares. [12] Es pues un binomio que juega en colectivo: plan social (económico) y militarización con un objetivo: desorganizar a los pueblos del sur del país.

Tesis 5: Economía ilegal, militarización 4 teísta ¿Poderes duales reaccionarios fragmentados?

Cómo plantea el periodista y académico Oswaldo Zavala, la política imperialista es la de crear un enemigo interno en México y Estados Unidos y la idea de “cárteles del narcotráfico” es parte de dicha narrativa con motivos imperialistas e injerencistas por la legitimación de dinámicas de control social, de políticas autoritarias y la justificación de intervenciones militares a nivel nacional y en la frontera. [13] Según Zavala es incorrecto decir “cárteles” pues no existen tales y como se han creado en la imagen colectiva de la cultura, cine, literatura y noticias.

Según Zavala, la forma más correcta de mencionar dicho fenómeno es la de “economía criminal” o “grupos del crimen organizado”. Dichos grupos en diversos lugares pueden tener una clara asociación con el poder político, en momentos pueden entrar en choques o disputas con el poder y en otros casos pueden mantener un control territorial y disputarse entre sí el territorio con grupos rivales. Es una economía ilegal inestable. Como señaló P. Oprinari en 2011, “se muestra en la emergencia de zonas controladas por los cárteles del narcotráfico, donde ejercen un poder paralelo al Estado, mediante el cobro de impuestos de “protección”, actividades de “bienestar y ayuda social” y fuerzas paramilitares que superan a las fuerzas locales y rivalizan con las federales”. [14]

León Trotsky elaboró la teoría del “poder dual” en Historia de la revolución rusa, y podemos decir, con sus ideas y apoyándonos en lo dicho en 2011, en que los “grupos de la economía ilegal”, al mantener un monopolio de la violencia, construyen luego de una base económica un “poder dual”, pero reaccionario: un estado paralelo con su propio ejército, organismos de redistribución, hacienda, inteligencia. En los hechos son un “estado paralelo” en algunos lugares del país. No creemos que sea una situación generalizada pues lo que prima es la vinculación con el poder político estatal, pero en algunos casos puede ser una clave más de compresión del delicado y complejo tablero mexicano.

Esto podría generar que México sea un país fragmentado social, económica, política y militarmente. Una posible muestra de la existencia de poderes duales reaccionarios y la potencia técnica y militar puede mirarse con la imposibilidad del ejército mexicano, luego de un problemático operativo, de imponerse en el llamado “Culiacanazo” con la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa en 2019 conocida por los cronistas como “Batalla de Culiacán”, que aunque los medios de comunicación magnificaron en sus pantallas, es un aspecto importante a considerar.

Como lo señala correctamente David Barrios son “estructuras estatales paralelas; por la vía de los hechos, los grupos criminales lo han logrado” es decir son estado y tienen poder. Pero tienen dos nuevas características. La primera es la diversificación de las actividades ilegales (trata de personas como es el caso de la esclavitud en la Sierra Norte Tarahumara, extorción, cobro de derecho de piso, transporte de mercancías, financiamiento de organizaciones sindicales, control de la biodiversidad, extractivismo minero, capital financiero) y en segundo lugar por su capacidad técnica mayor a los periodos previos:

La militarización de las economías criminales, el acceso a equipos y tecnologías bélicas como drones o la especialización táctica que, por extracción periodística, se sugiere la injerencia de otros cuerpos adiestrados como los gafes o kaibiles, en el caso de Los Zetas, por ejemplo. [15]

Como narró Heriberto Paredes en el caso de los ataques a la comunidad indígena de Ostula en 2024 por estos grupos fue comandado por drones. [16] Estos poderes duales reaccionarios, también son fragmentarios es decir combaten entre ellos mismos, abaten militarmente a las zonas del sur y norte en disputa por el control territorial. En el caso de Ostula son un poco más “25 mil hectáreas, con sus playas, la carretera costera, minerales como hierro, plata y oro, maderas preciosas y el paso a las regiones más escarpadas de Tierra Caliente el escenario de pelea. Sólo entre 2009 y 2018 fueron asesinados 34 comuneros y desaparecidos seis; a la fecha no hay detenidos” tal y como señala Luis Hernández Navarro. [17]

Con “militarización social” David Barrios entiende “las Fuerzas Armadas y a las Policías militarizadas se suman los actores armados de la economía criminal que ejercen soberanías de facto en los márgenes”. [18] Un proceso que empieza en el estado, pero no sólo está en él pues otros poderes duales reaccionarios fragmentarios también imponen la militarización de la vida en las urbes y en el campo y en todo el país. Es decir, es un vínculo territorial que sumergió a todo el país y que tiene representaciones sociales: culturales, musicales, literarias. Con militarización nos referimos por tanto a un fenómeno de violencia de estado y también de los grupos del “crimen organizado” a pesar de que exista reticencia a verlos como algo separado en caso de Ostula (al que volveremos después da algunos elementos). Es muy difícil saber la totalidad de la importancia económica de este sector. Para Luis Hernández Navarro:

Las actividades económicas del crimen organizado representan 10 por ciento del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares. De esta cantidad, 40 o 45 por ciento proviene del tráfico de drogas; entre 30 y 32 por ciento se obtiene del tráfico de personas; casi 20 por ciento de la piratería, y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, y casi dos veces y media de los que trabajan en Walmart. [19]

Otra fuente del Complexity Science Hub en 2022, que publicó la tabla de arriba, en Viena en la revista Science señala que los grupos criminales tienen “175.000 integrantes, más que empresas como Oxxo o Pemex y Sáciense solo superado por FEMSA (embotelladora de Coca Cola), Walmart, Manpower y América Móvil”. [20] Cabe resaltar también que algunos de estos poderes duales reaccionarios han transnacionalizado su actividad a China por medio del capital financiero de lavado de dinero de acuerdo a Estados Unidos y el propio gobierno asiático.

Podemos decir que es pertinente un debate sobre si existen o no poderes duales que se enfrenten al estado, si hay un control desde el mismo, si hay asociación entre el Estado y los grupos del crimen organizado o si hay fragmentación estatal. Lo que sí podemos afirmar es que el caso de los 43 muestra una relación estrecha entre el estado centralizado y los grupos del crimen organizado (desde las policías al ejército) en una cadena de mando perfectamente articulada y en otros casos estos grupos deciden ocupar territorialmente el papel del mismo en disputa con otros grupos o con el gobierno mismo. Este elemento, no menor, desata un debate que no se puede resolver en estas líneas.

Tesis 6: El relato injerencista: narcoestado, fentanilo y la importancia de las fronteras en el sistema mundo

Desde la década de los años 1970, en la época de Richard Nixon, los Estados Unidos han usado la retórica de “guerra contra las drogas” como un mecanismo de subordinación político, militar y diplomático de los países de América Latina. En lugares como Medio Oriente han usado, en otro tono, la política de “lucha contra el terrorismo”. Países como México y Colombia son quienes han aplicado esta política de injerencia imperialista. Todo este discurso se intensificó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y con ello de la “Guerra Fría”. Las motivaciones contrarrevolucionarias de dicha política se vieron desde su accionar en medio de la revolución centroamericana de los años 1970 y 1980.

La última administración demócrata ha insistido en vincular el gobierno de la 4T con la participación del llamado “crimen organizado”. Informes de la DEA en mayo de 2024 buscaron filtrar informes en donde señalan que en México existen laboratorios de fentanilo y vincular económicamente a López Obrador con “cárteles” del narcotráfico en una clara política injerencista -denunciada por López Obrador y ahora por Sheinbaum, sin ruptura con todas sus políticas de colaboración imperialista en temas de seguridad internacional, políticas antiinmigrantes. Aclarar este punto obviamente no nos hace coincidir con la política de unidad a toda costa con el gobierno de AMLO o de Sheinbaum con los que tenemos claras diferencias como socialistas.

El golpeteo permanente del New York Times insistiendo en esta definición —en México según el periódico demócrata hay un “narcoestado”—, buscaba exigir al ex presidente mexicano alinearse políticamente con el socio imperialista del norte. De ahí que, como sostiene esta nota “debemos dudar de quienes digan que en México hay un narco estado” pues existe una clara búsqueda de constituir un relato injerencista [21] Ahora, con el triunfo de Trump y el gobierno de Sheinbaum está planteada una mayor presión hacia políticas de militarización bajo el supuesto del combate a las drogas. Será pertinente mirar el desarrollo de esta política de militarización en el gobierno de Sheinbaum.

Aquí podemos desarrollar una hipótesis sobre la crisis de salud pública del fentanilo en Estados Unidos. En los años 1960 el FBI y la CIA desarrollaron un plan de investigación médico para inundar con psicodélicos las universidades de todo Estados Unidos para liquidar el movimiento estudiantil antiguerra. Ampliamente documentado y desclasificado en la página de la propia CIA. [22] Según Tom Wolfe, escritor de Acid Kool Aid Text, libro clave del movimiento beat y de la contracultura de Estados Unidos “Neal Cassady y Keasey no sabían, pero cuando tomaron LSD lo hicieron en un laboratorio dirigido por el FBI y la CIA” y el propio Kesey (gurú) nunca lo creyó sino hasta el final de su vida. Esta política de “guerra contra las drogas” la implementaron también contra el partido Panteras Negras.

La actual “epidemia” de fentanilo se da en medio de una gran crisis orgánica en Estados Unidos (con la emergencia del movimiento Black Lives Matters y el movimiento estudiantil por Palestina generando más lucha de clases que hoy en el sexenio como en México) y ello favorece por un lado la política injerencista imperialista para México (acusando al gobierno de que aquí se produce) y por otro lado genera un clima de disgregación social en todo Estados Unidos en medio de una crisis orgánica de grandes magnitudes históricas. Lo que quiero decir es que, aunque no podemos demostrar que el propio gobierno desarrolló la crisis de epidemia de consumo de opios, es una realidad social que muestra la decadencia del imperialismo y que favorece al régimen político bipartidista en medio de la lucha de clases.

Un elemento decisivo en la subordinación de México al imperialismo es el destinar a la Guardia Nacional en la tarea de vigilar las fronteras, jugando así el papel de Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Suchiate. Esta política xenófoba y chovinista a causado una grave violación de los derechos humanos y una militarización de la frontera con fines imperialistas. El despliegue de los trabajadores internacionales de Haití, América Central y Sur en el territorio nacional se da en medio de un permanente combate contra la Guardia Nacional. En los hechos una política migratoria de militarización coercitiva: esto ha generado razzias en todo el sur del país. También es el fondo del crimen de Estado en Ciudad Juárez Chihuahua de marzo de 2023 donde decenas de migrantes murieron en un centro del Instituto Nacional de Migración.

Tesis 7: Los 4 tiempos de la militarización: una periodización

De acuerdo con el informe “Militarización de los pueblos indígenas de México, las cicatrices son memoria”, existen 4 momentos de la militarización en México. El primero, el de la “Guerra Sucia”, cuyo objetivo era destruir el movimiento armado que se reivindicaba socialista y estudiantil que comenzó en 1968, “en el marco de una fuerte injerencia del imperialismo estadounidense a la política interior de América Latina, que marcó el ritmo de la política del PRI”. [23] En un segundo momento, la política gubernamental de ataque al alzamiento del EZLN. Un tercer momento que se conoce como la “Guerra contra el narco” en la época de Felipe Calderón —donde se sitúa la desaparición de los 43 normalistas en el gobierno de Peña Nieto— y un cuarto momento con la actual política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con avances históricos de entrega de poder al ejército.

Coincidimos en esta periodización e incluimos que la militarización del país en estos tiempos debe ponerse en el contexto del mercado mundial capitalista: es decir tiene una fuerte tendencia a la reorganización territorial del país para el gran capital y por otro lado muestra una transformación económica, política y militar del país en este nuevo momento del capitalismo. [24]

Tesis 8. Militarización, desplazamiento, desaparición forzada, feminicidio y nuevos crímenes de Estado

En la época del MPJD las cifras que el movimiento hizo públicas fueron: 25 mil desaparecidos, 250 mil desplazados. Hoy en 2024 las cifras son 4 veces más. 100 mil desaparecidos y 400 mil desplazados. Según el censo del propio gobierno en México hay casi 100 mil personas desaparecidas. Para noviembre de 2023 Karla Quintana encargada del censo renunció “por qué había a intención que se tiene con este ejercicio no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas; la intención es el reducir la cifra de personas desaparecidas”. [25]

La Comisión Nacional de Búsqueda entre la opacidad y la crisis de desaparición no ha logrado siquiera tener los datos más exactos de este fenómeno reaccionario. Según informes de algunas ONG el aumento anual de desaparición forzada es de 7 a 6%. Los cinco estados con más desaparecidos en México son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, el 48% de personas desaparecidas del país se concentran en estos cinco estados en la actualidad.

En relación al desplazamiento forzado la relatora de la ONU Cecilia Jimenez-Damary informó que hay por lo menos entre 350 mil a 400 mil personas en condiciones de desplazamiento interno. De acuerdo con el informe "Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades los estados con mayor desplazamiento forzado son Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California y Oaxaca. Uno de los estados más críticos es Chiapas donde el desplazamiento forzado se está desarrollando a territorio guatemalteco.

Según cifras oficiales (detallado en el mapa de arriba) obviamente como en el caso de desaparición forzada todas ellas maquilladas, del 1 de diciembre de 2018 y el mayo de 2024, se ha reportado el hallazgo de 2 mil 863 fosas clandestinas. Colima 308, Guerrero 238, Michoacán 228, Sinaloa 283, Veracruz 344, Tamaulipas 402, Chihuahua 269. El mapa de Segob no menciona la cantidad de personas que se localizan por fosas. La Universidad Iberoamericana, junto a colectivos de víctimas, han realizado un mapa alternativo que cuenta muchas más fosas, pues según su informe “el mapa de Segob no está actualizado y tiene información de menos de la mitad de las entidades federativas. Es decir, solo con datos de 15 de las 32 entidades en México.” [26] En relación al feminicidio hay 10 mujeres asesinadas según el Observatorio Nacional contra el Feminicidio. La Feminista Anti Militarista ha recabado la siguiente información:

Más de 68 mil mujeres han sufrido diferentes tipos de violencia por militares, como la violación, entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos, 38.2%; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego, 3.3%; intentos de violación 1.1% y 0.2%. Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol, 2021) revela que, en las detenciones de mujeres, las instituciones que ejercen mayor violencia son la Marina (86.4%) y la Sedena (77.4%). Además, el 19.4% de las mujeres arrestadas por la Marina y el 11.5% de las que fueron arrestadas por la Sedena sufrió una violación sexual. [27]

Tesis 9: Pasivización y lucha de clases

Como hemos dicho durante el MPJD, han emergido otros nuevos sujetos de lucha en México: colectivos de búsqueda, madres buscadoras, familiares de desaparecidos, etc., que, aunque dispersos tiene relevancia nacional e internacional. De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos hay por lo menos 100 colectivos de búsqueda. Aunque, según cifras de algunas madres buscadoras, hay por lo menos 250 en todo el país. Es decir, el movimiento por la presentación de los desaparecidos creció, pero no tiene la masividad del apoyo democrático de los tiempos anteriores.

El ambiente de violencia y militarización en el país. ¿Tendrá una influencia negativa desde el punto de vista de la subjetividad y la lucha de clases en México? ¿Es decir que además de la subordinación de las direcciones sindicales y organizaciones populares el gobierno, que explica que haya habido baja lucha de clases, así como las aspiraciones de cambio de los sectores populares el fenómeno de militarización habrá beneficiado o afectado la movilización popular en el México de la 4T? Cuando uno mira el mapa no se puede concluir algo definitorio. No existe una relación mecánica. A mi modo de ver si afecta pues el clima de militarización genera un ambiente defensivo, pero no es absoluto.

En primer lugar, miremos el mundo laboral. En el caso de uno de los estados con más índice de desaparición forzada, de desplazamiento interno y con más fosas clandestinas (Tamaulipas) en 2019 (a un año del gobierno de AMLO) estalló el más importante movimiento obrero de la década: el 20-32 con la participación de decenas de fábricas y miles de trabajadores en huelgas salvajes. Otro ejemplo es el caso de Guanajuato donde ha crecido el fenómeno de violencia, pero ha habido politización obrera con la fundación de sindicatos independientes. En ese sentido no es absoluto. Pero si influye poniendo a los movimientos a la defensiva.

En el movimiento indígena si tenemos más que una pasivización un fenómeno de resistencia defensiva. En el caso de la imposición del Tren Maya y el Transístmico surgieron tres espacios amplios de organización la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, la Red de Resistencias Sur Sureste en Defensa de la Vida y el Territorio y el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Decenas de movimiento emergieron contra la puesta en píe del Tren por los militares, pero disgregados. El mejor análisis de estos movimientos puede leerse en el periódico digital Grieta.

En donde es más claro que la militarización juega un papel destructivo de la subjetividad de lucha y con tintes etnocidas es en las comunidades indígenas, según el informe de “Cicatrices de Memoria” los efectos en el sur “ante la libre autodeterminación, a la autonomía, al derecho al territorio y a la creación de sus propias instituciones” han puesto a la defensiva a las comunidades. Este informe explica casos emblemáticos: la comunidad tzetzal de Chiapas donde se impuso un cuartel militar, Taniperla donde las tierras comunales fueron expropiadas por la Sedena y Ostula al que nos referiremos en otra tesis.

Tesis 10: Impunidad, perdón y olvido al ejército

La política del gobierno de mantener la impunidad del ejército de los crímenes de lesa humanidad no comienza con Ayotzinapa, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, es decir la comisión de investigación de la “Guerra Sucia” y creada por decreto en 2021, informó que se comenzaría a indagar en los cuarteles militares para investigar la responsabilidad del ejército.

Esta Comisión gubernamental que anunció tiene como objetivo llegar a la verdad de los sucesos violentos de los años de 1960 y 1970 mostró sus límites durante todo el sexenio de López Obrador. La llamada “Guerra Sucia” fue una estrategia de contrainsurgencia dirigida por el Estado mexicano a las organizaciones armadas, sindicales, campesinas, populares y estudiantiles para liquidar de forma armada la lucha popular en un momento en que el mundo entero estaba enfrentado en un clima de radicalización política (revolución y contrarrevolución). Buscaba un aplastamiento con el apoyo del imperialismo norteamericano y con grupos paramilitares financiados y organizados por la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad y más instancias con Nazar Haro y Gutiérrez Barrios a la cabeza. Esta política genocida causó las masacres de Tlatelolco, la represión y matanza del Halconazo, la desaparición forzada y desaparición forzada de miles de luchadores sociales y civiles, vuelos de la muerte, tortura, ejecuciones extrajudiciales con la participación del ejército.

Como denunció el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, esta Comisión desde su inauguración ya mostraba la deshonra para las víctimas del Estado mexicano, con un lamentable acto inaugural en el Campo Militar No. 1 donde se anunció un plan de trabajo y coordinación conjunta entre esta instancia de la Secretaría de Gobernación y el ejército. En el transcurso de estos años y con la actividad de la Comisión, el entonces presidente López Obrador defendió en todo momento la importancia del ejército argumentando que ellos también tuvieron “bajas” en la “guerra”, una burla a la memoria histórica del país, en la ceremonia de Apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico el presidente ante familiares de personas que fueron víctimas de la “Guerra Sucia” el presidente sostuvo:

Se trata de un acto de esperanza, sin precedentes, para cerrar una etapa oscura, de sufrimiento y represión. Es un primer paso hacia la verdad. Considero que es el tiempo de la reconciliación. Ya se ha avanzado: el que los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia participaran en este acto [del 22 de junio pasado, para la apertura de los archivos militares a la Comisión de la Verdad], el que se abriera el Campo Militar número 1; pero no sólo eso, que se abran todos los archivos, que se inicie una investigación, es un avance importantísimo. [28]

Cuando planteamos que la impunidad es un problema estructural, nos referimos a la consolidación histórica de redes de impunidad familiar, institucional y estatal, más la actuación vigente en el poder de actores clave que aún permanecen impunes o están vinculados económica o políticamente a ellos. En particular, los altos cargos del Estado que ordenaron o permitieron la represión —incluido Luis Echeverría hasta su muerte— han gozado de protección política a lo largo de las décadas. Por ello, los crímenes de lesa humanidad en México constituyen parte del entramado capitalista más profundo que la nada inocente intención explicitada por López Obrador, de preservar intacto el prestigio de las Fuerzas Armadas. Posteriormente el general Luis Crescencio Sandoval mencionó que el presidente les permitió realizar un memorial de los soldados que perdieron la vida:

En cumplimiento de su responsabilidad, para no decir de su deber, reciben órdenes y también perdieron la vida, fueron asesinados. Y el presidente autorizo inscribir los nombres de los militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado, en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como tributo y homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida. [29]

En el informe de agosto de 2023 Abel Barrera, David Fernández, Eugenia Allier y Carlos Pérez Ricart, miembros de la Comisión denunciaron que el ejército no ha mostrado información importante, así como unos vaciamientos de archivos relacionados con la época en particular del CISEN y del Centro Nacional de Inteligencia. Se perpetúa la impunidad no solo en el caso de Ayotzinapa con el espaldarazo de López Obrador al ejército sino también con la investigación de la “Guerra Sucia”. Mientras en la política educativa el gobierno de la 4T sostiene que son herederos de la Independencia, la Reforma, la Revolución y también de la generación de los años 1960 y 1970. La realidad es que este gobierno, aunque abrió comisiones de investigaciones, no cambió en nada la impunidad prevaleciente en los crímenes de Estado en relación por el puntual apoyo del ejecutivo al ejército.

Tesis 11: La complejidad de Ostula

Como siempre habrá casos emblemáticos que concentran las tendencias más generales y uno de esos casos es Ostula. En Michoacán en la comunidad de Ostula la comunidad nahua enfrenta un clima de militarización y violencia sin parangón. La comunidad ha resistido la embestida de grupos armados del “crimen organizado” del llamado CJNG. Este grupo busca la posesión del territorio comunal. En cercanías a dicha comunidad el ejército tiene 4 bases navales de la Marina. La comunidad se organizó y creó su propia guardia comunal.

Entre tres bandos (ejército, el crimen organizado y la comunidad nahua) los primeros dos han abatido a decenas de comuneros y población civil. Con una dinámica que el informe de “Cicatrices de Memoria” detalla cómo “llegan elementos de las fuerzas armadas, causan un revuelo por un periodo de entre dos y cuatro semanas; y luego se retiran; finalmente, llegan miembros del crimen organizado.” La comunidad para continuar con su plantación ha decidido regular la presencia del ejército y se defiende de ataques del CJNG.

El ataque de abril, inicialmente con drones, muestra la crueldad de la situación de forma transparente. A dos fuegos (del poder estatal y de los poderes duales reaccionarios) el territorio concentra la crisis que enfrenta la militarización del país. Por un lado, se trata de la disgregación de la comunidad y la población civil enfrenta estos dos poderes. Por otro lado, ambos bandos buscan el control de siembra de la economía ilegal, puertos y también está en juego la propiedad del capital minero extractivista. Las mineras tienen posesión de 40 mil hectáreas. Tan sólo Ternium dispone de una concesión de 5 mil hectáreas dentro de Ostula. Este escenario complejo muestra la fragmentación del poder que existe en el país en diferentes niveles de la sociedad, donde el Estado formal y sus instituciones no logran imponer un control efectivo y unificado sobre el territorio y la población y los estragos de la emergencia de los poderes duales fragmentarios y de la mayor fuerza del ejército todo ello con la presencia del capital extractivista de origen imperialista.

Reflexiones al cierre

Probablemente el reto teórico más grande en México, además de explicar la hegemonía de la 4T y sus aspiraciones a crear una nueva “empresa” de décadas, será el de la militarización y la violencia. El país ha sido un laboratorio para América Latina, como lo han sido muchos otros países, Colombia y actualmente Ecuador, que comienza a participar de la misma dinámica.

En el país existe una deuda pendiente en la creación de un movimiento lo suficientemente hábil y democrático, audaz como organizado, que luche por imponer la justicia ante los crímenes de lesa humanidad que todos los gobiernos desde los últimos por más de 50 años se han negado a resolver, a la vez que logre cuestionar el proceso de militarización y que logre acompañar a las comunidades que resisten este proceso etnocida particularmente en el sur del país. Es realmente trágico que la actual crisis de desplazados en Chiapas a Guatemala haya incrementado aún más la militarización de la zona con la integración del ejército del país centroamericano, así como la actual situación de indefensión que tienen comunidades como Ostula.

Por otro lado, en México el surgimiento de poderosos movimientos democráticos ha motorizado procesos de politización y despertar nacional. Caminatas contra la Guerra en Ciudad Juárez en 2011, la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia (COMECOM) en 2009, luego del disparo de militares a Darío Álvarez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que encabezó diversas movilizaciones a Ciudad de México y dos Caravanas al norte y al sur del país, a pesar de la dirección reformista de Javier Sicilia, fueron algunos movimientos que enfrentaron y denunciaron la militarización.

El movimiento por los 43 definitivamente fue el más grande despertar nacional de los últimos tiempos en México denunciando “Fue El Estado” y en el país de la 4T es importante insistir en los reclamos del pasado denunciando la tendencia a la militarización del país, la injerencia imperialista, el plan de despojo entinicida en el sur del país, la creciente impunidad en los mandos del ejército esta vez por un gobierno que, aunque tiene un fuerte apoyo popular se reivindica “progresista”. Hoy más que nunca vale recuperar las consignas de “queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares”, “No queremos esta guerra” y “Fue el Estado”. A contracorriente de los tiempos en donde todas las organizaciones sindicales se pliegan al apoyo al nuevo piso de la 4T debemos construir una izquierda independiente, internacionalista que apueste a construir un amplio movimiento democrático y en las calles para defender este proceso de militarización: hoy los múltiples movimientos de desaparecidos y pueblos indígenas en resistencias muestran el camino.