Crear una ley para formalizar las tareas del ejército en la seguridad interior, no disminuye el crimen, legaliza el autoritarismo y atenta contra los derechos humanos.
Martes 5 de diciembre de 2017
No se resuelve de raíz problema alguno con medidas dictatoriales. Esta ley muestra la clase de gobernantes que hay en México (incluido el poder legislativo, por supuesto), para quienes el poder significa el mantenimiento de un orden artificial que les permita seguir enriqueciéndose. Ni más militares, ni más cárceles ni más guerra contra el narco: se requiere educación, justicia, empleo, salud pública, aplicación de la ley, vivienda digna, oportunidades.
Militarizar las calles no es nuevo. Lo hemos padecido ya por muchos años, con las graves consecuencias que acarrea. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Es cierto que el país demanda una estrategia diferente, firme y decidida para combatir al crimen organizado, pero valdría la pena recordar que sacar al ejército a las calles viene desde Fox y se agudizó con Calderón, en cuyo sexenio la presunta lucha contra el narco derivó en un derramamiento de sangre por todo el país, no sólo de narcos y militares, por cierto, sino también de víctimas inocentes por esa estúpida y bárbara cruzada gubernamental. El resultado: ni hubo desmantelamiento de las redes del narco sino aprehensiones espectaculares de algunos capos, que fueron sustituidos, en ocasiones, por otros más cruentos.
La violencia, pues, no se erradicó. Antes bien, escaló de manera más sangrienta. Con Peña Nieto, ni la estrategia ni, por obvias razones, los resultados cambiaron. La violencia sigue siendo un lastre que venimos padeciendo los mexicanos. Muertos, desaparecidos, mujeres violadas, connivencia entre el narco y autoridades de los diferentes niveles de gobierno; impunidad.
La militarización de las ciudades, del país entero, no ha resuelto nada ni lo resolverá, pues el gobierno tiene otras prioridades. Por supuesto que le interesa tener un país en calma y sin guerra, pero al no contar con la voluntad ni disponer adecuadamente de los recursos para hacerlo de manera radical, se conforma con establecer un virtual estado de sitio discrecional.
Es decir, hay dos maneras de mantener la paz: la primera es como ocurre en países donde la distribución del ingreso, la aplicación irrestricta de la ley, el acceso a la educación y salud pública gratuitas y de calidad (aquí sí, sin eufemismos), el orden democrático, la vivienda y el transporte público dignos, entre otros indicadores, se traducen en altos Índices de Desarrollo Humano (IDH).
La violencia, la delincuencia, pues, se combaten sin llegar a la guerra, a los balazos ni a la militarización ni a virtuales estados de sitio, porque no es necesario. No son estados perfectos, no, pero tampoco aberraciones de estado como el nuestro en el que las fuerzas que debieran garantizar nuestra tranquilidad son las encargadas de violentar la ley (como se ha demostrado infinidad de veces), con absoluta impunidad y juzgadas, si acaso, por sus propios tribunales castrenses que, regularmente, encuentran las formas de exonerar a los militares inculpados.
Esto, cuando el caso tuvo resonancia mediática porque habría que estar en los lugares donde despliegan sus labores de ‘inteligencia’ militar, persecución y combate al crimen, para dar cuenta de las múltiples afrentas que sufre la población ante las tácticas y procedimientos militares, que no se caracterizan por la suavidad ni la diplomacia ni el apego a normas legales. Ésta que acabo de describir es la segunda forma de mantener la ´paz´. Violentamente. Sin ir a la raíz. No se hace así por múltiples factores:
Sin ir muy lejos, porque, aunque es costoso el combate que vienen enfrentando, es menos oneroso –desde su muy miope perspectiva- que invertir en salud, vivienda, empleo, educación. Lo que les interesa es mantener sus negocios y canonjías intocables. Además, muchos de los apoyos que reciben para sus campañas vienen, justo, del crimen organizado mediante maniobras que limpian el dinero y lo liberan de cualquier denuncia o sospecha.
El crimen organizado, la violencia, la muerte de cientos de miles de inocentes no ha de resolverse mediante la legalización de un procedimiento que ya viene haciéndose de manera ilegal, porque no hay ni la inteligencia ni el sustento ni la visión que se requieren para hacerlo. Es más fácil sacar a los militares a las calles, violar los derechos humanos. ¿Y los muertos? Que se jodan, al cabo que no son de ellos. Los muertos, siempre, son de la parte más vulnerable de la población. Los pobres.
Además, es claro que darle las atribuciones legales a los militares para actuar y mantener el orden, supone, de entrada -dados sus antecedentes-, otorgarles todo el poder para cometer atropellos contra los movimientos, la organización, la protesta social, el derecho a la manifestación, cuando un simple indicio -a juzgar por ellos mismos- mueva a pensar que se está atentando contra la paz y la estabilidad social.
En esa lógica, gran parte de las conquistas sociales y de las libertades consagradas en la constitución, si bien hasta ahora frecuentemente vulneradas, con la aplicación de la nueva ley se pretende francamente suprimirlas o permitir su ejercicio de manera discrecional, cuando el estatus quo no se altere.
Así de grave. El reloj de la historia retrocederá fatalmente, quedaremos al borde de la dictadura y la calidad ciudadana como tal no será más que un recuerdo. Como siempre, la defensa de los ciudadanos, la debemos promover nosotros mismos, justo en el terreno que nos quieren arrebatar: en las calles.
