La Unidad Minera de Cobriza de Doe Run Perú será vendida sin renovar los contratos de sus 1.500 trabajadores, despedidos de facto. Frente a esto, los obreros protestaron y se movilizaron el martes 23 de junio. Fueron detenidos 200 trabajadores en la comisaría del Tambo en Huancayo.
Martes 23 de junio de 2020 20:17
Docientos obreros pertenecientes a la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú fueron detenidos en la comisaría del Tambo en Huancayo en plena emergencia sanitaria. Los obreros sindicalizados se encontraban protestando frente al gobierno regional de Huancayo, pues la empresa liquidadora “Los Carrizales Infraestructura y Servicios Públicos SCLR” pretende vender los activos de la mina Cobriza sin tomar en cuenta a sus trabajadores.
La mina Cobriza estuvo en operaciones hasta diciembre del 2019. Por tres accidentes fatales ocurridos tres meses antes, debido al incumplimiento de las medidas sanitarias necesarias por parte de Doe Run Perú, esta empresa fue suspendida en la realización de sus actividades.
La venta de las acciones de la unidad minera Cobriza, que pretende realizar la actual empresa liquidadora, desconoce los acuerdos de la Junta de Acreedores de Doe Run en liquidación, que proponían mantener los puestos de trabajo de sus obreros, figura denominada “Liquidación en marcha”. De esa manera, se desconoce los acuerdos en materia laboral a los que los obreros han llegado luego de negociar por años, y simplemente se dilapida el patrimonio para vender rápidamente la mina de Cobriza, y sin tener garantía alguna del pago a sus créditos laborales según manifiesta el obrero Enrique Liñán.
El procedimiento de la subasta de los activos de una empresa declarada en quiebra, a cargo de las empresas liquidadoras, conforme señala la Ley General del Procedimiento Concursal 27809, permite que las empresas liquidadoras paguen los créditos adeudados a los acreedores de la empresa “hasta donde alcanzare” (artículo 88). Si la empresa vende estos activos a un menor precio, es evidente que dicho monto no cubrirá todas las deudas de sus principales acreedores: sus trabajadores, y sus cotizaciones en la seguridad social del sistema privado y público de pensiones (AFP, ONP).
Libertad para los obreros que luchan y que las empresas que se declaren en quiebra pasen a estar bajo control de sus trabajadores
El Decreto Supremo que prolonga el Estado de Emergencia hasta finales del 30 de junio no establece una disposición penal concreta respecto a las manifestaciones que logran darse de forma espontánea frente a la arbitrariedad y maltrato de los empleadores pertenecientes a la gran industria, motivo por el cual la detención de los 200 obreros de la mina Cobriza de Doe Run Perú es una arbitrariedad represiva.
Según la normatividad legal creada a raíz del estado de emergencia y la cuarentena, el delito de violación a las medidas sanitarias - contemplado en el artículo 292 del Código Penal – es un delito doloso cuya aplicación se debe circunscribir a la vulneración del toque de queda, establecido desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m. Como es de conocimiento público, los trabajadores detenidos no vulneraron el toque de queda ni algo parecido, sino más bien, fueron detenidos en horas de la mañana del día martes 23 de junio, cuando, junto a otros trabajadores de diferentes sectores realizaban una protesta pública en la ciudad de Huancayo.
No tener en cuenta esto, hace que esta detención termine siendo un hecho tan absurdo como detener a los vendedores ambulantes y a los pensionistas que hacen largas colas por horas en los bancos. Cabe además tener en cuenta que el estado de emergencia no puede suspender de forma absoluta derechos humanos fundamentales, como el derecho al ejercicio de la huelga y el derecho a la protesta, especialmente si estos son de índole laboral.
Por ello, denunciamos el atropello cometido contra los obreros de la Unidad Minera Cobriza y exigimos su inmediata liberación. Denunciamos también el carácter eminentemente anti-sindical de los procedimientos concursales realizados en el sector minero, y la complicidad política del Ministerio de Energía y Minas que reproduce la política pro empresarial del presidente Martin Vizcarra.
Así mismo, dejamos en claro que, si empresas privadas como Doe Run Perú u otras, del rubro que fueren, en este periodo de crisis se declaran en quiebra, estas deberían pasar a estar bajo el control de sus trabajadores y no entregadas a otros burgueses para que sigan explotándolas en desmedro de sus obreros, como vemos en este caso. Solo de esa manera podremos asegurar que las actividades productivas de estas empresas no solo beneficien a sus trabajadores, sino que también estén al servicio de los intereses y necesidades del pueblo en su conjunto.
