En el festín de ladrones con corbata, se generan las notas periodísticas sobre el urgente “rescate de empresas productoras de carbón” pero no de la vida con dignidad del minero.
Jueves 9 de julio de 2020
El conflicto que se vivió hace apenas algunas semanas atrás entre las élites de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la compra venta de carbón que se extrae de las entrañas de la región carbonífera del centro-norte de Coahuila, vuelve a poner en el foco de atención la condición laboral de los mineros que, en este ejercicio de regateo entre agentes ajenos a la extracción del preciado mineral, se presenta cíclicamente cuando los márgenes de ganancias (robo) los “perjudican”.
A grandes rasgos, estos agentes que parasitan en los cuerpos mineros son:
1. Los empresarios, a quienes el gobierno estatal de Coahuila otorga concesiones para la doble explotación humana y ambiental en la extracción del carbón que luego será vendido a empresas paraestatales como AHMSA o la misma CFE; ellos, los empresarios, han amasado grandes fortunas (como Grupo México) que mediante la falta de supervisión y sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la total anuencia de la Secretaría del Trabajo (ST), así como la ausencia de escrúpulos morales, permite la extracción de ingentes toneladas de carbón que serán vendidas a terceros sin que esto represente para la mano de obra una mejora sustancial en sus condiciones de vida.
2. Los gobiernos tanto el estatal como los municipales, que desde que inició la extracción del mineral a finales del siglo XIX, siempre e invariablemente han dado testimonio de su lealtad al sistema que privilegia a los dueños del capital y desfavorecido impunemente las demandas justas de los mineros del carbón.
En efecto, desde el porfiriato, pasando por la revolución mexicana -que mucho debe al carbón extraído de esta región y a sus mineros gracias a los cuales las locomotoras transportaron los ejércitos de campesinos rebelados contra la dictadura-, los gobiernos “pos revolucionarios” y en la actualidad los gobiernos neoliberales, siguen protegiendo a estos mismos explotadores al no exigir de ellos más que parte de las ganancias y el cobro de derechos por la extracción minera y sin supervisar, denunciar ni dar irrestricto seguimiento a todo un corolario de irregularidades en que se labora.
Los obreros de la minería han sido invisibilizados por un gobierno criminal que permite delitos -que terminan en lamentables siniestros- y que van desde la no filiación de los obreros al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta la extracción de carbón de pozos ilegales y sin ninguna medida de seguridad para quienes se adentran en los llamados “pocitos” sin saber si saldrán con vida debido a la total falta de equipos de protección laboral. A esto se suman los deficientes e inadecuados materiales que utilizan para el desprendimiento y posterior traslado a la superficie del material carbónico (práctica llamada coloquialmente “carbón rojo”), que nunca son denunciados por los distintos gobiernos en turno en el estado de Coahuila ni mucho menos obligados a ser corregidos.
3. Del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) solo podemos afirmar una cosa: ha sido comparsa de los intereses oscuros que acompañan la extracción del carbón en Coahuila, comprometiendo de manera directa por complicidad criminal la salud y seguridad de sus agremiados.
Desde los tiempos en que Napoleón Gómez Sada hizo del Sindicato Minero un cacicazgo y negoció con los dueños de minas y gobiernos en turno las demandas y derechos laborales (1934) hasta la llegada de su hijo, Napoleón Gómez Urrutia (“Napito”) en 2002 al frente de este sindicato espurio, el mal logrado SNTMMSSRM ha ejercido una acción criminal al desoír las demandas del gremio al cual dice representar, así como el de traficar con los empresarios y gobiernos en turno canonjías por las cuales desiste de las demandas. Estas demandas que los trabajadores levantan desde las profundidades de las minas, son derechos que están avalados en la Constitución del ´17, sancionados en el Artículo123 y reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, son violados de manera cotidiana, impune y descarada por empresarios de la minería y el total beneplácito del aparato sindical que dice representarlos.
Si como vemos, estos tres actores de primer orden en la compra-venta del carbón tienen además, sojuzgado al movimiento obrero de la minería por medio de las distintas policías del estado (Fuerza Coahuila), resultará un tanto fácil deducir que quien menos importancia tiene y menos peso juega en las negociaciones en el precio por tonelada de carbón lanzada al mercado es precisamente quién lo produce y lo genera: el minero.
Su vida, tanto al interior de la mina como generador de plusvalor, como al exterior de ella -sus relaciones afectivas y sociales-, queda ausente; es invisibilizada de toda negociación sobre el producto de su trabajo robado.
Así, el pillaje no solo se consuma sobre el producto de un trabajo realizado; es también el de una vida, de un ser que tiene nombre, que es parte de un hogar, de una familia y por ello, arrastra necesidades, dolencias y carencias de múltiples dimensiones que el sistema cómplice prefiere, por interés, negar.
Esto ha quedado más que claro en los últimos eventos donde las empresas de participación privada como pública, se autoproclaman como los únicos actores del drama que esconden las minas de la región carbonífera de Coahuila. A ello se suman los medios periodísticos de difusión masiva de Coahuila -como lo son Zócalo y Vanguardia- así como radiofónicos y televisivos -Desayuno de la empresa RCG-, con titulares donde los obreros son tomados como peones al momento del regateo por la calidad, costo y adquisición del carbón.
Marginal y amañadamente se toca el tema de despidos masivos de mineros en empresas saqueadoras de carbón pero nunca se habla de las condiciones en que estos mismos trabajadores son obligados a entrar en las minas o “pocitos” y mucho menos de las nulas prestaciones laborales, los salarios de hambre y ausencia total de derechos humanos.
Sabemos que existe la empresa productora de acero AHMSA, que existe una Comisión Federal de Electricidad así como un Sindicato minero; quizá logremos anclar en nuestra memoria el nombre de algún empresario del ramo prófugo por actos de corrupción en perjuicio del erario público, como el mismo Alonso Ancira Elizondo o, el de algún charro sindical autoproclmado “representante” de los trabajadores de las minas, como lo es el propio Napoleón Gómez Urrutia. Ellos se proclaman “productores de carbón”. Nada más falso: usurpan un trabajo que no hacen, que no conocen ni por las orillas. Eso también es robar, pillar y expoliar.
Así, entre este festín de ladrones con corbata, se generan las notas periodísticas sobre el urgente “rescate de empresas productoras de carbón” pero no de la vida con dignidad del minero. Se culpabiliza a la CFE del quiebre en el desarrollo industrial del norte de Coahuila pero no se visibiliza su relación con empresas fantasma que le venden carbón rojo; y si se hacen estimaciones sobre la relentización en la producción de energía eléctrica local como nacional, nadie habla sobre las condiciones de vida en los barrios donde habitan los trabajadores de las minas.
Diputados y hasta el propio gobernador del estado de Coahuila, urgen a la CFE a dar solución (renovación de contratos con empresas productoras de carbón rojo) pero nunca se menciona la condición real en que los trabajadores de estas minas ejercen su jornada laboral: sobre explotación y cancelación del derecho a la seguridad e higiene en el ejercicio de sus labores. Ellos no tienen personalidad, sus inquietudes “no existen”, permanecen en un perpetuo estado de coma, son mudas, punto muerto para los que negocian con sus vidas y con el producto de su trabajo.
Por lo tanto, habremos de tomar con mucha cautela los contenidos que los medios de difusión, en manos privadas y aliados de los barones del carbón difunden; contenidos noticiosos que solo tocan un aspecto del problema del carbón: su comercialización y dejan de lado y de manera tramposa todo el oscuro y criminal acto de su producción al cual llaman “secreto comercial”. Los trabajadores de las minas, de las metalurgias y de la siderurgia habrán de organizarse para defender su derecho al trabajo, la abrogación del secreto comercial -por que como dijo Trotsky “los obreros no tienen menos derechos que los capitalistas a conocer los secretos de la empresa”-, la dignificación salarial y su participación combativa en la apropiación de minas e industrias generadoras de energía si no quieren perecer como clase social que reivindica su dignidad humana, y termina por descender al terreno propio de los esclavos, de los parias, de los prescindibles.
En el Programa de Transición, León Trotsky nos alerta sobre el cometido principal del movimiento obrero y la manera de allegarlo:
“Los obreros no pueden ni quieren adaptar su nivel de vida a los intereses de los capitalistas aislados, convertidos en víctimas de su propio régimen. La tarea consiste en reconstruir todo el sistema de producción y de distribución sobre principios más racionales y más dignos. Si la abolición del secreto comercial es la condición necesaria de control obrero, este control representa el primer paso en el camino de la dirección socialista de la economía”.
